Más de tres años después de que vecinos de la oriental ciudad argentina de Gualeguaychú comenzaron a movilizarse contra la instalación de una fábrica de celulosa sobre la costa uruguaya de un río cercano, el gobierno argentino emprende una decidida ofensiva para desactivar la protesta.
En tanto, dirigentes de la llamada Asamblea Ambiental de Gualeguaychú denuncian un "bloqueo informativo" de parte de los grandes medios de comunicación argentinos y una acción "demagógica" del gobierno de Fernández.
En reclamo de una temida contaminación, hasta ahora no detectada pese a que la gigantesca planta de la firma finlandesa Botnia está en actividad desde noviembre de 2007, los asambleístas ratificaron esta semana la larga interrupción del tránsito vehícular por el puente General San Martín.
La procesadora de pasta para fabricar papel está ubicada en las cercanías de Fray Bentos, capital del occidental departamento uruguayo de Río Negro, históricamente hermanada con Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos y distante unos 22 kilómetros del río limítrofe.
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Aunque reconocen contar hoy con menos fuerza para la protesta que al comienzo, los activistas insisten en que su postura es un "resguardo" frente a la política de hechos consumados que, según dicen, plantea el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez a favor de una industria celulósica que amenazaría el proyecto turístico local en el que está involucrado gran parte de su comunidad.
Al comienzo de la protesta y cuando aún la fábrica era un proyecto la Asamblea logró movilizar a una cantidad de personas del lugar y zonas cercanas equivalente al 60 por ciento de los 80.000 habitantes de Gualeguaychú.
La confirmación de los bloqueos fue descalificada por algunas de las principales espadas mediáticas del oficialismo argentino.
El jefe del Gabinete ministerial, Sergio Massa, calificó este tipo de medidas de "antidemocrática".
Con Massa coincidió el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien ya era uno de los principales portavoces de Néstor Kirchner, que precedió a su esposa, Fernández, en la presidencia de Argentina de 2003 a 2007. Declaró que el Poder Ejecutivo "nunca estuvo de acuerdo con los cortes" de ruta.
También consideró que la presencia de la planta finlandesa es "saludable para la región" el dirigente social Luis DElía, líder de uno de los grandes movimientos de "piqueteros", llamados así por la modalidad de protestar precisamente con el bloque de rutas para reclamar trabajo y otras reivindicaciones.
DElía es señalado por analistas y periodistas como un vocero de las posturas más extremas del kirchnerismo, el sector centroizquierdista gobernante del heterogéneo Partido Justicialista (peronista).
Por último, el gobernador de Entre Ríos, el también peronista Sergio Urribarri, expresó que sería inminente la liberación de las vías de tránsito hacia Uruguay, porque "el corte de ruta está agotado", agregando argumentos a lo que había afirmado hace dos semanas en cuanto a que "Botnia no contamina".
Luis Leissa, ex intendente (alcalde) de Gualeguaychú y abogado de la Asamblea, dijo a IPS que los gobiernos nacional y provincial "están con una clara voluntad de desactivar el corte y dejar que el funcionamiento de Botnia sea un hecho consumado". "En realidad, muestran una enorme pasividad y obran por reacción y demagogia", sostuvo.
PUENTE DE REHÉN
La interrupción total del paso terrestre más importante entre ambos países comenzó en noviembre de 2006, afectando a turistas y trabajadores. El principal perjudicado es Uruguay, cuyas playas son destino de centenares de miles de argentinos en los veranos australes.
El ministro de Turismo y Deportes de Uruguay, Héctor Lescano, aseguró que siete de cada 10 visitantes que recibió ese país en enero —inicio de la temporada veraniega— de 2008 fueron argentinos.
La planta de Botnia produce 2.900 toneladas diarias de pasta de celulosa, volumen alcanzado en tiempo récord, lo cual la convirtió en la estrella de esa firma a nivel global.
En su construcción se llegó a contar con unos 5.300 trabajadores, causando un auge económico casi sin precedentes en Fray Bentos. Ya en actividad, sólo emplea a 300 personas, la mayoría técnicos especializados, 10 por ciento de los cuales son oriundos de Finlandia. Pero dirigentes locales afirman que se crearon unos 4.000 puestos laborales relacionados con esa actividad fabril.
Según sus registros, los estudios de impacto sobre el río y el aire se encuentran "muy por debajo de lo comprometido ante las autoridades uruguayas y de los estándares exigidos en la Unión Europea".
En cambio, en la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú anticipan un "deterioro acumulativo de un río de alta calidad como el Uruguay, que se percibirá concretamente en un lapso de siete u ocho años". Dicen que ya detectan "almejas afectadas".
Informan que la fábrica toma gratuitamente 30 millones de metros cúbicos de agua por año, 80 por ciento de los cuales vuelven al río luego de su uso industrial. Anualmente, la firma depositará en el río, según los activistas, al menos 150 toneladas de residuos tóxicos.
Como ocurriera en el pasado, al bloqueo del puente General San Martín se podrían sumar en los próximos días otros ocasionales en el segundo puente, 104 kilómetros más al norte, que une a Colón con la ciudad uruguaya de Paysandú, y en el tercero que conecta a Concordia con Salto.
Ante esa alternativa, una encuesta de la empresa Ibarómetro en Argentina señaló que 61,4 por ciento de los consultados reclama la liberación de las rutas. Pero en las comunidades afectadas por la amenaza de las pasteras, el apoyo a la metodología de la protesta sigue siendo mayoritario.
Producto de la movilización social, en su momento el gobierno de entonces de Kirchner declaró al reclamo como "causa nacional".
Además presentó un recurso en mayo de 2006 ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por considerar que Uruguay había violado el Tratado Bilateral del Río, firmado en 1975 y que obliga a los dos países a no ocasionar daño unilateral al ecosistema. El juicio está en curso y se estima que el fallo podría se emitido sólo en 2010.
Desde un principio, si bien el gobierno de Kirchner no avaló los bloqueos de ruta, al menos los tolero.
EL JUEGO DEL PODER
Silvina Rossi, integrante de la Asamblea, produjo el documental titulado "Historia de dos orillas", que recorre testimonios de expertos y presuntos damnificados por la actividad de plantas de celulosa en Fray Bentos, en Valdivia (Chile), Espirito Santo (Brasil), Puerto Esperanza (Argentina), Pontevedra (España) y de la propia Botnia en Finlandia.
"Para hacer Historia…recorrimos todas las ciudades conde hay plantas. Quedamos impactadísimos con las consecuencias. La globalización pretende que aceptemos resignadamente el lugar que nos quieren dar", expresó a IPS.
Rossi celebró que pudo exhibir la película, con el apoyo de organización no gubernamental Cinemateca Uruguaya, en una sala céntrica de Montevideo. Esta empresaria asegura que existe un bloqueo periodístico por parte de Botnia tanto en Uruguay como en Argentina.
"La información tendenciosa forma parte del paquete de poder. Los medios empezaron a jugar absolutamente en contra de la protesta de Gualeguaychú y a partir de un punto comienzan a distorsionar deliberadamente las informaciones", indicó.
Agregó que "Papel Prensa tiene su posición". Esa firma es la industria papelera conformada por los dos principales diarios argentinos y el Estado, que posee una planta de celulosa también puesta bajo la lupa de las organizaciones ecologistas.
"Botnia representa cambiar un modelo de desarrollo sustentable por uno de pobreza. Quieren transformar esta zona, querendonamente turística, en un polo industrial", sostuvo Rossi.
Arguye que el desarrollo alcanzado por la ciudad entrerriana a la vera del río Gualeguaychú, afluente del río Uruguay, que tiene 100 por ciento de sus efluentes tratados, es el más importante del mundo en una cuenta de agua dulce.
El gobierno argentino realiza estudios de impacto ambiental periódicos con el apoyo de las universidades estatales de Luján y La Plata. Pero sus resultados no fueron divulgados hasta ahora por una decisión estratégica de cara al juicio de La Haya, según indican sus portavoces.
Por su parte, la organización ambientalista Green Cross, creada por el ex mandatario soviético Mijail Gorbachov, emitió dos estudios que niegan que la planta haya contaminado.
Estos resultados, empero, son desechados por los ambientalistas, quienes añaden que Marisa Arienza, presidente de esa organización en Argentina, advirtió que los informes no atienden una posible, para ellos, contaminación acumulativa.
Acerca de las críticas que genera el bloqueo de un puente internacional, el ex intendente Leissa respondió: "nos acusan por utilizar la vía de hecho cuando en realidad el que la utiliza es Tabaré Vázquez".
El abogado indicó que, además de permitir "de hecho" la construcción de la planta, "nos bloquean la vía judicial para solucionar el conflicto".
La referencia es a la negativa del gobierno izquierdista uruguayo de entregar informes solicitados por un tribunal entrerriano para sustentar una demanda contra Botnia por el presunto delito de tentativa de contaminación. Montevideo también negó la autorización a directivos de la firma a concurrir a declarar en este caso.
Vázquez adujo que "la solicitud" afecta "los intereses esenciales tanto en lo económico vinculado a la instalación de emprendimientos comerciales", como "en relación a los derechos soberanos del Estado de disponer de su territorio, libremente y sin coacción".
Leissa admitió que algunos habitantes de Gualeguaychú comenzaron a bajar los brazos. "No queremos que la causa (ambientalista) quede como un reclamo retórico y formal. Se puso en alerta a muchos sectores, vamos a seguir", puntualizó.
