Anticiparse podría ser la palabra clave asociada al general Mario Montoya, quien tras 39 años de carrera militar presentó renuncia el martes a su cargo como comandante del ejército de Colombia, que ostentaba desde febrero de 2006.
Montoya se anticipó al triunfo del candidato del opositor Partido Demócrata, Barack Obama, a la presidencia de los Estados Unidos.
Ese partido y el propio Obama levantan una exigencia más fuerte que la del todavía gobernante Partido Republicano para que se ponga fin a las violaciones a los derechos humanos en Colombia, receptor de la tercera mayor ayuda militar externa de Washington, después de Israel y Egipto.
De hecho, el grupo legislativo demócrata mantiene congelada la ratificación del Congreso al Tratado de Libre Comercio con este país andino, al menos hasta que se esclarezcan, entre otros, los asesinatos de sindicalistas y se ponga fin a esta práctica.
"El camino para ese tratado bilateral es bastante más espinoso que hace algunas horas", lamentó Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, tan pronto se confirmó la victoria de Obama en la noche del martes.
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Desde comienzos de año, IPS supo que el Departamento de Estado de Estados Unidos presionaba por el retiro del general Montoya, considerado el promotor del "body count" o conteo de cuerpos como indicativo de resultados militares.
En público, el gobierno colombiano del derechista Álvaro Uribe ha manejado el tema de las ejecuciones extrajudiciales como un fenómeno reciente, sólo a partir de 11 casos de civiles del común que desaparecieron este año de sus hogares al sur de Bogotá y que habían sido presentados por autoridades militares como muertos en combate.
El escándalo saltó a las noticias el 23 de septiembre, pero el Informe 2008 de Derechos Humanos del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, en el capítulo colombiano, dedica un amplio aparte a las ejecuciones extrajudiciales en este país.
Menciona, por ejemplo, que, según la Fiscalía General de la Nación colombiana, "se realizaron 170 investigaciones activas sobre asesinatos extrajudiciales ocurridos entre enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2007".
También que en julio de 2007 se creó un comité de alto nivel sobre "matanzas extrajudiciales", en respuesta a una directiva del Ministerio de Defensa.
Ese comité autorizó la visita de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a las siete divisiones del ejército en todo el país "para revisar los casos con los comandantes de las unidades".
"Gracias a sus esfuerzos, se trasladaron 600 casos de derechos humanos del sistema de justicia militar a la justicia civil", consigna el Informe.
La OACNUDH está registrando casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2004, mientras que las organizaciones nacionales humanitarias las denuncian desde los años 70.
En este comienzo de noviembre, la investigación por ejecuciones extrajudiciales se extiende a 12 de los 32 departamentos del país, con más de 1.000 casos a cargo de la fiscalía y más de 760 militares y policías investigados.
Del mismo comité surgió también la instrucción "a los comandantes militares de privilegiar la desmovilización sobre las capturas y la captura sobre el ajusticiamiento", señala el Departamento de Estado sobre los grupos guerrilleros activos desde 1964.
Pero las medidas no parecieron tener efecto.
Según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), plataforma de 199 organizaciones humanitarias, entre enero de 2007 y junio pasado, "una persona perdió la vida diariamente por ejecución extrajudicial" cometida directamente por la fuerza de seguridad pública.
Los 11 asesinatos provocaron el 29 de octubre la destitución de tres generales del ejército, otros 17 oficiales y siete suboficiales. Sin mayores detalles, el gobierno invocó omisión o falta de control de las tropas para la drástica medida.
A estas destituciones también se adelantó el general Montoya. Sin consultarlo, como comandante del ejército, el Ministerio de Defensa creó el 29 de septiembre una comisión especial para investigar los hechos, liderada por el general Carlos Arturo Suárez y a la que ni siquiera fue invitado Montoya.
Así, éste creó su propia comisión investigadora interna, según él, apenas estalló el escándalo por los 11 ejecutados.
El 24 de octubre, tres días antes del informe confidencial de la comisión creada por el Ministerio de Defensa, Montoya nuevamente se anticipó.
Ese día separó del cargo a tres coroneles, todos con jurisdicción en el nororiental departamento de Norte de Santander, donde fueron ubicados los cuerpos de nueve de las 11 personas desaparecidas.
Montoya informó que su comisión había determinado que "existen serios indicios sobre dos o tres casos en los cuales no están claros los procedimientos cumplidos por el ejército".
Y anunció que la semana siguiente (última de octubre) sería convocada la junta asesora, encabezada por el Ministro de Defensa e integrada por todos los generales y almirantes, para que ésta determinara si aprobaba los retiros o no, como es el procedimiento usual.
El general dijo que pasaría a la fiscalía las pruebas testimoniales recogidas por la comisión, para que esta determinara "si hubo o no delito". Por su parte, Uribe exigió máximas penas para los tres militares que defraudaron su confianza.
Cuando la comisión dirigida por el general Sánchez presentó su informe al presidente Uribe, Montoya no fue invitado.
El 29 de octubre, Uribe anunció las destituciones. En la lista estaban los tres oficiales con cuya separación del cargo se anticipó Montoya.
Pero la anticipación de fondo podría tener relación con la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya y que entró en vigor el 1 de julio de 2002 para juzgar casos de genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad cuando los tribunales nacionales no actúen por acción u omisión.
Durante su visita a Colombia la semana pasada, la alta comisionada de Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, consideró que la destitución de los militares se basó en una advertencia suya que disparó las alarmas de Bogotá.
Pillay informó el sábado que en sus reuniones con representantes del Ministerio de Defensa de Colombia "les he hecho notar que, de acuerdo a los estándares internacionales, un superior podría ser penalmente responsable por crímenes cometidos por sus subordinados bajo su autoridad y control. Y como resultado de su falta de ejercicio del control sobre esos subordinados".
"Así que esa es la base sobre la cual ha actuado el gobierno", dijo Pillay, quien alentó a que "el proceso de investigación se siga de forma consecuente a través de todos los rangos, hasta llegar efectivamente a los que consumaron el acto".
La alta comisionada fue una de las juezas de la CPI hasta agosto pasado. Según el volumen de casos que sigue su oficina en Colombia, "parece ser que, efectivamente, esta práctica es sistemática y difundida, en mi visión", lo cual tipifica las ejecuciones extrajudiciales contra civiles en Colombia como un crimen contra la humanidad.
Aunque sólo a partir del 1 de noviembre de 2009 la CPI puede intervenir en Colombia por crímenes de guerra, este tribunal puede actuar de inmediato para delitos de lesa humanidad y genocidio en los que el Estado no haya podido o no haya querido hacer justicia.
También la no gubernamental Amnistía Internacional se pronunció este miércoles, recordando que organizaciones humanitarias "han vinculado a Montoya con una cantidad de casos de violaciones de derechos humanos".
"Esas acusaciones deben ser investigadas de forma independiente y efectiva por tribunales civiles, y no se debe usar la renuncia del general como excusa para enterrarlas", señala el comunicado de la organización con sede en Londres.
Así, quizá la renuncia del general Montoya no implique su retiro de las noticias.
