Un comité integrado por ministros del Consejo de Europa tratará este jueves la Convención sobre Acceso a Documentos Oficiales, una legislación modelo en la materia, pero a la sociedad civil le preocupa la debilidad del texto del borrador, pues el documento final es una incógnita.
"Alrededor de 70 gobiernos adoptaron normas relacionadas con el derecho a la información en sus países", dijo a IPS Sejal Parmar, asesora legal de Artículo 19, una organización no gubernamental de Londres dedicada a defender y promover la libertad de expresión y de información en el mundo.
"Pero éste será el primer instrumento regional sobre el derecho a la información, por lo que es muy importante que sea de alta calidad o, al menos, cumpla con ciertos criterios modernos vinculados a la temática", apuntó.
El Consejo de Europa, encargado de redactar el borrador, es una organización que reúne a 47 países y que, desde su fundación en 1949, trata de establecer principios comunes para toda la región basándose en la Convención Europea de Derechos Humanos y otros textos de referencia en materia de protección de las personas.
El documento será sometido a los estados miembro para su firma. De obtener respaldo, comenzará a aplicarse en los países que lo ratifiquen. El texto se convertiría así en un marco de referencia importante para la legislación en la materia.
El Comité del Consejo de Europa, que pondrá a votación la Convención este jueves, está presidido por el canciller sueco Carl Bildt, cuyo país fue el primero en asegurar a sus ciudadanos el derecho a la información en 1776. Pero a los activistas les preocupa que esa legislación no esté del todo ajustada a los estándares modernos.
"Las legislaciones viejas como la de Suecia no tienen los mismos estándares que las nuevas, adoptadas por algunos países de Europa oriental", indicó Parmar.
A la organización Artículo 19, le preocupan varios asuntos.
Por ejemplo, "no queda claro en el borrador que todos los documentos oficiales deban ser, por defecto, de acceso público, y que sólo se consideren reservados aquellos en que están en riesgo otros derechos o intereses legítimos", explicó Parmar. "Tampoco está estipulado el plazo límite para responder a las consultas. Creemos que eso debe figurar" en el documento final.
El derecho a la información "debe aplicarse a todas las autoridades y organismos de la administración pública. Tampoco se menciona ese asunto, por ahora, apuntó.
"Debe aplicarse a entidades privadas que se desempeñan en la gestión pública u operan con fondos públicos. Los solicitantes deben tener la posibilidad de recurrir a un órgano de revisión con la potestad de ordenar la desclasificación" de documentos, añadió Parmar.
Hay varias discrepancias entre las instituciones del Consejo de Europa respecto del borrador actual por considerarlo débil. De hecho, la Asamblea Parlamentaria, integrada por delegaciones legislativas de los 47 países miembro, le hizo varias críticas este mes.
Numerosas organizaciones de derechos humanos que abogan por una mayor transparencia de los gobiernos pidieron al Consejo de Europa información acerca del contenido de la Convención.
"Es más que irónico que el primer tratado internacional sobre acceso a la información sea discutido a puertas cerradas", remarcó Helen Darbishire, directora ejecutiva de la organización Access Info Europe.
"El público tiene derecho a saber qué se discute y cuáles son las posturas de nuestros gobiernos al respecto", remarcó Darbishire, cuya organización, junto con Open Society Justice Iniciative y Artículo 19, encabezan los esfuerzos de la sociedad civil para lograr una convención más sólida.
El Consejo de Europa consideró el 12 de este mes si debe actuar, o no, en función de la opinión brindada por la Asamblea Parlamentaria, pero la población no ha sido informada.
Existe preocupación por la decisión que pueda tomar Suecia.
"La reputación de ese país como defensor de la transparencia se verá muy afectada si el ministro Bildt permite que se adopte un tratado como el actual, sin prestar la suficiente atención a las críticas de la sociedad civil, comisarios de información y gobiernos", subrayó Sandra Coliver, de Open Society Justice Initiative.
La redacción del texto de la convención quedó a cargo de un grupo de delegados de los gobiernos, en su mayoría de los países del noroeste de Europa, cuyas leyes sobre procedimientos administrativos suelen remontarse a los años 70 y principios de los 80, reza una declaración de Artículo 19.
"Una de las principales razones esgrimidas por los involucrados en la redacción para negarse a que se siga revisando el tratado es que el proceso ya lleva 10 años", explica.
"Eso no es tan así. Las conversaciones acerca de la convención comenzaron recién en 2002, tras la adopción del Consejo de Europa de la Recomendación sobre Acceso a Documentos Oficiales. La redacción actual comenzó recién en enero de 2006 y se terminó en julio de 2007", añade.
Tres organizaciones de derechos humanos dedicadas al asunto, Access Info Europe, Artículo 19 y Open Society Justicie Iniciative, fueron invitadas a participar en las reuniones de redacción.
FIN/IPS
