La lucha por la mitad del poder político es el primer paso que quieren dar las bolivianas para convertir en acciones los principios progresistas de la nueva Constitución.
El proceso de redacción de la carta magna, vigente desde el 7 de este mes, tuvo a las mujeres en primer plano, junto a los pueblos indígenas.
Desde los Andes, los valles y las llanuras amazónicas, unas 27.000 líderes sociales, sindicales y profesionales unieron fuerzas en torno al Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia para proponer cambios constitucionales sustanciales, dijo a IPS la responsable de incidencia de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.
Según el estatal Instituto Nacional de Estadística, de los 10,2 millones de habitantes que tiene este país, las mujeres son mayoría, con 5.125.566 personas.
Entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, 88 mujeres constituyentes conformaron un bloque equivalente a casi 35 por ciento de los 255 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, "el más alto porcentaje de participación femenina en espacios de decisión en la historia de Bolivia", según Novillo.
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El artículo 3 del texto fundamental señala que "la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano".
Para Rebeca Delgado, ex constituyente y actual viceministra de Coordinación de Gobierno, este texto asegura que las mujeres pueden conformar los órganos de poder, ejercer el cargo de presidenta, vicepresidenta o ministra de Estado, como cualquier otra posición electiva o de libre nombramiento.
"Estamos satisfechas porque hemos logrado que nos incorporen a campesinos, pueblos indígenas y mujeres", dijo Delgado a IPS en su despacho, ubicado a pocos metros del que ocupa el primer presidente nativo de Bolivia, Evo Morales.
Pero la primera señal del ahora Órgano Ejecutivo —que reemplaza al Poder Ejecutivo— no parece tomar ese rumbo: de las 20 carteras del gabinete ministerial, sólo cuatro fueron asignadas a mujeres.
Delgado asegura que se trata de un "proceso gradual".
La ex constituyente por el departamento de La Paz, Marcela Revollo, reclama no sólo más mujeres en el gabinete, sino una institución jerarquizada que se ocupe de las políticas de equidad para avanzar al mismo ritmo que la participación indígena en el Órgano Ejecutivo.
"Este gabinete mostró una necesidad imperiosa de replantear la presencia de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones", dijo a IPS.
Para ella, la Constitución es un reto. Hay que ampliar la visión femenina de las conquistas sectoriales y "plantear propuestas en recursos naturales, la conformación de los poderes, el modelo económico y la redistribución de la tierra".
Bolivia es tan pobre como su población femenina: 67 por ciento de los habitantes, y seis de cada 10 mujeres, viven en la pobreza.
Cada día, dos mujeres mueren por complicaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva (embarazo, parto, puerperio y abortos), afirma un estudio difundido por la Colectiva de Mujeres por los Derechos Humanos.
Hasta 2006, casi 20 por ciento de la población femenina adulta no escribía ni leía, mientras los hombres en esa situación eran casi siete por ciento.
Ahora, las autoridades aseguran haber erradicado el analfabetismo, tras concluir en 2008 el programa "Yo sí puedo", basado en el método cubano del mismo nombre, que se extendió a todo el territorio.
En materia de empleo, casi 40 por ciento de las mujeres en edad de trabajar tienen una actividad remunerada, frente a 60 por ciento de los hombres.
Las trabajadoras sólo obtienen 56 por ciento del salario que ganan los varones por la misma función, mientras 30 por ciento de las mujeres son además jefas de hogar.
QUEREMOS LA MITAD
El propósito de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa es preparar candidatas para las elecciones generales de diciembre, con la ambiciosa finalidad de conquistar la mitad de los 166 escaños de la nueva Asamblea Legislativa Nacional, dijo la dirigente Nilda Copa a IPS.
Copa es una indígena de la casi extinguida cultura tomatas, por línea paterna, y quechua por línea materna. La Confederación, explica, aspira a conseguir 50 por ciento de legisladoras que, sumadas a los congresistas indígenas, aseguren 60 por ciento de representación para los pueblos originarios.
Revollo teme que el gobierno otorgue preferencia a la siempre caliente cuestión indígena, relegando a segundo plano "el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres".
Pero, para Novillo, los mayores temores radican en la actitud de los "operadores políticos, que mantienen resistencia en una sociedad machista".
SON 25 ARTÍCULOS
Veinticinco de los 411 artículos de la Constitución incorporan los principios de igualdad, desarman antiguos esquemas de discriminación y abren espacios para la participación de la mujer en todos los escenarios de la política, según un análisis de la Colectiva de Mujeres por los Derechos Humanos.
Además de "descolonizar" el Estado, fue necesario "cuestionar otras formas de exclusión de las mujeres basadas en un estado patriarcal", apuntó Novillo.
El párrafo segundo del artículo 8 señala: "El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien".
Un asunto delicado, el acceso a los beneficios de la reforma agraria, se trata en el artículo 395. "La dotación (de tierras fiscales) se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal", afirma.
La independencia religiosa del nuevo Estado plurinacional "tiene particular importancia porque en el caso de las políticas públicas, (la Iglesia Católica) siempre ha tenido injerencia, y esto está vinculado el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos", anota Novillo.
El artículo 66 "garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos".
El artículo 65 faculta al padre y a la madre a registrar la identidad de su hijo con los apellidos de quienes se presume son sus progenitores, una cláusula que protege a las mujeres de la negativa masculina a reconocer la paternidad, y que fue reglamentada este mes por un decreto del presidente. Según esta disposición, si el padre presunto rechaza la paternidad, sólo le queda el recurso de verificación mediante un estudio de ADN.
El artículo 14 establece la prohibición y sanción de todo acto de discriminación "en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras…"
La Constitución garantiza el derecho a la vida sin violencia y con dignidad, el acceso a la educación en todos sus niveles, amplía la salud y la seguridad social a toda la población, y garantiza una remuneración justa para las mujeres, sin diferencias frente a los hombres, apunta la Colectiva.
La identidad étnica, de género y generacional, de niñas, niños y adolescentes, está protegida, mientras el Estado reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas para su desarrollo integral.
Revollo y Novillo expresaron satisfacción porque el artículo 338 reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza, que debe cuantificarse en las cuentas públicas.
Una medición de ese aporte económico debe permitir crear políticas a favor de las mujeres que son trabajadoras en el hogar, advirtió Novillo.
Para la dirigente Copa, la Constitución debe traducirse pronto en salud gratuita para todos, justicia y viviendas "bajo un modelo de participación comunitaria, colectiva y en democracia".
"En el momento en que el país deje de mostrar a una mujer como símbolo de la pobreza", resumió Revollo, "en ese momento el país dejará de ser pobre".