El Congreso legislativo de Estados Unidos se apresta a ordenar la devolución de enormes comisiones pagadas por firmas financieras a sus empleados, pocos meses después de ser rescatadas por los contribuyentes. La presión popular acelera el proceso.
A raíz de la crisis en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro dispuso a fines del año pasado un gigantesco rescate financiero a más de una decena de grandes bancos y compañías de seguros.
Miles de enfurecidos trabajadores salieron el jueves a las calles de Estados Unidos para protestar contra esas instituciones.
"¡A los bancos los rescataron y a la gente la liquidaron!", gritaron trabajadores hoteleros, de seguridad y de otros sectores que se manifestaron fuera de una sucursal del banco Wells Fargo en la occidental ciudad de San Francisco.
Mientras, la Cámara de Representantes aprobaba un proyecto para recuperar ese dinero. El Senado se aprestaba este viernes a debatir la misma medida.
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La Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora, Catholic United, Trabajos Con Justicia, el poderoso Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, por sus siglas en inglés) y otras instituciones convocaron manifestaciones en un centenar de ciudades, entre ellas Boston, Chicago, Denver y Nueva York.
Las acciones tuvieron el objetivo de recabar apoyo a una amplia reforma del sistema financiero, garantías para que se respete el derecho a la sindicalización y la universalización de los servicios de salud pública. Algunas también conmemoraron el sexto aniversario del inicio de la guerra en Iraq.
"No nos detendremos hasta que veamos un cambio efectivo en San Francisco, Sacramento (capital del estado de California) y Washington", dijo a IPS Matt Roberts, oficial de seguridad y miembro de SEIU.
El reverendo Israel Alvaron, de la organización Clero y Laicos Unidos por Justicia Económica, participó en el acto frente al banco Wells Fargo de San Francisco en solidaridad con los trabajadores de hoteles y restaurantes cuyos empleadores, entre ellos las cadenas Hyatt y Meridian, rechazan el derecho a la sindicalización.
"Wells Fargo es cliente de los hoteles. Es por eso que estoy aquí", dijo Alvaron a IPS.
Roberts advirtió que ése y otros bancos toman dólares de los contribuyentes con una mano y con la otra presionan contra el proyecto legislativo de ley denominado "de libre elección del empleado", el cual, de aprobarse, eliminará las barreras a la sindicalización.
"Nos oponemos absolutamente a que (los altos empleados de) AIG (la firma internacional de seguros American International Group) obtenga comisiones multimillonarias", agregó Roberts.
Wells Fargo pagó 26 millones de dólares a su presidente en 2007 y pagó a los cajeros de sus bancos unos 21.000 dólares, asegura SEIU.
Desde 2003, el banco aumentó casi 30 por ciento sus tarifas. Gastó 690.000 dólares en campañas de cabildeo sólo en los últimos tres meses de 2008, según la misma organización.
Las protestas sobrevinieron pocos días después de que el público supiera que el 13 de este mes AIG repartió 165 millones de dólares en pagos extra a sus máximos empleados.
Hasta ahora, la problemática compañía recibió una ayuda del Tesoro de 173.000 millones de dólares, para evitar que cayera, igual que los principales bancos, en un colapso total.
Los contribuyentes estadounidenses obtuvieron 80 por ciento de la empresa a cambio de los fondos, pero el acuerdo fue recibido por el público estadounidense con críticas generalizadas, porque sus representantes no tienen derecho al voto como los accionistas ni participación en su junta directiva.
AIG está en una mala situación porque aseguró transacciones de alto riesgo de los principales bancos, así como servicios como las "permutas financieras sobre riesgo crediticio", derivadas de cuestionables hipotecas a alto interesé extendidas por los bancos. Desde entonces, se malograron más de dos millones de hipotecas.
Muchos bancos quieren ahora cobrar el dinero de su seguro, pero AIG dice no tener liquidez.
El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, citó a AIG y supo que la compañía pagó comisiones a 417 empleados, 298 de los ellos de más de 100.000 dólares. Más de 50 recibieron un millón de dólares cada una. Once de los que obtuvieron pagos extra ya no trabajan para AIG.
"Sé que 165 millones es un número muy grande. Pensamos que era un buen acuerdo" por el trabajo que la compañía hizo para reducir su deuda, dijo el presidente de AIG, Edward Liddy, al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el día 18.
AIG es apenas una entre una decena de importantes instituciones financieras a las que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos brindó generosos "rescates". Y también, una de las que luego intentó repartir abultadas comisiones a sus máximos funcionarios. Sometidas a la presión pública, algunas interrumpieron esos pagos.
Se espera que Merrill Lynch pronto transmita a Cuomo su información sobre estas bonificaciones.
Según el centro académico Instituto para los Estudios Políticos, en 2008 las firmas de Wall Street distribuyeron 18.000 millones de dólares en comisiones.
El 18 de este mes, un indignado panel parlamentario interrogó al presidente de AIG, Edward Liddy, sobre estos pagos.
Al día siguiente, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que despojaría de 90 por ciento a las sumas concedidas en calidad de comisiones, gravándolas fuertemente.
Los impuestos solamente se aplicarían a personas cuyos ingresos familiares fueran de 250.000 dólares o más, que recibieron pagos extra en 2009 y que trabajaron en uno de los bancos rescatados con 5.000 millones de dólares o más.
Entre ellos figuran el Bank of America, el Citigroup, Goldman Sachs Group, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley y las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.
El proyecto de la Cámara de Representantes fue aprobado por 243 demócratas y 85 republicanos, y votaron en contra seis demócratas y 87 republicanos.
"La votación de hoy refleja fielmente la indignación de muchos por los abultados bonos que AIG brindó a sus empleados a costa de los contribuyentes, que han mantenido esta fallida compañía a flote", dijo Obama el día 19.
"Quiero" emitir una "fuerte señal para los ejecutivos que dirigen estas firmas en cuanto a que no se tolerarán tales compensaciones", agregó.
Mientras, el representante John Lewis dijo esta semana que, según su propia investigación, por lo menos 13 firmas que recibieron los rescates más abultados deben más de 220 millones de dólares en impuestos atrasados, en violación del contrato que firmaron con el Tesoro de Estados Unidos.
Los contribuyentes sienten que "no hay ningún control sobre este dinero. No tienen idea de qué obtendrán a cambio, si es que obtienen algo. Este programa está basado sobre la confianza en quienes dan y en quienes toman. En este punto, no hay confianza", expresó Lewis.
Los pagos extra también suscitaron una controversia dentro del gobierno sobre quién sabía de su existencia.
El inspector general especial Neil Barofsky dijo el día 19 al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el Departamento del Tesoro del gobierno de George W. Bush (2001-2009) y AIG negociaron las bonificaciones en noviembre de 2008.
Y AIG dijo que el año pasado también avisó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que planeaba repartir pagos extra en 2009, y luego, en enero, habló sobre los mismos a la Reserva Federal de Nueva York.
Ni la Comisión ni Timothy Geithner, titular del Departamento del Tesoro, intervinieron ni alertaron a Obama sobre las bonificaciones. Geithner dijo que supo que los pagos se realizarían el 10 de marzo y que no podría impedirlos. Obama fue informado el día 12, según él.
