El último escándalo de corrupción en Chile, protagonizado por una red de funcionarios judiciales y policiales que ayudaba a delincuentes, mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía, que se pregunta si los casos de este tipo han aumentado en el país o si la novedad es que ahora se conocen.
"Sin duda los avances en materia de acceso a la información y transparencia, junto a la mayor sensibilidad pública, han incidido en que estos temas se conozcan mucho más", dijo a IPS Moisés Sánchez, director ejecutivo de la no gubernamental Fundación Proacceso.
"Es difícil saber si la corrupción (en Chile) es mayor hoy que antes, pero lo que sí se puede saber es que es de mayor interés para los medios de comunicación y los ciudadanos", remarcó Sánchez este lunes, en víspera de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción.
Por su parte, Álvaro Ramis, presidente de Acción, Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales, comentó a IPS que "ambas cosas son ciertas". "Por un lado, estamos en una sociedad donde hay mayor capacidad de fiscalización y de control social, así como de mayor intolerancia de la ciudadanía a la corrupción", explicó.
"Por otra parte, creo que también hay un mayor grado de corrupción, debido a que vivimos en una sociedad altamente mercantilizada, donde el tener es un valor absoluto y donde se atropella cualquier derecho en función de tener más recursos económicos", acotó.
En octubre, la fiscal Nancy González ordenó la detención de una veintena de funcionarios judiciales y de la Policía de Investigaciones (PDI), acusados de pertenecer a una red de corrupción que se dedicaba a adulterar documentos para que delincuentes fueran dejados en libertad u obtuvieran beneficios carcelarios a cambio de importantes sumas de dinero.
Conforme ha avanzado la investigación, otros miembros del Poder Judicial y de la PDI se han visto involucrados directa o indirectamente en este escándalo.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, informó el 13 de noviembre que 16.000 contraórdenes de detención, de un total de 51.000 analizadas a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, mostraron "inconsistencias" que se están investigando.
Ante la gravedad de los hechos, la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el Tribunal Constitucional realizaron el 2 de este mes una "cumbre anticorrupción".
En esa oportunidad, firmaron un acuerdo donde se comprometieron a intercambiar información y estrategias para prevenir y enfrentar este tipo de actos contra la probidad.
"Me parecen señales positivas, que dan cuenta de un proceso de internalización de las exigencias de la opinión pública al interior de estas instituciones", sostuvo Sánchez.
Asimismo, el director de la PDI, Arturo Herrera, aseguró el 4 de este mes ante la comisión de seguridad ciudadana y drogas de la Cámara de Diputados que los actos de corrupción no son una "práctica sistemática" dentro de este organismo, en el cual trabajan 9.300 funcionarios.
Pero la red descubierta en octubre no es un caso aislado.
En junio, fueron detenidos los miembros de una banda de narcotraficantes, conocidos como "Los Care'Jarro" y que operaban bajo una escudo de protección judicial y policial, cuyos alcances se encuentran en plena investigación. Tres carabineros (policías uniformados) fueron expulsados por este caso.
En marzo, se destapó otro hecho grave. La empresa de origen indio, Tata Consultancy Services, se habría adjudicado de forma irregular una licitación del Servicio de Registro Civil e Identificación por 80 millones de dólares, que tenía por objetivo renovar la plataforma tecnológica del organismo.
La bomba explotó al conocerse que el ex asesor, Andrés Contardo, trabajaba paralelamente en el Registro Civil y en Tata.
El gobierno anuló la licitación y removió al entonces director de la institución, Guillermo Arenas, y a los cuatro subdirectores del servicio. Contardo fue enjuiciado por los delitos de revelación de secreto con grave daño a la causa pública y cohecho.
En noviembre se abrió una nueva arista en esta causa: se detuvo a un subprefecto de la PDI acusado de borrar las cintas donde se almacenaban grabaciones telefónicas secretas hechas a Arenas. Medios de comunicación han planteado que podría haber una vinculación entre la licitación y el financiamiento de la campaña electoral de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
El actual gobierno también ha sido marcado por las irregularidades que afectaron al Instituto Nacional de Deportes, en 2006, y al Ministerio de Educación este año. La ex titular de esa cartera, Yasna Provoste, inclusive fue destituida por el parlamento.
Por otra parte, todavía son indagados por la justicia casos de corrupción destapados durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) en la Empresa de Ferrocarriles del Estado y en el Ministerio de Obras Públicas, por nombrar algunos.
Para algunos analistas políticos y dirigentes de la alianza derechista de oposición, integrada por los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, las constantes faltas a la probidad del último tiempo están asociadas al desgaste de la Concertación de Partidos Por la Democracia, la coalición de centroizquierda en el gobierno hace 18 años.
Estos ilícitos han ido minando la imagen que el país tenía de sí mismo como "isla" proba dentro de América Latina.
Según el último informe de la no gubernamental Transparencia Internacional, divulgado en septiembre, Chile bajó del lugar 22 al 23 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2008, disminuyendo su puntaje por cuarto año consecutivo y perdiendo el liderazgo absoluto que ostentaba en la región.
En 2007, Chile encabezaba el ranking de países de América Latina percibidos como menos corruptos, pero este año comparte el primer lugar con Uruguay.
La mayoría de los observadores coinciden en que se requiere seguir modernizando el Estado. Entre los últimos avances se destaca la promulgación en agosto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El 29 de octubre se constituyó el Consejo para la Transparencia, integrado por cuatro profesionales nombrados por Bachelet y ratificados por el Senado, cuya misión es fiscalizar el cumplimiento de esta normativa.
"La nueva ley de acceso a la información pública va a contribuir a eliminar la visión patrimonialista que por décadas marcó la cultura del sector público, que veía a la información como algo de su propiedad", plantea Sánchez.
"Es, en cierta forma, abrir las ventanas y las puertas, y permitir que entre la luz del sol a aquellos lugares donde antes no era posible", complementó. Pero todavía quedan importantes materias pendientes, como la regulación del cabildeo.
"Yo creo que el mejor instrumento para prevenir y combatir la corrupción es una agenda democratizadora. Cuando hay participación social, cuando la gente se involucra en la planificación de las políticas de Estado y hay control social, la corrupción se transforma en algo menor", dijo Ramis, cuya entidad lanzará este jueves el primer Código de Ética de las organizaciones no gubernamentales chilenas.
"(Con el código) nosotros queremos dar la señal de que la sociedad civil no sólo está llamada a fiscalizar y tener capacidad de control sobre el Estado sino que también ella misma debe ser un actor que esté en permanente discernimiento y escrutando su práctica", indicó.
Ante la corrupción "no hay soluciones tecnocráticas", remarcó el presidente de Acción.
"Creo que las soluciones son democratizadoras, políticas y asociadas a componentes culturales: afrontar que en una sociedad mercantilizada y con valores centrados en el lucro obviamente no se pueden construir los parámetros de confianza que requiere un Estado a favor del bien común", concluyó.
