Tres días antes de que el defensor de derechos humanos Julio Avella cumpliera seis meses detenido, el fiscal descartó las acusaciones en su contra, basadas en testimonios de ex guerrilleros e informes de la policía judicial y del ejército, por «contradictorias, incoherentes, inconsistentes e ilógicas».
«El fiscal encontró que Avella había sido capturado solamente por su ideología izquierdista, sin evidencia alguna que demostrara rebelión u otro delito», se lee en el informe de la estadounidense Human Rights First (HRF) «Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento – Presos y señalados en Colombia», presentado este martes en Bogotá.
[related_articles]Suelen ser acusados de pertenecer a la guerrilla izquierdista, y las investigaciones en su contra se adelantan clandestinamente durante meses o años, antes de detenerlos ilegalmente.
A veces los demandan por calumnia e injuria, delitos penales en este país sudamericano que lleva 45 años en guerra civil.
«La amenaza de un proceso penal político en su contra tiene un efecto intimidante que promueve un contexto en que los defensores se autocensuran y limitan sus actividades», advierte el informe.
Los ataques, amenazas y otras formas de intimidar a los defensores poco se investigan. En un contexto de impunidad generalizada, en cambio, la tenacidad de los fiscales que actúan contra los defensores «es impresionante», apunta la organización internacional de juristas.
Son exhibidos ante los medios como «terroristas» y «secuestradores», observa HRF, «lo que hace un juicio justo imposible y viola la presunción de inocencia», mina la credibilidad de los defensores y los vuelve blancos de atentados.
Los fallos de inocencia no suelen llegar a las noticias, pero con frecuencia el defensor liberado tiene que buscar el exilio.
[pullquote]1[/pullquote]A menudo, los casos se basan en «archivos de inteligencia inadmisibles» judicialmente y en «alegaciones espurias de ex guerrilleros cuyo testimonio ha sido preparado o coaccionado por los fiscales regionales», señala la organización con sede en Washington y Nueva York.
HRF añade que «ese tipo de evidencia errónea no basta para un proceso penal justo».
El fiscal que revocó la captura de Claudia Montoya, de la Red Juvenil de Medellín (noroccidente de Colombia) y abogada de jóvenes detenidos ilegalmente, advirtió que «los cargos penales en contra de los defensores de derechos humanos deben ser revisados porque frecuentemente son falsos», reporta HRF.
El informe se concentra en 32 casos, «apenas una muestra» según su redactor, el jurista Andrew Hudson. Entre los afectados figuran 10 mujeres.
«No son casos aislados. Hay patrones obvios», dijo a IPS Hudson, quien coordina para América Latina el Programa de Defensores de Derechos Humanos de HRF.
Un fiscal inicia la investigación y después otro fiscal, o un juez, la revisa y encuentra que no hay evidencia suficiente. «Los detienen, los investigan y por fin un juez razonable dice basta», señaló Hudson.
«Esto no es prueba de que el sistema jurídico funcione, sino de la magnitud del problema» pues, como están las cosas, es el individuo, no el sistema, el que garantiza los derechos, agregó.
VIEJA PRÁCTICA
[pullquote]2[/pullquote]Ya en 2002, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, advirtió en su informe sobre Colombia que «estos procesos forman parte de una estrategia para silenciar a los defensores de los derechos humanos».
Hace un año, la entidad humanitaria Peace Brigades International, que provee acompañamiento desarmado a comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos en riesgo, definió estas prácticas como una forma de represión.
Peace Brigades encontró montajes judiciales con acusaciones infundadas también en Guatemala y México, no es «una práctica aislada y característica de Colombia».
Los montajes «se dirigen contra una gran gama de sectores sociales, desde campesinos, incluso comunidades enteras, el movimiento juvenil, profesores, religiosos, abogados y músicos», afirmó.
«El asunto clave es que hemos documentado el problema. Hay evidencia irrefutable de los patrones», señaló Hudson, y eso es lo nuevo, pues «en el pasado el gobierno nos ha dicho que eran casos aislados».
HRF considera que la solución más rápida es que el fiscal general de la Nación traslade la revisión de estas investigaciones penales a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para que ésta examine si se ajustan al debido proceso.
El gobierno estadounidense, que dona cada año «millones de dólares» a esa Unidad, debe apoyar esa veeduría, según Hudson, para quien la medida «puede disuadir a que se inicien otras investigaciones» espurias.
Los fiscales deben rechazar los testimonios inverosímiles, dejar de influir en los testigos y tomar con prevención las acusaciones de ex combatientes que reciben subsidios del Estado o beneficios penales por desmovilizarse, al tiempo que deben justificar con pruebas por qué cuestionan a los testigos de la defensa.
HRF recomienda al parlamento colombiano que aclare por ley «que no se puede recoger información por motivos arbitrarios, como pertenencia a organizaciones de derechos humanos», y prohíba «la diseminación de información contenida en los informes de inteligencia».
Hudson ve un hilo conductor en el escándalo por las revelaciones publicadas el domingo por la revista bogotana Semana, que evidencian el uso del DAS para espiar ilegalmente a quien disienta, comenzando por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
«La policía judicial o las fuerzas militares recogen información falsa sobre los defensores de derechos humanos» y la utilizan en su contra, señaló Hudson a IPS.
La cuestión es que «los archivos de inteligencia no son pruebas admisibles en un proceso penal, según el Código Penal Colombiano», pues no es información corroborada «y no alcanza a cumplir los estándares del debido proceso», explicó.
Desde 1997, los gobiernos colombianos se esfuerzan por proteger a los defensores de derechos humanos y a otros sectores amenazados, como opositores y periodistas.
En 2008 hubo más de 10.000 protegidos —entre ellos más de 2.000 sindicalistas, más de 500 defensores y más de 200 periodistas—, además de líderes comunitarios e incluso comunidades enteras.
El problema es que el gobierno, con cierta frecuencia, «al mismo tiempo instiga contra ellos», según Gloria Flórez, directora de la organización humanitaria Minga.
