El Estatuto de Roma, aprobado en julio de 1998, abrió camino a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002. Desde entonces, ese tribunal radicado en La Haya, Holanda, ha emitido 12 órdenes de arresto, todas ellas contra africanos.
Que el órgano judicial se haya concentrado en África le granjeó críticas de quienes creen que sólo apunta contra países marginados.
Estas críticas aumentaron en marzo, tras la orden de arresto librada contra un jefe de Estado en funciones: Omar Al-Bashir, de Sudán, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad entre los que figuran asesinatos, violaciones y tortura perpetrados en la occidental región de Darfur.
Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), que promovió la creación de la CPI en los años 90, dialogó con IPS sobre la realidad que hay detrás del tribunal y sobre el cambio de paisaje que originó la acusación contra Al-Bashir.
IPS: A pesar de las críticas contra la CPI, usted afirma que su existencia es importante para África. ¿Por qué?
RICHARD DICKER: Algunas de las críticas constituyen un esfuerzo por desviar la atención de los enormes crímenes y del esfuerzo por llevar a los responsables ante la justicia.
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Es tiempo de hacer justicia ante la matanza masiva de civiles, el uso de la violación y de la intimidación como armas de guerra, del desplazamiento forzoso de poblaciones enteras por su condición étnica o racial.
La Corte intenta hacer eso y de honrar a las víctimas africanas. Pretende llevar justicia a las víctimas de horripilantes crímenes, y no la habría de no ser por la CPI.
IPS: Usted fue uno de quienes defendieron la creación de la CPI aunque ya existía la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya.
RD: Ambos son tribunales muy diferentes, que tratan con leyes y asuntos diversos. La Corte Internacional de Justicia cubre disputas por cuestiones limítrofes, por el derecho a la pesca, por la confiscación de bienes de un Estado por parte de otro. Todo eso que podría llamarse derecho civil entre estados.
La CPI trabaja sobre la responsabilidad individual por los delitos más serios: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. De ahí que la CPI no esté duplicando la importante tarea de la Corte Internacional de Justicia.
Dada la impunidad asociada a esa clase de delitos en la última parte del siglo XX, era necesario un tribunal permanente que abordara estos casos cuando una autoridad nacional era incapaz de hacerlo.
IPS: Desde su creación en 2002, ¿usted cree que la CPI cumplió su mandato?
RD: La CPI hizo muchos avances. Han pasado sólo seis años desde que se creó, desde la designación de sus miembros y el fiscal, desde que se comenzó a formar un equipo. En ese periodo, el fiscal abrió investigaciones en cuatro países, la Corte emitió 12 órdenes de arresto, y el fiscal considera iniciar investigaciones en otros países como Colombia, Afganistán, Georgia, Kenia y uno o dos más.
El tribunal tuvo mucha actividad, usó mucha energía. Los testigos se han presentado sintiéndose confiados en que serán protegidos por la CPI. Hubo víctimas que se presentaron para participar, no simplemente como testigos sino como participantes reales. Pienso que la Corte ha logrado muchas cosas positivas.
Al mismo tiempo, en HRW vemos algunas deficiencias en el trabajo de la Corte.
IPS: La CPI emitió su primera orden de detención contra un jefe de Estado en funciones. ¿Qué desafíos afronta ahora, cuando parece que Al-Bashir cuenta con el apoyo de los países africanos?
RD: Seamos claros: esta orden transformó el paisaje. Suscitó mucha atención y muchas críticas, la mayoría de las cuales, creo, carecen de principios y están guiadas por intereses personales. Pero, por cierto, desató una controversia tormentosa en torno de la CPI.
Eso me recuerda a la controversia que existió en Estados Unidos cuando en 2003-2004 el gobierno de (George W.) Bush (2001-2009) intentó impedir que la Corte despegara.
En otras palabras, la Corte está bajo ataque de algunos estados árabes y árabes en particular, que no son parte del Estatuto de Roma, que funcionan como portavoces de Al-Bashir y que distorsionaron con su propaganda la imagen real de la Corte. En última instancia, aunque el ataque es serio, fracasará.
IPS: ¿Pueden los mismos principios que condujeron a la acusación contra Al-Bashir usarse frente a gobiernos y personas de mucho poder, como el ex presidente Bush?
RD: En los últimos cinco años HRW ha presionado incansablemente por la creación en Estados Unidos de una comisión independiente que investigue las acusaciones de tortura por las cuales Bush y otros pueden ser hallados responsables.
Es preciso que las autoridades estadounidenses investiguen y, si la evidencia muestra que deberían presentarse acusaciones penales, nos gustaría que al menos haya una oportunidad para que las procesen los tribunales de ese país.
No estoy diciendo que Bush sea responsable porque no tengo todas las evidencias, pero debe haber una investigación. Y si la investigación demuestra que hay una base para acusarlo, y si los tribunales en Estados Unidos no procesan ese juicio, entonces deberemos mirar más allá de Estados Unidos.
Pero Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, así que no hay una base jurisdiccional para que la CPI tenga autoridad sobre un ex presidente o funcionario de ese país.
Esto muestra la desigualdad que existe en el paisaje de la justicia internacional, una realidad que no quiero negar ni encubrir. El hecho es que los líderes de esos poderosos gobiernos están mejor aislados y protegidos del alcance de la justicia internacional.
Esto es vergonzoso. Debemos trabajar para minimizar esa disparidad, para que si los tribunales de los países más poderosos, como Estados Unidos y la Federación Rusa, no investigan las acusaciones sobre crímenes masivos, sus funcionarios también estén sujetos a investigaciones y juicios en la CPI.
Todavía no llegamos a ese punto. Tenemos maneras de hacerlo, pero ésa es la dirección en que se ha movido todo este proceso, para llevar justicia y tener legitimidad.
IPS: Se dice que la CPI solo toma por objetivo a gobiernos débiles y marginados en África. ¿A usted le preocupa que esta percepción pueda socavar el apoyo al tribunal en ese continente?
RD: Por supuesto que me preocupa. Pienso que ésa es una percepción dañina. Y todavía más dañina porque este tribunal fue creado con la participación activa y vigorosa de estados africanos, latinoamericanos, europeos y algunos de Asia.
Es bastante grave que esa unidad se fracture por acusaciones distorsionadas. El motor que conduce esto es accionado por el gobierno de Sudán y por otros gobiernos con motivos y orientaciones similares, que le temen a la justicia internacional y que harán cualquier cosa para frenarla. Pienso que esto acabará, pero el asunto es serio y no debería tomarse a la ligera.
