Una columna de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso, que se desplaza en los valles cocaleros del nororiental Alto Huallaga, buscaría con sus ataques un acuerdo de paz que contemple una amnistía y restauración de derechos de quienes se alzaron en armas en 1980.
Eso es lo que afirman las actas de interrogatorios policiales efectuados al dirigente senderista Atilio Cahuana.
Cahuana fue capturado en noviembre de 2007. Sus afirmaciones explicarían por qué un año después de ese revés y de la muerte del jefe militar Mario Espíritu Acosta, conocido como "Camarada JL", los senderistas volvieron a emboscar a un convoy policial, con un resultado de cinco uniformados muertos.
Cahuana estuvo preso entre 1988 y 1998 en los penales de máxima seguridad de Canto Grande, en Lima, y Yanamayo, en la sudoriental región de Puno, y salió en libertad tras cumplir una condena de 10 años de reclusión.
En la prisión se vinculó con Héctor Aponte, el "Camarada Clay", otro jefe militar senderista del Alto Huallaga. Tras ser liberado, Cahuana buscó a Aponte y se reinsertó en la lucha armada a principios de 2000.
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El 27 de noviembre de 2007, la policía sorprendió descansando a una columna del Comité Regional del Huallaga en las cercanías de Aucayacu. Allí cayó el "Camarada JL" y fue detenido Cahuana, "Camarada Iván", viejo militante e ideólogo de la organización, además de una docena de guerrilleros.
El gobierno creyó que esa acción exitosa mermaría las fuerzas senderistas y que pronto se produciría la captura del líder histórico del Comité Regional del Huallaga, José Flores León, el "Camarada Artemio".
Pero en noviembre de este año, casi un año después de ese operativo, el grupo senderista emboscó a un convoy policial muy cerca de Tingo María, una importante localidad selvática del nororiente peruano.
En los interrogatorios policiales, Cahuana asegura que la guerrilla no se rendirá hasta conseguir que el gobierno entable una negociación con el fin de resolver la situación legal de quienes participaron del conflicto armado interno, entre 1980 y 2000.
Los ataques senderistas serían una forma de presionar por esa negociación, para debatir "la solución política de los problemas derivados de la guerra", según lo escrito en las transcripciones de los interrogatorios.
"Primero, (buscamos) resolver la cuestión de los desaparecidos, expatriados y presos políticos. Segundo, amnistía general en función de una futura reconciliación nacional. Tercero, restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados durante el régimen de (Alberto) Fujimori (1990-2000). Cuarto, puestos de trabajo para el pueblo. Y, quinto, el cierre de la Base Naval del Callao, que es algo yo propuse", afirmó Cahuana, según el documento.
Fuentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) dijeron a IPS que la finalidad de esa "solución política de los problemas derivados de la guerra" es conseguir la excarcelación de Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua, "junto con otros miembros de la cúpula de la organización".
"Quieren sacar en libertad a Guzmán con el objetivo de reorganizarse, recomponerse y continuar con la lucha armada", según esas fuentes.
"No hay un solo documento posterior a la captura de Guzmán (el 12 de septiembre de 1992) que indique una renuncia al objetivo que se plantearon cuando iniciaron la lucha armada en 1980: conquistar el poder. Por eso incluso han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir la nulidad de la sentencia a Guzmán", añadieron.
El abogado de Guzmán, Alfredo Crespo, dijo el 10 de este mes que había recurrido a la CIDH porque en el proceso contra el líder guerrillero se habían violado algunos de sus derechos.
Entre 1980 y 2000, un período que comprende tres gobiernos, fuerzas del Estado combatieron a la guerrilla senderista y al también insurgente, pero más pequeño, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Casi 70.000 personas murieron o "desaparecieron" víctimas de la guerrilla o de la represión estatal, según el informe de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación, publicado en 2003.
La mayor responsabilidad de los crímenes recayó en Sendero, según la Comisión, si bien las fuerzas del Estado incurrieron en "prácticas generalizadas y /o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos".
Ahora, si las autoridades aceptaran el diálogo, no sería la primera vez que conversan con los senderistas del Comité Regional del Huallaga. A fines de 2003, cuando gobernaba Alejandro Toledo, hubo un primer encuentro, según las transcripciones del interrogatorio a Cahuana.
En esa reunión se presentaron seis comisionados del gobierno, entre ellos un representante del Ministerio del Interior y, por los senderistas, "tres dirigentes y mi persona", dijo Cahuana.
"Luego de tres reuniones, en períodos de quince o veinte días de alternancia ( ) la respuesta del gobierno fue negativa a una salida política. Plantearon que nuestros puntos eran inviables ( ), (y dijeron) que nos preferían muertos o presos de por vida", agregó.
En febrero de 2007, hubo otro intento de conversaciones, según el líder senderista. Esa vez enviaron cartas al presidente Alan García y al primer ministro Jorge del Castillo.
"En la tercera semana de febrero (…) (las autoridades) contestaron por intermedio de una persona que intercedió en la conversación. La respuesta fue negativa. Dijeron que no era un tema tratable para el gobierno. La respuesta fue verbal, no estuvo documentada", relató Cahuana.
El frustrado intento impulsó a los senderistas del Comité Regional del Huallaga a persistir en los ataques a las fuerzas de seguridad y, paralelamente, en la búsqueda de respaldo de la población de la zona, cuya economía se sustenta en el cultivo de coca, materia prima de la cocaína.
De acuerdo con cifras de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, en 2000 había más de 13.600 hectáreas de coca en el Alto Huallaga, y en 2007 esos cultivos superaron las 17.000 hectáreas.
Sendero aprovecha el rechazo de la gente de la zona a la erradicación forzosa de coca para captar ese descontento y conseguir una base de apoyo entre los campesinos.
Precisamente, el papel de Cahuana consistía en adoctrinar a los nuevos miembros de la organización y penetrar en las poblaciones de los cocaleros para sumarlos a su causa.
"En cada pueblo o caserío al que llegábamos tratábamos los problemas de los pobladores. Luego, en la parte final, ellos planteaban las incorporaciones voluntarias" a Sendero, dijo.
"Yo tenía reuniones constantes con los campesinos. Las incorporaciones tardan más de un año. Es una labor muy compleja, muy difícil, y para eso tenemos las escuelas populares", explicó.
Cahuana también desempeñaba labores que competen a la autoridad pública. "Resolvía problemas limítrofes entre comunidades, disputas entre familias, asuntos que el Poder Judicial era incapaz de resolver, deudas, daños de cultivos por invasión de animales, problemas de delincuencia común, violaciones sexuales", describió.
"Veíamos la educación de los niños, el tema de los profesores, de las asociaciones de padres de familia, etcétera", detalló el dirigente senderista.
"Estábamos en las zonas donde el Estado no llega. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior como los gobernadores y tenientes gobernadores no pueden hacerlo, no llegan hasta allí", añadió.
Según las fuentes policiales, lo que también mantiene vivos a los senderistas "en el Alto Huallaga son los 'cupos' (impuestos de guerra) que cobran a los narcotraficantes".
Cahuana es hijo de migrantes andinos. Nació en Lima el 8 de octubre de 1964 y, según sus afirmaciones, estudió en escuelas del centro de la capital entre 1971 y 1981.
En 1988 fue arrestado por la policía portando explosivos y documentación senderista. Fue condenado a 10 años de prisión. Mientras estaba recluido se vinculó a dirigentes de su organización y se desarrolló como ideólogo.
Cahuana dijo a sus captores que sus compañeros continuarían la lucha.
"El único propósito de mi amor por el Partido Comunista del Perú (PCP-Sendero Luminoso), es que se concrete una solución política en nuestro país, así nos demande mucho sacrificio hasta de uno mismo", se lee en el acta de su interrogatorio.
Otra columna de Sendero Luminoso, el Comité Regional del Centro, actúa en la zona cocalera del valle de los ríos Apurímac y Ene, en el sur, donde es combatida por las Fuerzas Armadas. Hay indicios de que los insurgentes del Huallaga han intentado vincularse a ese grupo, pero no hay evidencias concretas de que desplieguen acciones coordinadas.
