DDHH-COLOMBIA: La impunidad comienza a paso lento a quedar atrás

A la hora 11:40 de la mañana del 6 de noviembre de 1985 había más de 300 personas en el Palacio de Justicia, a un costado de la Plaza Bolívar de la capital colombiana, cuando 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomaron el edificio.

René Guarín y otros familiares de desaparecidos en el Palacio de Justicia cubren de flores el último tramo de calle que sus parientes recorrieron vivos. Crédito: Adriana Cuéllar/IPS.
René Guarín y otros familiares de desaparecidos en el Palacio de Justicia cubren de flores el último tramo de calle que sus parientes recorrieron vivos. Crédito: Adriana Cuéllar/IPS.
El comando del grupo insurgente nacionalista hoy desaparecido tenía la intención de enjuiciar al gobierno de la época, encabezado por Belisario Betancur (1982-1986), por traicionar pactos de paz acordados en 1984, así como también reponer un nuevo diálogo y rechazar la extradición de nacionales a Estados Unidos.

Veinticinco minutos después comenzó el asalto militar y policial para retomar el edificio, una acción extrañamente preparada de antemano, según un civil que entonces trabajaba con el ejército en operaciones "sucias" y que ahora está exiliado, y también por un documento hallado por la Fiscalía General de la Nación en el Ministerio de Defensa.

La batalla duró 27 horas y nunca hubo negociación. La orden de "cese el fuego" del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, no fue atendida.

El presidente Betancur no logró manejar la crisis, y el ejército la resolvió a su estilo. Murieron 11 magistrados, considerados los juristas más brillantes de su generación, y otras 80 personas. 11 civiles que trabajaban o estaban de paso en la cafetería siguen aún desaparecidos.
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El M-19 se desmovilizó en 1990 tras un pacto de paz definitivo, que incluyó la amnistía por esta violación del Derecho Internacional Humanitario. Seis de los asaltantes están vivos hoy.

Con el tiempo, y ante pruebas que aparecen también extrañamente gota a gota, aumentan las familias que dudan de la versión oficial sobre cómo y dónde murieron sus parientes.

Siempre se puso en entredicho la desproporcionada respuesta militar, pero desde 2005 se multiplican los testimonios sobre torturas hasta la muerte, desaparición forzada, incendio premeditado de parte de los uniformados y órdenes de ejecución de testigos, incluso contra civiles heridos que habían sido trasladados a hospitales.

Los jefes militares de la retoma siguieron sus exitosas carreras, y sólo ahora la justicia intenta aclarar sus actos mediante procesos en su contra. Nadie ha sido condenado.

El incendio del Palacio arrasó no sólo con vidas, también con procesos judiciales contra militares por violación de los derechos humanos.

Los documentos originales de procesos de extradición de narcotraficantes reposaban en el Ministerio de Gobierno, aunque se acusa al M-19 de haber incendiado las copias de esos expedientes en la Corte Suprema, a cambio de dinero del narcotraficante Pablo Escobar, muerto a balazos en 1993.

Para esclarecer lo sucedido en el Palacio, en noviembre de 2005 la Corte Suprema de Justicia creó la extrajudicial Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia, integrada por tres ex presidentes de ese alto tribunal. Su informe final será publicado en abril de 2009.

Este lunes se cumplen 23 años del comienzo de la lucha del ingeniero de sistemas René Guarín por encontrar a su hermana Cristina.

Licenciada en Ciencias Sociales, de 27 años, bilingüe, Cristina Guarín laboraba por unos días en la cafetería del Palacio mientras llegaba diciembre, cuando planeaba viajar a Madrid e iniciar un postgrado en Educación en la Universidad Complutense.

Trescientos poemas a Cristina le escribió su padre, quien nunca aceptó que estuviera muerta, y hasta su fallecimiento, en 2001, la buscó entre los dementes que vagan por las calles del centro de Bogotá. "Ya dejarle eso a Dios", dice sobre el destino de la séptima de sus ocho hijos la madre de Cristina, hoy de 85 años. Pero René no le abre la puerta a la resignación. IPS habló con él.

IPS: ¿Se está descorriendo el velo de la verdad sobre el Palacio?

RENÉ GUARÍN: Al parecer sí, pero de manera muy lenta. Y se está descubriendo más a través de los medios que por parte de la Comisión de la Verdad, que claramente quiere descontextualizar la toma mostrándola como un mandado del M-19 al narcotráfico, y punto. Así no se vislumbra justicia.

Y así lo dejan ver la libertad, el 30 de octubre por vencimiento de términos, del general (r) Edilberto Sánchez (entonces jefe de inteligencia, B-2, de la Brigada XIII del ejército en Bogotá), acusado por la Fiscalía de las desapariciones forzadas, y las mentiras del coronel (r) Luis Alfonso Plazas, entonces comandante de la Escuela de Caballería y detenido el 14 de julio de 2007.

Su juicio comenzó el 26 de julio pasado, y es el primer militar procesado por la justicia ordinaria por desaparición forzada.

IPS: ¿En qué miente, según usted, el coronel Plazas?

RG: Sus mentiras: "No hay desaparecidos, todos murieron en el cuarto piso, calcinados". Desconoce abiertamente lo que ya reconoce fiscalía: la salida con vida del Palacio de por lo menos dos desaparecidos, y la presencia viva de Irma Franco (guerrillera que participó en la toma) en el lugar donde operaba el B-2.

Su segunda mentira es que los restos de los desaparecidos están en Antropología Forense de la Universidad Nacional. Eso fue desmentido mediante estudio de ADN firmado por 11 profesionales, que descarta que los desaparecidos del Palacio estén entre los restos que ha estudiado la universidad.

IPS: Entretanto ¿qué está claro para las familias de lo que ocurrió?

RG: Está claro que hubo una toma que tuvo claros orígenes políticos y no tuvo única o exclusivamente el ingrediente del narcotráfico. Los antecedentes así lo dejan ver: había una tregua declarada rota el 20 de junio de 1985, y los acuerdos de cese al fuego fueron violados por el gobierno.

Está claro que nuestros familiares no aparecieron ni vivos ni muertos. Y está clara nuestra angustia desde el 10 de noviembre de ese año, cuando fuimos a Medicina Legal y no encontramos nada.

IPS: ¿A qué atribuye que estén apareciendo testigos y pruebas contra los militares, después de tantos años?

RG: Creo que muchos testigos no ven en los militares de ayer a unos enemigos fuertes hoy. El caso del Palacio refleja en un perfecto espejo a Colombia: impunidad, mentira sostenida, premios a los victimarios, olvido y lo peor, en Colombia ya van desde entonces 450 "palacios de justicia".

Aquí ha habido una matanza continuada, para apropiarse de la tierra o para exterminar a la oposición. La ofensiva más reciente en materia de crímenes de Estado son, al menos, 1.000 muchachos ejecutados por el ejército para presentarlos como bajas en combate.

Cada día entiendo más por qué Colombia tiene más y más Tirofijos (por el histórico jefe guerrillero muerto de causas naturales en marzo) y más y más Pablos Escobares.

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