Toda la buena voluntad que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, muestra hacia América Latina puede verse sobrepasada por la crisis económica mundial y la creciente presión de los sindicatos, un respaldo político clave de su Partido Demócrata.
El equilibrio de poder interno del actual gobierno favorece a quienes promueven una liberalización que siga el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-Nafta) o el firmado con los países de América Central y República Dominicana (DR-Cafta).
Pero la posición de los legisladores que pretenden revisar esos acuerdos con el espíritu del "comercio justo" quedó reforzada tras las elecciones de noviembre.
Y la creciente crisis económica, que derivó en la pérdida de 3,3 millones de empleos en Estados Unidos en los últimos seis meses, fortalecerá, por cierto, la posición de los sindicatos, lo cual hace zozobrar las perspectivas de ratificación de los acuerdos firmados con Panamá y Colombia.
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De hecho, un proyecto piloto del Nafta-TLCAN que permitió durante 18 meses el tránsito de unos 100 camiones mexicanos por las rutas estadounidenses fue cancelado por una ley que Obama sancionó la semana pasada.
México respondió el lunes a través del anuncio de que impondría aranceles a importaciones de productos industriales y agrícolas por más de 2.000 millones de dólares, lo cual provocó amenazas de represalias incluso entre legisladores del opositor Partido Republicano, habitualmente proclives al libre comercio.
Este panorama fue, precisamente, lo que tenía en mente el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando visitó a Obama y a otros funcionarios del gobierno estadounidense el fin de semana pasado.
En sus diálogos posteriores con la prensa, Lula expresó que luchar contra el proteccionismo debía ser una prioridad a la hora de hacerle frente a la crisis económica mundial.
"El proteccionismo puede parecer beneficioso al principio. Pero, a la larga, hiere a los países, sobre todo a los pobres, que necesitan vender sus bienes a las naciones ricas", dijo el mandatario al diario The Wall Street Journal.
En esa misma entrevista, dijo que alentaría en el Congreso legislativo estadounidense la ratificación del TLC con Colombia, firmado por Bush y pendiente por las demandas demócratas, incluidas las de Obama, de mayor protección a los derechos humanos de los asediados sindicalistas de ese país.
Lula agregó que mantendría esa posición aunque la implementación del tratado perjudicaría las exportaciones brasileñas.
Esa oferta fue percibida como una señal de que incluso líderes mundiales centroizquierdistas perciben en el TLC con Colombia, gobernada por el derechista Álvaro Uribe, una prueba sobre el capital político que la Casa Blanca está dispuesta a pagar para mejorar su vínculo con América Latina.
Desde que asumió la presidencia el 20 de enero, Obama se ha preocupado en destacar su intención de establecer una relación más positiva e inclusiva con América Latina que su predecesor Bush.
Su gobierno ya anunció que está dispuesto a aliviar el embargo comercial de 60 años contra Cuba, aplaudió el referendo constitucional en el que triunfó el presidente venezolano Hugo Chávez el mes pasado y manifestó coincidencias con las exhortaciones latinoamericanas a concentrar más la lucha contra las drogas en la reducción de la demanda interna.
Además, en marcado contraste con el periodo de Bush, Obama asumió una posición neutral en las elecciones presidenciales del sábado en El Salvador, en las que triunfó el izquierdista Mauricio Funes, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Las felicitaciones del propio Obama a Funes marcan "un profundo cambio en el pensamiento oficial, por el cual grupos como el FMLN ya no son automáticamente sospechosos ni demonizados", dijo el analista Geoff Thale, de la no gubernamental Oficina en Washington para América Latina (WOLA).
"Finalmente, la Guerra Fría en la región ha terminado", sentenció Thale.
Este cambio marca un hito en la actitud de Washington hacia la izquierda latinoamericana, pero podría no ser suficiente para afrontar los desafíos del gobierno de Obama para convencer a la región de su buena voluntad, en particular si la crisis económica recrudece.
El desempleo no sólo se traducirá en una mayor presión popular por una línea dura contra la inmigración y el libre comercio. El impacto de la crisis alentará, casi seguramente, el sentimiento antiestadounidense en América Latina, en especial porque las raíces de la debacle se perciben en el país norteamericano.
En ellas se perciben las mismas fuerzas de Wall Street que promueven la ideología neoliberal que promovió los TLC.
"América Latina se verá profundamente afectada por esta crisis", dijo Michael Shifter, del centro de estudios Diálogo Interamericano, con sede en Washington. "El malestar económico que ya se siente podría agudizarse, lo cual contribuiría con el resentimiento hacia Estados Unidos."
De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó el lunes que las remesas de trabajadores latinoamericanos en Estados Unidos a sus países de origen caerán por primera vez desde que la institución comenzó a calcular ese flujo en 2000. México y América Central sufrirán la peor parte. La inversión privada estadounidense en la región también se precipita.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó hace dos meses que el crecimiento económico global de América Latina caerá del cinco por ciento del año pasado a apenas 1,1 por ciento en éste, un cálculo que hoy es considerado optimista.
Las voces que claman por cambios en la política comercial estadounidense o por la renegociación del Nafta-TLCAN y del DR-Cafta, acompañando una promesa de campaña del propio Obama, se hacen cada vez más fuertes.
Eso quedó de manifiesto en una reunión de sindicalistas de Estados Unidos, México, América Central y Colombia celebrada esta semana en Washington y patrocinada conjuntamente por el Instituto de Política Económica y el Foro Internacional de Derecho Laboral.
Los participantes reclamaron nuevas políticas que fortalezcan los derechos de los trabajadores y la protección del ambiente en toda la región, y que aseguren la no subordinación de las empresas y comunidades locales a los inversores extranjeros.
"Hubo consenso en que el modelo Nafta/Cafta fracasó en su intención de cumplir la promesa de beneficios tanto aquí como en América Latina, y en que en el futuro deberán forjarse acuerdos que promuevan los derechos laborales, el desarrollo y el ambiente", dijo Tony Avirgan, del Instituto de Política Económica.
"La crisis actual dejó esto aun más claro que nunca, y abre la oportunidad para una reformulación fundamental de la política estadounidense por parte de Obama", agregó el experto.
