El gobierno de México, algunos legisladores y organizaciones de derechos humanos coinciden en que debe revisarse la vetusta y privativa justicia militar penal, acusada de amparar violaciones a garantías de los civiles y dejar delitos impunes. Pero sólo los activistas parecen actuar en consecuencia.
"Percibimos que de aquí a 2010 y hasta 2012 no habrá viabilidad política" para reformar o terminar con la justicia militar, dijo a IPS Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), grupo que da un seguimiento estricto al tema.
"Pero a pesar del viento en contra no hemos bajado ni bajaremos los brazos", señaló Aguirre.
El Prodh y otras siete organizaciones no gubernamentales desarrollan desde 2006 una estrategia global que comprende la impugnación de la justicia militar mexicana en foros internacionales, especialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos.
Se prevé que antes de finalizar este año, esa Comisión emita resoluciones sobre tres denuncias de civiles mexicanos víctimas de abusos castrenses, que fueron ignoradas por la justicia militar.
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Se trata del caso de una persona desaparecida en los años 70 en el marco de la represión política, la presunta violación de una indígena por soldados y las torturas que habrían sido infringidas por militares a dos campesinos y activistas a favor del ambiente.
A nivel interno, los activistas reclaman a legisladores cambios a las normas en la justicia militar. Su argumento es que la reforma penal, en vigencia desde 2008 y que ordena modificar todo el sistema de impartición de justicia hacia uno de carácter oral, con juicios abiertos y fiscales que ya no dependan del Poder Ejecutivo, debe incluir al castrense.
Otra pista en la que se mueven es en la Corte Suprema de Justicia, donde presentarán varios casos que fueron juzgados en tribunales militares, pero que a su entender emitieron resoluciones contrarias a principios constitucionales.
Según el Código de Justicia Militar de 1933, este régimen especial avalado por la Constitución actúa cuando los delitos "a la disciplina militar" —término genérico en el que los jueces incluyen desde la insubordinación hasta una violación sexual— son cometidos por personal castrense activo y durante el desempeño de sus funciones.
Si los delitos son perpetrados en complicidad con civiles, los acusados uniformados pasan de forma automática a la justicia ordinaria.
De 2006 a 2008, las quejas ciudadanas que recibió la estatal pero independiente Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra militares por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y otros abusos se dispararon de 182 a 1.230 anualmente.
En la actualidad hay más de 30.000 militares desplegados en diversos puntos de México con la misión de combatir contra el narcotráfico. Se trata del mayor número asignado para tales tareas desde mediados de los años 90, cuando las autoridades empezaron a involucrar a soldados en acciones que se consideran policiales.
Un amplio informe del Prodh publicado en enero indica que en los dos últimos años un promedio de menos de uno de cada 10 soldados acusados de cometer delitos contra civiles fueron presentados antes los jueces militares, dejando al resto impunes.
El estudio del Prodh titulado "¿Comandante Supremo, la ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón", señala que entre 2006 y 2008 murieron 28 personas por "presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares".
"Las experiencias documentadas por las organizaciones mexicanas en las que la Procuraduría de Justicia Militar asume la competencia sobre una supuesta violación a los derechos humanos arrojan un saldo nulo en cuanto al acceso a la justicia por parte de las víctimas", se señala en el documento.
"La aplicación de la jurisdicción castrense para los casos de derechos humanos se debe, particularmente, a que el texto del Código de Justicia Militar mexicano transgrede otros bienes jurídicos más allá de la disciplina militar", se apunta.
"Así, esta legislación permite que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál, sea el bien jurídico afectado, sea juzgado por los tribunales castrenses", añade.
El polémico fuero militar penal, que persiste desde hace 76 años, está integrado por jueces, fiscales y cárceles que dependen en jerarquía del secretario (ministro) de Defensa y del presidente de México. Los códigos que lo regulan contemplan castigos que son mucho menores que los estipulados en los civiles.
Las organizaciones que impugnan la justicia militar son el Prodh, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el 20 de marzo, estos ocho grupos demandaron que esa instancia pida al Estado mexicanos realizar una reforma urgente del Código de Justicia Militar para impedir su aplicación en casos de violaciones de derechos humanos.
"Lo que pedimos es que la Comisión por lo menos se declare preocupada por la existencia de la justicia militar en México y advierta que se mantendrá atenta a los cambios legislativos en la materia", expresó el abogado del Prodh.
Partiendo de la idea de que en el presente resulta muy difícil concertar entre las fuerzas políticas locales una reforma al artículo 13 de la Constitución, que indica que subsistirá "el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar", los ocho grupos humanitarios promueven cambios puntuales al código militar.
La meta es que en esas normas de menor rango se introduzcan textos que ordenen que todo delito en materia de derechos humanos deba ser conocido por la justicia ordinaria.
Otro objetivo es precisar cuáles son las faltas castrenses. Los activistas sostienen que deberían ser aquellas que pueden ser cometidas sólo por militares en cumplimiento de sus funciones, como traición a la patria, conspiración, espionaje, deserción o desobediencia, entre otras. Así, violaciones sexuales, asesinatos, robos y otros quedarían fuera de su jurisdicción.
Mientras trabajan en ese frente, en el que coinciden con legisladores que presentaron iniciativas hasta ahora sin éxito de reformas al Código Militar, los activistas también elaboran pedidos para que la Corte Suprema de Justicia revise la constitucionalidad de algunos fallos de las cortes castrenses.
El propósito es que el máximo tribunal del país emita recomendaciones de cambios legales.
En el programa de Derechos Humanos 2008-2012, emitido por el gobierno de Calderón en agosto, se ordena a la Secretarías de Defensa y Marina "impulsar reformas en materia de procuración e impartición de la justicia militar acordes con los compromisos internacionales adoptados en materia de derechos humanos" por el Estado mexicano.
También dispone que esas secretarías, así como la del Interior y Seguridad, deben "diseñar, establecer, homologar y consolidar directrices en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza con pleno respeto a los derechos humanos".
En la audiencia del 20 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el representante del Estado mexicano, Anibal Trujillo, indicó que la justicia militar será modificada en el marco de la reforma penal global en vigencia desde 2008.
Previamente, en febrero, otros representantes oficiales de México que se presentaron en Ginebra al llamado Examen Periódico Universal, instancia que funciona en la órbita del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, prometieron que el sistema de procuración de justicia militar será revisado.
"El fuero militar no cumple con los estándares internacionales, pero no sabemos cuándo será reformado, pues ni el gobierno ni los legisladores demuestran interés real en discutir el tema. Por ahora lo que único que tenemos son promesas", lamentó el abogado del Prodh.
