El presidente saliente de Estados Unidos, George W. Bush, ha sido muy impopular en Europa, pero sus políticas en la «guerra contra el terrorismo» han encontrado muchos seguidores aquí.
Daniel Finke y Thomas Koenig, profesores de política de la Universidad de Mannheim, 500 kilómetros al sur de Berlín, hallaron numerosas similitudes entre la ley de seguridad interna estadounidense y la legislación europea desde 2001, año en que se produjeron los ataques terroristas en Nueva York y Washington.
"Existe una tendencia en toda Europa que restringe las libertades civiles a cambio de una mayor seguridad colectiva", dijo Koenig a IPS.
Ambos académicos estudiaron los casos de Alemania, Austria, Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia.
Las nuevas leyes europeas que limitan los derechos civiles incluyen disposiciones como el almacenamiento en computadoras de registros de huellas digitales hasta el control de todas las comunicaciones telefónicas y a través de Internet, incluidas las operaciones bancarias.
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Finke y Koenig señalan que esta tendencia de restringir libertades civiles para obtener mayor seguridad atenta contra los derechos democráticos de instituciones como los parlamentos.
"Los legisladores se ven forzados a ratificar sin cuestionarlas todas las decisiones de los gobiernos, sin el derecho de debatirlas y eventualmente rechazar algunos puntos de esas leyes", señaló Koenig.
Esto significa, agregó, que los gobiernos están desmantelando el sistema democrático de controles y equilibrios entre los poderes.
En el libro "El legislador como terrorista, o cómo la política fomenta el miedo", Heribert Prantl, ex fiscal de distrito en Munich y actualmente comentarista del diario Sueddeutsche Zeitung, afirma que los gobiernos de todos los países ricos "han sacrificado los derechos civiles en el altar de la seguridad interna y la llamada 'guerra contra el terrorismo'".
"Inspiradas en la idea de prevenir el terrorismo, que dominó la política exterior estadounidense durante el gobierno de Bush, las nuevas leyes consideran a cada uno de nosotros como a un terrorista en potencia", dijo Prantl a IPS.
"Antes de 2001 era al revés. Si una persona no daba razones para ser considerada sospechosa se la dejaba en paz. Eso se llamaba estado de derecho. Ahora las leyes nos están quitando nuestras libertades", agregó.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, señaló el mes pasado en un informe que los países que integran la Unión Europea (UE) han estado restringiendo los derechos de los periodistas para informar libremente sobre cuestiones políticas.
El estudio agregó que, actualmente, Estados Unidos aparece detrás de naciones africanas como Mali, Ghana y Namibia en el índice mundial sobre el grado de respeto a la libertad de información.
Algunos países europeos han estado acosando sistemáticamente a los periodistas, advirtió RSF. "Francia, en los últimos dos años, logró el récord de intervenciones policiales y judiciales en relación con la confidencialidad de las fuentes de los periodistas, con cinco allanamientos, cuatro citaciones y dos acusaciones preliminares", destacó el estudio.
El informe condenó especialmente los arrestos del periodista investigador Guillaume Dasquié, efectuado por la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST), la agencia de inteligencia francesa, y Bruno Thomas, reportero de la revista de automovilismo Auto Plus.
Dasquié fue detenido por la DST en diciembre de 2007, luego de la publicación en julio, en el diario Le Monde, de un informe de inteligencia sobre la organización Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden. Fue liberado luego de dos días de interrogatorio.
Thomas fue arrestado en julio de 2007, y se encuentra aún bajo investigación policial, por publicar un artículo sobre un nuevo modelo de automóvil de la empresa Renault que todavía no ha sido lanzado al mercado.
El editor en jefe de Auto Plus, Laurent Chiapello, dijo que la reacción fue totalmente desproporcionada. "Simplemente estaba haciendo su trabajo, que es encontrar nueva información para informar mejor a los lectores", afirmó.
Ambos arrestos fueron acompañados por "allanamientos en sus casas y oficinas", demostrando que "la confidencialidad de las fuentes no siempre está adecuadamente protegida en 'la tierra de los derechos humanos'", indicó RSF.
Prácticas similares han sido introducidas en países como Alemania, España e Italia, agregó.
Esas acciones del gobierno francés fueron seguidas por el anuncio, en mayo, de que se aprobaría a principios de 2009 una nueva ley sobre la confidencialidad de las fuentes y la protección de los periodistas.
En Alemania, 17 trabajadores de importantes diarios de Berlín, Frankfurt, Hamburgo y Munich fueron procesados el año pasado por "revelar secretos de Estado", luego de la filtración a la prensa de material confidencial de una comisión parlamentaria que investigaba el papel de los servicios de inteligencia en la "guerra contra el terrorismo".
La asociación que agrupa a los periodistas alemanes señaló que desde 1986 se llevó a juicio a 180 reporteros acusados de "complicidad" en la difusión de secretos de Estado. Todos los casos fueron dejados de lado en 2007.
Activistas por la libertad de información en Internet, por su parte, se oponen a los crecientes controles gubernamentales sobre ese medio.
Cuestionan particularmente una directiva de la UE de 2006, que obliga a todas las empresas de telecomunicaciones de los países del bloque a almacenar por un período de entre seis meses y dos años toda la información necesaria para "rastrear e identificar la fuente de una comunicación, su destino, el dispositivo empleado y la ubicación del equipo de comunicación móvil".
"Esa directiva permite que toda la población europea sea observada sin que exista sospecha previa", dijo el activista alemán Ralf Bendrath. "Con quién hablo o a quién le escribo, si uso Internet o no, mi ubicación, es información que a nadie le incumbe, mucho menos a los gobiernos", aseguró.
Bendrath dijo a IPS que la reciente desaparición de información fiscal, bancaria y personal de ciudadanos de Gran Bretaña y la comercialización ilegal del banco de datos de la empresa de telecomunicaciones alemana Deutsche Telekom "muestra la facilidad con la que se llega al abuso criminal a través de la retención de datos".
Varios dispositivos de almacenaje electrónico, con información sobre millones de ciudadanos han sido robados o perdidos en Gran Bretaña desde 2006. En uno de esos casos, se trató de las direcciones, fechas de nacimiento, número de seguro social y detalles de las cuentas bancarias de todas las personas que habían solicitado subsidios familiares.
Deutsche Telekom está involucrada en varios casos de empleo inapropiado de bancos de datos electrónicos. En un caso de 2006, la información personal de 17 millones de clientes de su servicio de telefonía móvil fue robada y ofrecida, entre otros, a un sex shop y a un vendedor de pornografía. Cuatro ejecutivos de la empresa, de mediana jerarquía, fueron despedidos.
En otro episodio similar, información personal de 30 millones de clientes de Deutsche Telekom fue hecha pública a través de Internet. Además, durante 2005 y 2006, la empresa espió a 60 miembros del sindicato que representa a sus empleados y a periodistas, en un intento de identificar a los responsables por fugas de información interna de la compañía.
