Autoridades policiales, fiscales y académicos de 13 países celebraron en esta capital la Quinta Convención Anti Pandillas para debatir cómo combatir a esos grupos acusados de diversas actividades criminales. El fallido enfoque represivo se mantiene, dijeron especialistas y activistas.
La reunión, bajo el lema "Abordaje integral, compromiso de todos", se celebró entre el martes y este jueves con participantes de Argentina, Canadá, Costa Rica, Colombia, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, España, Guatemala, Honduras, Italia, México y Puerto Rico.
El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, José Luis Tobar, dijo que es "necesario la participación de entidades homólogas de otros países" para intercambiar información sobre las pandillas que afectan a toda América Central y a los países norteamericanos, al inaugurar la convención en un hotel de playa, a unos 80 kilómetros al occidente de San Salvador.
Tobar señaló que el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), creado en octubre de 2007 en El Salvador con apoyo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, busca "desmantelar" a esos grupos que han mutado hasta convertirse en parte del crimen organizado.
Kenneth Kaiser, director asistente de la división de investigación penal del FBI, manifestó que el CAT ha realizado un "buen trabajo", si bien la solución será de "largo plazo", y aseguró que este esfuerzo será replicado en Honduras y Guatemala.
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Kaiser sostuvo que las pandillas interactúan con el narcotráfico en la frontera de su país y México pero advirtió que no podía aseverar si sucedía lo mismo en la región centroamericana.
Para el sacerdote católico Antonio Rodríguez, estas estrategias de combate a las pandillas, lejos de detener la criminalidad, han disparado sus índices.
Como resultado de estas convenciones, que "son más de los mismo", sólo se ha "generado control y represión" de los jóvenes, dijo a IPS Rodríguez, director del Centro de Formación y Orientación (CFO), que trabaja en programas sociales juveniles en Mejicanos, uno de los lugares más afectados por las pandillas en las afueras de la capital.
Según el párroco, representante de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), una "evaluación de los últimos 20 años" demostró que 64.830 salvadoreños fueron asesinados entre enero de 1992 y marzo de este año.
El Salvador vivió una guerra civil (1980-1992) que dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, la mayoría civiles, y que terminó con la firma de la paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y el izquierdista y guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Según el Instituto de Medicina Legal, al menos 19.737 personas fueron asesinadas entre enero de 2003 y diciembre de 2008, lo que configura una proporción de 55 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina y el mundo.
Esas fechas coinciden con el periodo del gobierno de Antonio Saca de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que desde agosto de 2004 implementó la política de Súper Manodura contra las "maras" o pandillas.
Saca llegó al gobierno en junio de 2004 y terminará su gestión el 31 de mayo de este año. Según la policía, la Manodura permitió poner tras las rejas a unos 5.000 pandilleros, incluyendo a 95 por ciento de sus líderes, si bien esos grupos siguen delinquiendo.
La jueza Aída de Escobar dijo a IPS que cinco convenciones contra las pandillas "no han dado resultados" concretos para detener la ola de violencia.
En estas reuniones sólo se señalan a las pandillas como responsables de la mayoría de los delitos y se omite la cuestión del crimen organizado, lo que permite que los cabecillas de las mafias estén "libres", afirmó.
Las investigaciones deben de llegar hasta "los autores intelectuales", subrayó De Escobar, miembro del equipo de gobierno del presidente electo Mauricio Funes, del FMLN, que será investido el 1 de junio.
En El Salvador actúan principalmente la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 (P18), que se originaron en la década de 1980, producto de la diáspora salvadoreña dispersa en varias ciudades de Estados Unidos.
Una vez terminado el conflicto armado, muchos de sus miembros fueron deportados a su país, donde formaron sus "filiales" y en los últimos años se propagaron a Honduras, Guatemala y algunas regiones de México.
Las autoridades salvadoreñas estiman que en América Central existen entre 60.000 y 120.000 pandilleros, pero expertos consideran esa cifra demasiado elevada.
Héctor Sánchez, sociólogo y comisario de la policía de Honduras, cree que la "política criminal va mucho más allá" de las estrategias de Manodura, y se debe prevenir, rehabilitar y reinsertar a los jóvenes, como forma de afrontar la problemática de manera integral.
Las pandillas "surgieron como tribu urbana", pero el "caldo de cultivo" de las sociedades centroamericanas, como la "marginación, falta de oportunidades y los hogares monoparentales", ayudó a que "presenten estas manifestaciones", reconoció Sánchez, autor del libro "Maras, pandillas y desviación social".
Un pronunciamiento de la CCPVJ exhorta a Funes y a los gobiernos del resto de la región a realizar un "cambio de enfoque en el abordaje de la violencia", que privilegie la "prevención, la rehabilitación y la reinserción", elevando la inversión pública en esos rubros.
El futuro gobierno debe ejecutar una "renovación total de las instancias responsables de la seguridad ciudadana" que permita "integrar a toda la sociedad a un gran diálogo nacional", concluyó Rodríguez.
