Después de 26 años de casada, con tres hijos y sin penurias económicas, Dora entendió que seguir viviendo con su marido era «elegir la muerte». «Tenía que encerrarme de noche en el cuarto de mi hija por miedo a que me pegara con el bate de béisbol mientras dormía», cuenta a IPS.
Al comienzo el maltrato era verbal y tan sutil que ella ni siquiera advertía que estaba siendo objeto de violencia psíquica. Mientras él crecía económicamente, ella debía ocuparse de la casa y de la crianza de los hijos. "Cuestionaba mi deseo de estudiar, mis sueños, criticaba a mi familia, a mis amigos, me aislaba de todos", recuerda.
Según datos difundidos por la directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca Grynspan, entre 30 y 45 por ciento de mujeres en la región sufren diversas formas de violencia física, sexual o psicológica.
El costo de esa violencia en América Latina y el Caribe equivale a dos por ciento del producto interno bruto (PIB), estimó la funcionaria.
Y es que más allá de la evidente violación de sus derechos, esta forma de violencia soterrada que padecen las mujeres latinoamericanas, cono la argentina Dora, representa una carga para las cuentas nacionales de todos los países.
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EL IMPACTO EN LAS CUENTAS NACIONALES
Ana Falú, directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) en Brasil y el Cono Sur, explicó a IPS que los costos aún deben ser calculados más ajustadamente, pero sin duda el impacto existe en las distintas áreas.
Ese costo se registra en el sistema judicial penal, en policía especializada, en la manutención de refugios y hogares, en atención médica, servicios sociales de orientación, educación, prevención. Las organizaciones de mujeres reclaman que este impacto se haga más visible para mostrar que la violencia machista la pagan todos.
"Hablamos de costos por procedimientos judiciales derivados de casos de violencia denunciados, por la demanda de servicios de salud para las mujeres agredidas, y por el impacto laboral, porque se pierden días de trabajo y empleos", confirmó Falú.
Sin embargo, lo importante es que por la violencia contra la mujer "toda la sociedad pierde recursos y capacidades que deberían estar al servicio del desarrollo", remarcó, sin contar los "costos intangibles" a futuro, por los niños y adolescentes que se crían en hogares donde la furia machista es la norma.
Estos argumentos forman parte de las razones por las que las Naciones Unidas decidieron que este año la consigna para la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, fuera la de "hombres y mujeres unidos contra la violencia hacia las mujeres y las niñas".
EL EJEMPLO DE DORA
Dora tiene 47 años y hace apenas dos que se fue de su casa. Lo primero que hizo fue acudir al servicio telefónico de ayuda del Estado. Recuerda haber llorado durante una hora sin poder hablar. Solo escuchaba a la profesional que la contuvo en la urgencia, cuando no tenía palabras.
De ahí fue derivada a un tratamiento grupal con otras mujeres que soportaban una situación similar y a una terapia individual. Una vez que advirtió que su vida corría peligro junto a su esposo recibió patrocinio jurídico y acceso a la justicia. Esos servicios, de mejor o peor calidad según países y distritos, los brinda el Estado.
"Lo que me decidió a llamar fue ver que mi hijo de 17 años ya tenía también arranques muy violentos, y eso es lo peor , ver cómo tus hijos aprenden esa misma conducta. Mi hijo me insultaba y el padre en lugar de retarlo se reía", relata esta mujer, que a pesar de todo pudo empezar "una nueva vida", asegura.
"En el grupo hay mujeres de todos los sectores sociales, incluso hay psicólogas y abogadas", se sorprendió ella al integrarse. "Muchas dicen que se quedan en casa por los hijos pero para ellos es peor. Mi hija de 12 años me ayudó a hacer la valija cuando me fui porque ella veía cuando el padre me perseguía con el bate de béisbol".
Cuando Dora se fue de su casa, su pareja pretendía que sólo se llevara lo puesto. "Me decía que todo lo que teníamos lo había pagado él". Dora logró estudiar. Justamente la violencia de su esposo, dice, pasó de verbal a física cuando ella empezó una carrera. "Por ser yo misma decía que lo había traicionado".
Ahora es consultora psico-corporal. Trabaja en equipo con psicólogos y psiquiatras en una red de asistencia gratuita a personas víctimas de trastornos de ansiedad, Red Sanar. "No tengo las mismas comodidades, pero estoy feliz, estudio, trato de ser autónoma, tengo amigos, puedo invitar a mi familia a mi casa", detalló.
En diálogo con IPS, Sonia Stegman, coordinadora de los seis Centros Integrales de la Mujer que atienden casos de violencia en la ciudad de Buenos Aires, explicó que la central de llamadas a la que acudió Dora funciona las 24 horas del día y los 365 días del año con personal especializado.
Luego de esa primera contención, las mujeres son derivadas a los centros donde pueden obtener asistencia psicológica y patrocinio jurídico gratuito. También hay acompañamiento en caso de lesiones físicas, un refugio para quienes tienen riesgo de vida alto, y cuatro hogares donde pueden permanecer por uno o dos años.
El sistema de recibir llamadas, orientar y derivar se repite en las jurisdicciones provinciales y en el ámbito judicial. La Corte Suprema de Justicia inauguró en 2008 la Oficina sobre Violencia Doméstica con más de 70 empleados, y en cuatro meses recibió más de 2.000 llamadas, 86 por ciento de mujeres.
Ese mismo servicio está comenzando a organizarse también en las provincias, bajo la autoridad de los máximos tribunales de cada distrito.
"En los hogares, adonde llegan mujeres sin ninguna red de protección, se trabaja su reinserción paulatina en la educación y en el trabajo. Hay muchas que vienen con hijos que deben ir a la escuela, hay madres adolescentes, y embarazadas que fueron víctimas de violencia sexual".
Para Stegman, los costos en los que debe incurrir el Estado en Argentina y en general en toda la región bajarían con una mayor prevención y una mayor toma de conciencia de los poderes públicos y de la sociedad del alcance del problema.
"Necesitamos un cambio cultural importante empezando por la educación. Tenemos mujeres con hasta tres reingresos por violencia y este fenómeno tiene un efecto multiplicador en los hijos", advirtió.
Como sostiene Falú, de Unifem, la violencia contra la mujer "no es un problema de puertas adentro". "Es un asunto que excede a las mujeres, es de toda la sociedad, es un tema de las democracias, un tema clave del desarrollo", insistió. De ahí la urgencia de registrar el costo que esto tiene sobre la economía.
LAS MEDICIONES DE LOS ORGANISMOS
El informe del Banco Mundial "Cómo abordar la violencia de género en América Latina y el Caribe" considera que es necesario medir el impacto económico "para dimensionar el problema" y "determinar su importancia relativa dentro de los problemas que encara el desarrollo".
En un país como Colombia, por ejemplo, el Estado gasta 74 millones de dólares anuales en asistencia a mujeres maltratadas. En general, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que en los países de la región el costo de la violencia contra las mujeres oscila entre 1,3 y cinco por ciento del PIB.
"El costo del silencio", una investigación del BID sobre el problema, señala que las mujeres que víctimas de violencia doméstica tienen menores ingresos que las que no lo son, lo que representa una pérdida regional en materia de salarios de entre 1,6 y dos por ciento.
La ugandesa Winnie Byanyima, directora del grupo de géneros del PNUD, integró el problema de los costos económicos de la violencia contra la mujer en América Latina con una situación mundial, de la que no escapa ningún país, en una declaración realizada el lunes 2 en la capital de Venezuela.
En Estados Unidos, en un solo año "se gastaron más de 4.000 millones de dólares en gastos médicos, de tratamiento médico o mental para abordar únicamente la violencia íntima entre hombre y mujer, en la pareja", citó a modo de ejemplo.