Con ocupaciones de haciendas y edificios estatales, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) comenzó el llamado «abril rojo» en reclamo de una mayor aceleración de la reforma agraria en curso y en conmemoración de la masacre de Eldorado de Carajás.
La movilización comenzó en el nordestino Pernambuco con la ocupación el lunes de unas 200 familias de un ingenio de caña de azúcar en la localidad de São Lorenco da Mata, a 31 kilómetros de la capital estadual, Recife.
"Por ahora estamos acampando, pero más adelante vamos a discutir la sustitución de los cañaverales por nuestros cultivos", anticipó el coordinador del campamento del MST, Cícero Oliveira.
El ingenio, según el MST, es parte de un complejo azucarero de la Usina Tiuma, del grupo empresarial Votorantim, cuyas instalaciones están desactivadas desde la década del 90 y han sido sucesivamente ocupadas por los campesinos.
En Salvador, capital del vecino estado de Bahia, un millar de manifestantes ocuparon por su parte la sede de la Secretaría de Agricultura, en lo que la dirección del movimiento en la región calificó como una "Jornada Nacional de Luchas por la Reforma Agraria".
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Estas tradicionales protestas anuales emprendidas por el MSP, que este año durarán hasta el día 17, se identifican como "abril rojo" en alusión al mes en que se convocan y al color de los distintivos del movimiento de campesinos sin tierra.
Según Marina dos Santos, de la Coordinación Nacional del MST, la movilización busca llamar la atención sobre la cuestión de la reforma agraria, la concentración de tierras y la política agrícola implementada por el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva desde su asunción en enero de 2003.
Una política, según dijo la líder campesina a IPS, que "prioriza la agricultura intensiva para la exportación en detrimento de la producción de alimentos, del mercado interno, del desarrollo del medio rural de forma sostenible para el medio ambiente, y para la población del campo".
Según el MST, la reforma agraria generaría, además de soluciones específicas para el campo, beneficios a nivel nacional para combatir la crisis económica mundial de forma "popular". Estiman que crea 10 veces más empleos que el llamado agronegocio, y además con menos inversión de parte del gobierno.
Esos mismos cálculos establecen que cada familia asentada en tierras antes improductivas generará tres empleos directos a un costo de menos de 15.000 dólares.
"La creación de fuentes laborales es más barata que en la industria, que cuesta unos 40.000 dólares, y el comercio, que rondaría los 30.000", detalló. "Es decir que es la inversión más barata para generar empleo, además de puestos para terceros y en las pequeñas agroindustrias", sintetizó la dirigente del MST.
En conferencia de prensa realizada en São Paulo con corresponsales extranjeros, el integrante de la dirección nacional del MST, Joao Pedro Stédile, hizo un balance del proceso de expropiación y entrega de tierras de parte del gobierno.
Recordó que, según el Plan Nacional de Reforma Agraria lanzado en 2003 por Lula, la previsión era asentar en tierras productivas 550.000 familias entre ese año y 2007.
No obstante, según estudios de la Universidad Estadual Paulista, sólo 163.000 familias fueron ubicadas, con lo cual se habría cumplido apenas 29,6 por ciento de la meta.
Con relación a la regularización de las haciendas, el objetivo era resolver la situación de 500.000 familias de ocupantes, pero apenas 113.000 recibieron el título, es decir 22,6 por ciento, evaluó el líder del MST.
Además de estos incumplimientos, la organización campesina denuncia que continúan la violencia y la impunidad en el campo brasileño.
Datos todavía parciales de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de la Iglesia Católica, registran 23 asesinatos sólo en 2008, mientras que contabilizó 1.117 conflictos agrarios entre 1985 y 2007, con la muerte de 1.493 trabajadores.
De ese total de conflictos, la CTP indica que apenas 85 fueron juzgados hasta hoy, con 71 condenados por cargos de asesinato. En tanto que 19 autores intelectuales de esos crímenes fueron sentenciados de 49 acusados, aunque ninguno está tras las rejas.
El caso más emblemático es el de la masacre policial de Eldorado de Carajás, cometida el 17 de abril de 1996 en esa localidad del norteño estado de Pará contra 19 campesinos que marchaban pacíficamente por una carretera.
En 2002, el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) estableció esa fecha como el Día Nacional de Lucha por la Reforma Agraria, pero pasados 13 años de la masacre, según destacó el MST, todavía están libres los 155 policías involucrados en el caso.
Entre los 144 incriminados en el caso, sólo dos fueron condenados después de tres juicios, el coronel Mario Collares Pantoja y el mayor José María Pereira de Oliveira. Ambos esperan en libertad el desarrollo del recurso de la sentencia que está sujeta a evaluación de una ministra del Superior Tribunal de Justicia.
"Después de 13 años de una masacre con repercusión internacional el país todavía no resolvió los problemas de los pobres del campo, que continúan siendo blanco de violencia de los hacendados y de la impunidad", destacó Dos Santos
Esta semana, el MST anunció además de marchas y debates, que también montará dos campamentos en el estado de Pará, para exigir la condenación de los responsables de la masacre, y el apoyo a las familias sobrevivientes.
"Estamos movilizados para denunciar que después de tanto tiempo de masacre, nadie fue preso y que las familias no fueron indemnizadas", explicó Ulisses Manacas, integrante de la coordinación del MST, quien pide un nuevo juicio.
Además, el MST exigió una reforma agraria "que acabe con la violencia contra los trabajadores rurales". "Pasaremos el año movilizando cuanto sea necesario, anticipó dos Santos.
Actualmente hay más de 100.000 familias acampadas y 370.000 familias asentadas del MST, en 23 estados y en el Distrito Federal.
Pero según la organización campesina, la concentración de tierras aumentó durante el gobierno de Lula. En 1992 había 19.077 latifundios con más de 2.000 hectáreas, según datos del MST, que sumaban 121 millones de hectáreas.
En 2003, la cantidad de esas propiedades aumentó a 32.000 y el área total suma 132 millones de hectáreas.
El MST exige tierras para 100.000 familias acampadas e inversiones públicas en los asentamientos como crédito para la producción, habitación rural, educación y salud. "Tenemos familias acampadas hace más de cinco años, viviendo en situación bastante difícil a la orilla de los caminos y en tierras ocupadas, que son víctimas de la violencia del latifundio y del agronegocio", recordó dos Santos.
En ese sentido, las ocupaciones del MST buscan denunciar la existencia de latifundios que no cumplen la función social prevista en el artículo 184 de la Constitución, que "deberían ser ocupadas para la reforma agraria".
Pero los datos oficiales contrastan con los de la organización campesina. El Instituto de Colonización y Reforma Agraria sostiene que desde 2003 se han entregado tierras a 520.000 familias, lo cual representa un total de 43 millones de hectáreas.
