Las centrales sindicales de Colombia presentaron una demanda de nulidad del decreto que el 30 de diciembre fijó el salario mínimo legal para este año, por irregularidades en su expedición y falta de competencia del gobierno.
El decreto, que fija el salario mínimo en unos 226 dólares, afecta los ingresos de cuatro millones de trabajadores, que percibirían un aumento equivalente a unos ocho dólares mensuales respecto de 2008.
La demanda se presentó el martes ante el Consejo de Estado, tribunal supremo para asuntos de la administración pública en la Rama Judicial de Colombia.
El movimiento sindical también presentará una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que Colombia violó convenios internacionales, y hará cabildeo en el Congreso legislativo de Estados Unidos para ventilar la presunta violación de derechos básicos de los trabajadores, en especial de quienes ganan menos.
El valor del salario mínimo legal, vital y móvil afecta diferentes áreas de la economía, pues se utiliza como parámetro en el sistema de pensiones, en las convenciones colectivas y para fijar los valores de ciertas sanciones.
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La tradición indica que en diciembre se negocia el valor del salario mínimo. El gobierno suele ofrecer un ajuste con base en el índice oficial de inflación y, dada la histórica dificultad para lograr acuerdos con las centrales sindicales, el monto se define por decreto.
En diciembre de 2008 las centrales presentaron al gobierno un pliego de peticiones con 16 puntos, en el que se invitaba a analizar aspectos como los efectos de las privatizaciones en el costo de servicios de agua, gas, energía y teléfonos en la mayor parte del territorio.
Los trabajadores también pedían revisar las políticas agrarias y de empleo, el contenido de la canasta familiar, el precio de los combustibles —que se ha mantenido alto pese a la caída internacional del petróleo— y de otros productos que inciden en el costo de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores. El aumento propuesto por los sindicatos era de 14 por ciento.
En la mesa de negociación, conformada por los sindicatos, los empresarios y el gobierno, éste se negó a estudiar ese pliego de demandas, calificándolo de "arbolito de Navidad", relató a IPS el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el abogado Tarcisio Mora.
Las centrales obreras redujeron su aspiración de aumento a 12,5 por ciento, y los empresarios accedieron a conceder medio punto más de su oferta inicial, llegando a siete por ciento.
La discusión se prolongó hasta el plazo fijado del 15 de diciembre, que luego se prorrogó hasta el día 30, pero no se realizaron encuentros directos entre empresarios y trabajadores.
El ministro de Protección Social, Diego Palacio, como representante del gobierno debía cumplir funciones de mediador entre empresarios y sindicalistas, dijo Mora.
Pero Palacio se reunió con cada grupo de manera separada y luego abandonó las tratativas para ir "al Congreso a defender el referendo reeleccionista, aprobado en la última sesión en medio de circunstancias poco claras", agregó Mora, en referencia a la iniciativa para conseguir que el actual mandatario, Álvaro Uribe, pueda aspirar a una segunda reelección.
En su opinión, ese hecho conforma un elemento jurídico de importancia, pues muestra que la negociación entre trabajadores y empresarios nunca concluyó.
Cuando expiró la prórroga, el gobierno decretó un aumento salarial de 7,67 por ciento, según la cifra de inflación divulgada por el gubernamental Departamento Nacional de Estadísticas.
"Pero fue un aumento caprichoso, que desconoció el artículo 53 de la Constitución Nacional que dice que el salario mínimo debe ser vital y móvil. Que permita que los trabajadores suplan sus necesidades básicas", dijo el martes en rueda de prensa el secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez.
Tampoco se tuvo en cuenta la inflación proyectada ni la evolución del índice de precios al consumidor, lo que configura un "desvío de poder", según Gómez.
Éste será uno de los argumentos que los sindicalistas expondrán ante la OIT, acompañado de una investigación que muestra una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de 18 por ciento en la última década.
El estudio "Bienestar, macroeconomía y pobreza", escrito entre otros por el economista Ricardo Bonilla, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la estatal Universidad Nacional de Colombia, sostiene que el ingreso básico de una familia de cinco personas debería ser de 990.000 pesos (450 dólares).
"Pero el gobierno considera que deben vivir con sólo la mitad", dijo Mora.
Los sindicatos también llevarán su campaña a los pasillos del Congreso de Estados Unidos, donde sus denuncias sobre infracciones a los derechos laborales parecen haber encontrado eco en el pasado, cuando legisladores del ahora gobernante Partido Demócrata las usaron como argumento para no aprobar el Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones.
Por ejemplo, el representante demócrata Jim McGovern visitó varias veces Colombia, y recibió en Washington a delegados de los trabajadores colombianos que pusieron sobre la mesa sus críticas a reformas laborales adoptadas por el gobierno de Uribe.
En la lista de rechazos están la extensión del horario laboral hasta las 22:00 horas y el sistema de subcontratación a través de cooperativas de trabajo asociado (CTA), que elude el pago de prestaciones sociales —salud, pensión y riesgos profesionales— y facilita el despido de trabajadores sin pago de indemnización.
No está claro cuánto tiempo puede tomarse el Consejo de Estado para estudiar la demanda, pero un fallo favorable a los trabajadores debería ser retroactivo al 1 de enero de este año, cuando empezó a regir el nuevo salario mínimo, afirman los sindicatos.
Pero lo más importante es conseguir pronta justicia, dicen. "Más allá de lo que signifique el aumento solicitado (de unos seis dólares), buscamos que se obre en derecho y justicia con los colombianos y colombianas que tienen ingresos de sobrevivencia", concluyó Gómez.
De momento, el gobierno guarda silencio sobre la demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, acompañada también por la Confederación de Pensionados de Colombia.
