La muerte de dos manifestantes en Bangkok sacudió este mes el tablero político tailandés. La de 84 malayo-musulmanes hace cuatro años, no. Miembros de esta minoría tienen razones para sentir que sus vidas valen menos que las de la mayoría budista.
El comandante del ejército, general Anupong Pajinda, pidió el día 16 la renuncia del primer ministro Somchai Wongsawat por la muerte de dos opositores en choques con la policía a comienzos de mes.
En contraste, ningún militar ha sido responsabilizado aún de la masacre de 84 niños y hombres musulmanes a manos del ejército el 26 de octubre de 2004. Todos ellos participaban en una manifestación pacífica en la meridional localidad de Tak Bai.
En vísperas del cuarto aniversario de la matanza, las palabras del general Pajinda tuvieron una lectura muy diferente en Bangkok que en las tres provincias meridionales cercanas a la frontera con Malasia.
Pajinda dedicó una entrevista de una hora, televisada a todo el país el jueves pasado, para pedir la renuncia del primer ministro Wongsawat.
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"Ningún gobierno puede sobrevivir luego del derramamiento de la sangre del pueblo, porque la sociedad no lo aceptará", dijo Anupong, en críticas sin precedentes de un comandante del ejército a un gobierno tailandés elegido en las urnas.
"Si el gobierno dio la orden, debe asumir la responsabilidad. Si el pueblo no puede tolerarlo, habrá caos", agregó.
El ejército ya era objeto de críticas por hacer caso omiso de la orden del gobierno de reprimir las protestas.
Críticos del gobierno, en especial la conservadora y Derechista Alianza Popular para la Democracia (APD) —que mantiene ocupada la sede de la jefatura del gobierno hace semanas y realiza protestas callejeras casi a diario— pretenden que el ejército dé un golpe de Estado.
Sería el golpe número 19 desde la instauración de la monarquía constitucional en 1932.
Los 84 musulmanes fueron asesinados luego de una protesta frente a la comisaría del poblado de Tak Bai.
"Resulta claro que nuestras vidas tienen menos valor", dijo, entrevistado por teléfono, Abdulaziz Tadae, líder comunitario de 53 años de la meridional provincia de Yala. "No hay presión como la que escuchamos en boca de Anupong para llamar a la responsabilidad a quienes perpetraron las muertes de Tak Bai."
La lucha de casi cinco años entre insurgentes separatistas malayo-musulmanes y fuerzas de seguridad en las provincias de Yala, Narathiwat y Pattani ha segado más de 3.000 vidas.
La protesta en Tak Bai había comenzado pacíficamente, con miles de personas en las calles que exigían la liberación de seis hombres arrestados por la policía el día anterior.
Pero lo que ocurrió después conmocionó a Tailandia.
Seis manifestantes murieron cuando el ejército, convocado para asistir a la policía, disparó contra la multitud. Los restantes 78 murieron asfixiados en un viaje de tres horas a bordo de camiones militares sin ventilación.
Allí viajaban hombres y niños maniatados por la espalda y apilados como si fueran troncos.
No hubo muchos llamados en la prensa para determinar las responsabilidades por la matanza, se lamentan dirigentes comunitarios del sur malayo-musulmán.
"Los familiares de las víctimas de Tak Bai aún no vieron la justicia", afirmó Pornpen Khongkachonkiet, encargada del programa de acceso a la asistencia legal de la Fundación Intercultural. "Esta semana se cumplen cuatro años de la matanza y aquí todavía se habla sobre eso. Es parte de nuestra memoria. Fue un impacto profundo en la comunidad."
"La investigación sobre las muerte avanza con muchísima lentitud. Los fiscales aún no convocaron a ningún alto comandante militar de los que operaban entonces en el sur", dijo la activista.
"Ningún oficial se responsabilizó por sus supuestos errores o fue castigado por eso", agregó.
El comité investigador señaló a tres altos oficiales del ejército por errores en el control y supervisión de los operativos militares del día de la masacre: el teniente general Pisarn Wattanawongkiri y los mayores generales Sinchai Nutsatit y Chalerm Wiroonphet.
La impunidad, la postergación y las leyes represivas que reinan en el sur crearon "un clima propicio para la violación de los derechos humanos", según el Grupo Internacional de Crisis, un centro de estudios independiente con sede en Bruselas.
"La gran cantidad de operaciones militares desde comienzos de año parecen haber derivado en un aumento en la muerte de musulmanes", indicó el Grupo en un informe publicado a fines de agosto.
"El quid de la cuestión en el sur es la injusticia", dijo a IPS el analista del Grupo en Tailandia, Rungrawee Chalermsripinyorat. El gobierno ha sido omiso en llevar al banquillo a los victimarios de Tak Bai."
El experto advirtió que otros casos de abuso no han sido atendidos tampoco, como el asesinato en marzo de un clérigo musulmán a manos del ejército.
El conflicto se remonta a décadas atrás, arraigado en la discriminación política, económica y cultural que surgió luego que Siam, como se llamaba antes Tailandia, se anexó en 1902 las tres provincias islámicas, antes parte del reino musulmán de Pattani.
La mayoría de los 64 millones de tailandeses hablan tai y practican la fe budista. Cuatro por ciento hablan un dialecto malayo y son musulmanes.
