La crisis financiera mundial puede ser oportuna para avanzar en la instauración de una renta básica universal para todos los ciudadanos y sin condicionamientos, según sus promotores en América Latina. Pero la iniciativa tiene sus críticos.
Esta renta, conocida por sus siglas RBU, consiste en la asignación de un ingreso básico para cada ciudadano, garantizado por el Estado, aun si el beneficiario no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en cuenta si es rico o pobre y ni con quien conviva.
Se trata de una herramienta de política social que reemplazaría las actuales transferencias condicionadas de ingresos.
Para sus detractores, la RBU podría desalentar el ingreso al mundo laboral de las personas menos calificadas. Además, argumentan, el ingreso puede ser injusto al incluir a los que más tienen. Por eso, se inclinan más por apoyar programas focalizados en los grupos más vulnerables y sujetos a condiciones.
Este tipo de transferencia condicionada se otorga hoy en la mayoría de países latinoamericanos bajo diversos nombres. Los beneficiarios deben reunir una serie de requisitos, como carecer de empleo, estar por debajo de la línea de pobreza, ser jefe o jefa de hogar o estudiante sin recursos.
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Quien reciba este beneficio puede estar obligado a realizar trabajos comunitarios, a cumplir con la escolarización y el plan de vacunación de sus hijos, o a demostrar que no tiene otro ingreso.
En algunos casos, los programas tienen un cupo y, aun cumpliendo los requisitos y aceptando las condiciones, el candidato queda privado de esta ayuda.
Los destinatarios de estos programas no serían, según los promotores de la RBU, sujetos de un derecho ciudadano, sino beneficiarios de un plan de asistencia eventual.
La crisis mundial global es, "sin duda", una oportunidad para avanzar en la renta básica, dijo a IPS el senador brasileño Eduardo Suplicy, autor de una ley pionera al respecto en la región.
La iniciativa fue aprobada en 2003 por el parlamento de Brasil y promulgada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al año siguiente.
Pero el Poder Ejecutivo de ese país resolvió poner en práctica la ley "en etapas, empezando por los más necesitados a través de la Beca-Familia", que asigna un ingreso de entre 8,5 y 76 dólares al mes a 11 millones de familias muy pobres.
La transferencia, por ahora, no es universal, y está sujeta a la escolarización de los niños y otros requerimientos.
"Es una transición necesaria", admitió Suplicy. Pero "lucho por la renta incondicional, porque es mejor y más eficiente para asegurar la libertad y la dignidad del ser humano", declaró.
El senador propuso un nuevo proyecto, ya aprobado en la cámara alta, que reserva parte de las regalías obtenidas por el petróleo y otras concesiones del Estado para la creación de un Fondo de Ciudadanía que sirva de base a la renta universal.
Suplicy dijo que la idea es considerada en Estados Unidos para afrontar la crisis económica. A fines de febrero, comentó, una red de organizaciones que promueven la RBU en ese país envió una carta al presidente Barack Obama para que considere entre sus planes instituir una renta para todos.
Estados Unidos alberga una experiencia sin precedentes en esta materia, en Alaska. En ese estado, situado al noroeste de Canadá, existe un fondo creado a partir de la renta de un impuesto pesquero primero y de la renta petrolera después, y que permitió garantizar desde 1960 un ingreso básico para cada residente.
Consultado por IPS, el economista Ruben Lo Vuolo, impulsor de la renta universal en Argentina, opinó que experiencias de este tipo "ganan mayor presencia pública en épocas de crisis", aunque afirmó que para avanzar en la iniciativa, más que una oportunidad, se requiere "una decisión política".
"Las crisis pueden ser mejores para discutir políticas sociales de impacto entre los más pobres, pero también pueden aumentar las restricciones fiscales", advirtió Lo Vuolo, investigador del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de Argentina e integrante, junto con Suplicy y otras personalidades, de la Red Mundial de Renta Básica.
Un buen escenario para discutir la cuestión será la próxima conferencia de esa Red, en la meridional ciudad brasileña de Sao Paulo, a mediados de 2010. "Será poco antes de las elecciones presidenciales y el tema estará candente", anticipó.
Para Lo Vuolo, en la región lo que prolifera hoy son programas de transferencias condicionadas de ingresos como la Beca-Familia de Brasil, el Plan Jefas y Jefes de Hogar en Argentina o el Progresa de México.
Se trata de planes destinados a los más pobres, en los cuales la unidad alcanzada es la familia y que exigen a los beneficiarios el cumplimiento de una serie de condiciones.
En la capital de México, además del plan Progresa a nivel nacional, el gobierno local entrega una asignación básica universal sin condiciones a las personas mayores de 70 años, independientemente de otros ingresos.
Pero se trata de una experiencia acotada desde el punto de vista geográfico y sectorial.
En Santo Antonio do Pinhal, un pequeño municipio ubicado a 170 kilómetros de Sao Paulo, está cerca de ser lanzada la denominada Renta Básica de Ciudadanía, dirigida a sus 7.000 habitantes.
Se otorgarían entre 12 y 21 dólares a cada ciudadano, un monto que, en el caso de un hogar de tres integrantes, ya superaría a la Beca Familia.
Las experiencias existentes se limitan, por lo tanto, a localidades con escasa población y renta relativamente alta o a franjas vulnerables de la sociedad.
Pero expertos que abogan por este derecho sostienen que con una reforma impositiva o un uso más eficiente de los recursos del Estado se podría garantizar esa renta universal, evitando el clientelismo.
A diferencia de Suplicy, Lo Vuolo descree que las transferencias condicionadas puedan marcar una transición hacia la RBU.
"Hay una gran diferencia entre la burocracia de un plan basado sobre el otorgamiento de beneficios y otro basado sobre la garantía de un derecho", distinguió. "Es una tecnología y una cultura nueva que hay que generar."
Los organismos multilaterales de crédito, que contribuyen a sostener diversos planes sociales en la región, son más proclives a apoyar programas condicionados en los países en desarrollo, coincidieron Suplicy y Lo Vuolo. Pero la iniciativa de una renta básica universal choca también con la resistencia de expertos en políticas sociales vinculados con los sindicatos.
"Toda la estructura vinculada con el mundo del trabajo y con los sindicatos en general rechazan el ingreso que no esté mediado por la relación laboral", evaluó el argentino. "Consideran que la idea choca con el derecho al empleo, pero muchos trabajadores de nuestros países son informales y no reciben asignaciones."
En Argentina, cerca de 45 por ciento de la población económicamente activa trabaja sin estar registrada y sin recibir beneficios previsionales, sociales o de salud. Las llamadas asignaciones familiares, un pago que el Estado ofrece a los trabajadores por cada hijo en edad escolar, no llegan a quienes carecen de empleo registrado.
La firma argentina Sel Consultores estimó a comienzos de año que el Estado transfiere 5.000 millones de dólares por año en concepto de asignaciones familiares para trabajadores registrados, deducciones impositivas por hijos a cargo y subsidios por hijos a los más pobres. Pero 98 por ciento se dirige al sector del trabajo formal.
Los que más necesitan esas transferencias son los que menos las reciben, sectores en los que se concentra la mitad de los hijos menores de edad, remarca el informe de la consultora.
Se trata de hogares con muchos miembros cuyas jefas sin empleo reciben las asignaciones del Plan Familias, un subsidio de 150 pesos mensuales —unos 40 dólares— más 10 dólares por hijo.
En cambio, un trabajador registrado con un salario equivalente a 657 dólares mensuales recibe por cada hijo menor de edad 36 dólares al mes.
Sel Consultores señala que, si el fondo total del Estado para estos beneficios se dividiera por el número de menores y se otorgara sin condicionamientos, los más pobres recibirían más y los más ricos menos.
La subsecretaria de Políticas de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo argentino, Emilia Roca, dijo a IPS que la idea de una RBU puede ser muy atractiva.
"Es difícil estar en contra", comentó. Sin embargo, advirtió que el Estado "podría perder argumentos para exigir a los empleadores que registren a sus trabajadores".
Roca manifestó además que en América Latina hay "problemas presupuestarios serios" y "limitaciones macroeconómicas" para garantizar un ingreso permanente para todos.
En cambio, se manifestó de acuerdo con las transferencias condicionadas, o las asignaciones focalizadas sobre el trabajador registrado por cada hijo menor de edad.
En cuanto a los desempleados o empleados no registrados con hijos a cargo, consideró que "la solución tiene que venir del mercado de trabajo, con mejores salarios y disminución de la informalidad".
"Hay que tender a una sociedad donde el ingreso provenga de un trabajo digno y protegido", planteó la funcionaria.
Del otro lado del debate, Lo Vuolo consideró que la renta básica no se choca con el derecho al empleo. Es preciso considerar el ingreso básico como un derecho humano que debe ser otorgado a todos, independientemente de su situación socio-económica.
"Es como el sufragio universal: para que sea un derecho no puede haber excepciones", sentenció.
(*) Con aportes de Mario Osava (Brasil)
