El Plan Escudo, la apuesta del gobierno de Costa Rica para reducir el cimbronazo de la crisis económica, no ha sido bien recibido por algunos sectores sociales de este país.
El presidente Óscar Arias presentó el paquete de medidas para afrontar la crisis que poco a poco va llegando a Costa Rica. El gobierno lo ha llamado Plan Escudo, destinado a paliar los efectos sociales y económicos del estancamiento de la actividad de este país centroamericano.
El plan se fundamenta en cuatro pilares, "las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero", dijo Arias.
El fortalecimiento de la caja del Estado en los últimos años servirá para afrontar estos tiempos con mayor fortaleza, elaborando un presupuesto "destinado a enfrentar la crisis", aseguró. Casi la mitad de los recursos del plan, según explicó, corresponden a gasto social.
Ahora, la iniciativa debe pasar por la Asamblea Legislativa para su aprobación.
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El punto más llamativo fue el pedido de Arias de reducir horas de trabajo, a cambio de mantener los empleos. La propuesta obligaría a una reforma del Código de Trabajo, para permitir trabajar cuatro días y descansar tres, así como elevar las horas laborales en temporada alta y reducirlas en la baja.
Además, se aumentarán en 15 por ciento las pensiones del régimen no contributivo, que otorga la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se brindará alimentación durante los fines de semana a niñas y niños de las zonas más pobres del país, se elevará hasta 9.000 dólares el bono de vivienda —para ayudar a construir la casa propia—, y los bancos estatales bajarán en dos por ciento la tasa de interés de los préstamos hipotecarios inferiores a 90.000 dólares.
La CCSS ampliará de tres a seis meses el plazo de cobertura del seguro de salud a los desempleados y sus familiares.
Arias también anunció un incremento del gasto en obra pública, para generar más empleo. Mientras, la Asamblea Legislativa debe aprobar la solicitud de un préstamo de 850 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el plano de la actividad empresarial, los bancos estatales han dado el visto bueno a rebajar hasta en dos puntos las tasas de préstamo para las pequeñas y medianas empresas, y el Estado bajará el plazo máximo de pago a sus proveedores de 60 a 30 días.
Las reacciones desde distintos sectores no se han hecho esperar.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, dijo a IPS que rechaza "rotundamente" el Plan Escudo porque "atenta contra la esencia del Código de Trabajo" en vigor desde 1943.
El principal sindicato costarricense cree que el plan manipula el problema de la crisis para desmantelar conquistas laborales "muy importantes para la paz social". Aún así, Vargas estimó que algunas medidas van en la dirección correcta.
El secretario general de la ANEP defendió la necesidad de un gran acuerdo con todos los sectores sociales, pues "el gobierno por sí solo no tiene la capacidad suficiente" para afrontar la crisis.
Para la elaboración de este plan se consultó a partidos políticos, empresarios y sindicatos, pero "lamentablemente no hicieron caso de nuestras propuestas", afirmó Vargas.
La ANEP no descarta movilizaciones, porque "los trabajadores no somos los culpables de la crisis y no debemos recibir esa factura". Los bajos salarios, el elevado costo de la alimentación y el desempleo amenazan la paz social que siempre ha caracterizado al país, añadió.
El presidente de la Cámara de Industrias, Juan María González, tampoco se mostró muy entusiasmado, aunque reconoció que "la iniciativa recoge el esfuerzo e interés del gobierno" por afrontar la crisis y que se trata de un paso en la dirección "adecuada, pero va a requerir medidas adicionales".
El centro de gravedad del plan está desplazado hacia el área social y la mitigación de los efectos de la crisis, "particularmente el desempleo", dijo González, por lo que se necesita un segundo paso "urgente" en el que se aborden las causas de la crisis.
La Cámara de Industrias reclama estímulos fiscales a la inversión productiva y el uso de las compras del Estado para fomentar la producción nacional, algo que, reconoce, "no es sostenible en el tiempo".
Pero "estamos en una crisis", de la que "desconocemos la profundidad", agregó González. A su juicio, lo que está por llegar será más duro, por lo que se hace necesario tomar medidas: "Si esperamos a que la dimensión sea mayor, será más difícil salir del hoyo", dijo.
El Banco Central está revisando las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto, que podría ser este año menor al previsto 2,2 por ciento.
En 2006 y 2007, el producto creció por encima de seis por ciento anual. Pero en 2008, la expansión apenas superó tres por ciento.
