El reconocimiento oficial del carácter dictatorial y violador de derechos humanos del gobierno de Alfredo Stroessner (1954-1989) es lo más destacado de este año, afirma el no gubernamental Informe de Derechos Humanos del Paraguay.
El análisis, que se elabora desde hace 13 años y desde 1999 está a cargo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), fue presentado este miércoles en el marco de la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El documento señala como el suceso de mayor impacto el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), que dejó al descubierto en agosto violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Stroessner.
La CVJ, independiente y creada por ley en 2003, investigó denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, a través de testimonios de las víctimas.
Su informe de más de 1.000 páginas reúne 2.130 relatos de torturas, asesinatos, secuestros y persecuciones cometidas en el período dictatorial y en los 14 años posteriores, considerados de transición democrática, hasta 2003.
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"Por su impacto en la garantía de los derechos humanos, la presentación del informe de la CVJ es el tema del año. Permitió reconocer oficialmente el carácter dictatorial del gobierno de Stroessner, sus mecanismos de funcionamiento y el detalle más significativo de víctimas directas e indirectas", dijo a IPS la politóloga Line Bareiro, coordinadora académica del informe de la Codehupy.
"Los pasos siguientes de reparación de las víctimas, construcción de la memoria histórica y consolidación de la democracia con derechos humanos, se constituyen en desafíos que desde ahora deben visualizarse", puntualizó.
Otro punto que resalta el documento es la alternancia en el gobierno, resultado de las elecciones generales del 20 de abril.
"Este año resultó relevante la alternancia política en democracia, que para algunos marca realmente el inicio de la transición. Sin embargo, todavía está por verse el impacto de este paso en la garantía y goce efectivo de los derechos de toda la población", sostuvo Bareiro.
Esta edición del informe tiene un fuerte énfasis en el análisis de políticas públicas, a fin de conocer cómo recibió el gobierno de Fernando Lugo las diferentes instituciones del Estado.
Según Bareiro, parte de la herencia del Partido Colorado, que permaneció 61 años en el poder, es la falta de una cultura de Estado de derecho. Para superar este déficit, el Estado y la sociedad civil deberán trabajar afanosamente en los próximos años.
"Este informe tiene importancia por dos motivos, primero porque en cierta forma se retrata la herencia colorada y, segundo, se observa qué se hace a nivel de las políticas públicas", explicó.
Éstas son muy heterogéneas en Paraguay, porque no parten de la Constitución nacional para desarrollarse, observó.
"En una misma institución del Estado, decisores diferentes pueden tomar determinaciones distintas, e incluso en contradicción con la carta magna y los convenios internacionales ratificados por el país", subrayó. La cuestión ambiental también ocupa un espacio destacado del análisis. Se observa que no solo afecta a un sector determinado, sino que se torna cada vez más transversal.
"Si uno se fija en los diferentes artículos que contiene el informe, se percata de que el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, están siendo afectados y menoscabados por la violación de las leyes ambientales", dijo a IPS Juan Martens, abogado de la Codehupy.
El informe analiza de manera especial de qué manera la problemática ambiental afecta a las comunidades indígenas y campesinas.
La contaminación de las aguas, el monocultivo intensivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos y la administración de las licencias ambientales fueron aspectos importantes en las reivindicaciones de organizaciones campesinas e indígenas en los últimos meses.
Este año quedó de manifiesto "que la violación de derechos ambientales produce no solamente daños al ambiente, sino daños a la vida", indicó Martens.
Por el uso indiscriminado de agrotóxicos se produjeron lesiones graves, principalmente por parte de los plantadores de soja que, dijo Martens, incumplen de manera sistemática las normas.
En ese contexto, la actuación de la justicia también estuvo bajo la lupa de los analistas de derechos humanos. "Lamentamos la inacción de la justicia paraguaya, la justicia penal, por un lado, y la justicia administrativa, por otro", resaltó Martens.
Para el abogado, la justicia penal estuvo ausente en gran medida porque, en muchos casos estudiados, fiscales y policías ni siquiera actuaron.
En cuando a la justicia administrativa, Martens indicó que a partir de la asunción del nuevo gobierno el 15 de agosto mejoró de manera sustancial, pero su ejercicio aún depende de la voluntad y de los escasos recursos humanos con que cuenta.
Señaló como ejemplo la situación de la Secretaría del Ambiente que, para controlar más de tres millones hectáreas de plantaciones de soja, dispone solo de seis funcionarios destacados.
El informe desarrolla las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas al Estado paraguayo, en cuestiones como los trámites para dotar de partidas de nacimiento a niños y niñas, la prevención de la trata de personas y las garantías de protección de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico.
El informe 2008 fue elaborado por 59 autoras y autores especialistas, en los temas presentados, de 23 organizaciones, de las que siete son coaliciones y redes temáticas.
"Una de las preocupaciones se refiere a que todavía la aplicación de las leyes, el funcionamiento institucional y la implementación de las políticas públicas resulta discrecional, en función de intereses de grupos de poder económico y de sectores tradicionalmente moralistas", indicó Bareiro.
Entre las novedades de este año figura un artículo sobre la discriminación hacia las personas que hablan guaraní, y que fue íntegramente redactado en ese idioma indígena, oficial en este país junto con el español. También se aborda la discriminación hacia los y las inmigrantes.
El informe 2008 parte de un análisis de coyuntura política y económica, seguido de capítulos sobre los derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad y de familia, así como los económicos, sociales y culturales.
Hay artículos específicos sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, y sistemas de protección de derechos humanos.
Para los autores y autoras, esta es una radiografía de las condiciones actuales de los derechos en Paraguay, no solo de los retrocesos, sino también de los avances.
