El informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la vigencia de esas garantías en Cuba reflejó este lunes el sólido respaldo otorgado a La Habana por una gran mayoría de países, pero también tomó nota de objeciones planteadas por una cantidad más reducida de gobiernos.
Los representantes cubanos saludaron como un triunfo el documento que recoge las opiniones emitidas durante las discusiones del mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU), una especie de tribunal del cuerpo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Me siento totalmente confortado. Puedo, más que vivir con este informe, vivir feliz con él", se entusiasmó Bruno Rodríguez, viceministro de Relaciones Exteriores cubano, en una declaración a IPS.
El informe, al que todavía le espera una ratificación final del Consejo en junio, contiene una síntesis de las expresiones de representantes de 60 países que hablaron el viernes en el debate sobre Cuba.
De ese total de oradores, "diría que 51 fueron generosos porque expresaron un reconocimiento a los logros de la Revolución Cubana en materia de derechos humanos", dijo Rodríguez.
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Esos delegados no sólo aceptaron los progresos en el plano de la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, "sino también la participación ciudadana y el clima de libertad que se viven en el país", se explayó Rodríguez.
En cambio, "una pequeña minoría de nueve países, entre ellos Israel y siete europeos, son críticos con aspectos del fuero interno de Cuba", admitió el viceministro.
Israel había expresado marcada preocupación por "la ausencia en Cuba de un sistema judicial imparcial e independiente". También reclamó la "liberación inmediata de defensores de derechos humanos, periodistas y otros detenidos ilegalmente". Entre las recomendaciones, la delegación israelí mencionó el ejercicio del derecho a las libertades de expresión y de reunión.
Rodríguez entendió que esas manifestaciones "vulneran el principio de autodeterminación y el espíritu y la letra" de la resolución de la Asamblea General de la ONU que creó en 2005 el Consejo de Derechos Humanos y "se inmiscuyen en aspectos que tienen que ver con el ordenamiento constitucional" de Cuba.
Rechazamos sólo un puñado de recomendaciones de esos nueve países, insistió el representante cubano. En cambio, Cuba no objetó ninguna recomendación de países de Asia, África, América Latina y el Caribe, insistió.
El documento aprobado por el Consejo incorpora un pedido formulado por Austria, que demandó a Cuba que informe el seguimiento que ha dado a las recomendaciones formuladas en 2003 por el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que atribuyó ese carácter de "arbitrarios" a los arrestos de 79 personas y reclamó que se les pusiera fin.
El activista Adrien-Claude Zoller, presidente de la organización no gubernamental suiza Ginebra por los Derechos Humanos, dijo a IPS que "esperaba más de Cuba". Yo pensaba que La Habana extendería una invitación a todos los relatores de derechos humanos del sistema de la ONU, precisó.
A su llegada a Ginebra, la semana pasada, la delegación cubana anunció que había propuesto una visita a esa isla del Caribe al relator de la ONU sobre torturas, Manfred Nowak. Los representantes de La Habana recordaron que ya habían acogido en 2007 al relator sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler.
El disidente Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), había dicho a IPS que "tampoco para 2009 espero cambios" en materia humanitaria.
"Mi escepticismo es absoluto porque el Consejo está en manos de gobiernos violadores de los derechos humanos", aseguró Sánchez poco antes de que se iniciara el EPU. La CCDHRN, que actúa sin reconocimiento legal en Cuba, emite informes semestrales sobre la situación carcelaria en ese país, basados en testimonios familiares y de los propios reclusos.
De las 89 recomendaciones formuladas en el informe del Consejo, Cuba aceptó 60. De ellas, 57 fueron planteadas por países africanos, asiáticos, latinoamericanos y caribeños. Las tres restantes provinieron de Suiza, República Checa y Holanda.
La delegación cubana anunció que, antes de la sesión de junio, remitirá comentarios por escrito a otras 17 recomendaciones.
Entre esas demandas figuran las presentadas por Italia y Suiza, que piden la progresiva reducción del número de delitos pasibles de la pena de muerte y la consideración de ulteriores medidas destinadas a la eliminación total de la condena capital.
Rodríguez dijo a IPS que, "por razones de fondo, filosóficamente nos oponemos a la pena de muerte". La legislación cubana sanciona con ese castigo, de manera excepcional, los delitos gravísimos, afirmó.
Cuando existan cambios en la coyuntura que rodea a Cuba, nosotros podríamos avanzar en este tema, aseguró. Hay que recordar que más de 2.000 cubanos han muerto víctimas de actos terroristas, algunos recientes, como en 1997 cuando murió un turista europeo, y otros, en 2003, con secuestros de turistas y de ciudadanos europeos, describió.
"Pero en este momento no podemos retirar la legislación de la pena de muerte por dos razones", declaró. La primera es la defensa del derecho a la vida de los ciudadanos. La segunda, de seguridad nacional, dijo.
El viceministro cubano observó que "un número importante de oradores" se refirieron en el debate al embargo estadounidense contra Cuba como "una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano".
Hasta ahora se usaba el pretexto de las violaciones a los derechos humanos en Cuba para mantener el bloqueo, pero este informe y este Consejo de la ONU acaban de decir lo contrario, ponerlo por escrito y aprobarlo por consenso, con lo cual se acabó el pretexto, concluyó Rodríguez.
