El gobierno boliviano de Evo Morales no logró llegar a un acuerdo político con la oposición y ahora busca la aprobación parlamentaria para poner a referendo la nueva Constitución, que contempla sustanciales cambios sociales y económicos y habilitará la reelección presidencial.
Con una fotografía de conjunto matizada por sonrisas, Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho prefectos (gobernadores) cerraron amigablemente el diálogo abierto el 18 de septiembre, pero la imagen se asemeja más a un retorno a las trincheras para reanudar la batalla que al final deseado para resolver pacíficamente las diferencias.
Las sonrisas pueden interpretarse de diferentes maneras. Desde una actitud diplomática para mostrarle a los veedores internacionales que hay intención de dialogar, hasta el velado deseo del gobierno izquierdista por aprobar finalmente el texto elaborado por la Asamblea Constituyente, por un lado, o el de los opositores conservadores por resistir a la maquinaria política oficialista.
Precisamente, organizaciones de la sociedad civil, cultivadores de coca que supo liderar Morales, otros campesinos, sindicatos, habitantes de barrios marginales y un pequeño grupo de intelectuales de izquierda, hoy la fuerza movilizada de Morales, se preparan para marchar 200 kilómetros por una recta asfáltica de Oruro a La Paz, en el occidente empobrecido del país.
La caminata comenzará el lunes próximo y finalizará en la sede del Congreso Nacional, en La Paz, para cercarlo como presión para que se apruebe la convocatoria a referendo de la nueva Constitución. Las miradas de la militancia pro-gubernamental están puestas en especial en el Senado, donde la oposición tiene mayoría.
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Para el experto Carlos Laruta, el tiempo político que sigue al frustrado diálogo no aparece promisorio si se tienen en cuenta los antecedentes de los contendores, que cada uno a su turno trató de derrotar al otro.
Laruta, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, comentó a IPS que en los dos últimos años el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición acumularon fuerzas para la confrontación.
Los ejemplos que sustentan su análisis son la aprobación apresurada del nuevo texto constitucional, en una sesión de emergencia impulsada por el gobierno en diciembre de 2007 en Oruro, y la adopción al margen de las normas legales vigentes de estatutos autonómicos en cuatro departamentos de la llamada media luna oriental dominados por la oposición.
Por eso anticipa "largos años de disputa y muertos", en una lucha que ahora se concentrará en el Congreso legislativo, luego continuará en las calles y seguirá por el tránsito conocido de la mesa de negociaciones, en una interminable secuencia.
Para muchos observadores, comienza un periodo en que cada uno de los contendores cree tener la suficiente fortaleza para emprender la siguiente fase de la lucha por el control del poder.
Morales y su gobierno aparecen respaldados por el 67 por ciento de los votos obtenidos en el referendo revocatorio de mandato realizado el 10 de agosto, que es interpretado como la aprobación a las políticas sociales en curso y una señal para finalmente instaurar la nueva Constitución basada en principios de soberanía, dignidad y reconocimiento de los pueblos indígenas.
El artículo 169 del texto constitucional que se pondrá a referendo expresa que el "periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado, es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.
Bajo la interpretación del oficialismo, los tres años de gobierno, que comenzaron el 22 de enero de 2006, no se contabilizarán si se celebran nuevos comicios en junio de 2009, una cita en las urnas anunciada por el propio Morales el sábado pasado, un días antes del fin del diálogo con ocho de los nueve gobernadores departamentales.
Esa probabilidad está abierta en el proyecto de ley fundamental y representa, junto al ataque al latifundio, un tema de fondo que despierta temores en la oposición derechista. El gobierno ha rechazado la revisión de estos asuntos incluidos en los 410 artículos del texto aprobado en Oruro al finalizar la Asamblea Constituyente.
Otro signo de fortaleza mostrado por el gobierno es la detención, en medio del clamor popular, del influyente político de derecha Leopoldo Fernández, el ex prefecto de Pando que espera un proceso judicial por la muerte de dos estudiantes en los incidentes del 11 de septiembre en ese departamento norteño, que cobraron la vida de por lo menos 17 personas, según datos oficiales.
También la semana pasada, la fiscalía, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, capturó al dirigente cívico José Vaca y al estudiante universitario Jimmy Benítez por la presunta participación de ambos en el sabotaje de un gasoducto, en el sureño departamento de Tarija.
Por disposición de un juez, Vaca guarda detención carcelaria, mientras que Benítez fue dejado en libertad aunque sujeto a investigación.
Así, a la par de que intenta dar señales de diálogo e interés por concertar, el gobierno actúa para que la justicia sancione a los responsables de la crisis de septiembre, cuando grupos de choque ocuparon y saquearon oficinas públicas. También volaron un tramo del gasoducto que lleva gas natural a Argentina.
La investigación de esos hechos vandálicos puede, según ha trascendido, alcanzar al propio presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el terrateniente y empresario Branko Marinkovic, considerado uno de los líderes de la oposición al gobierno nacional e impulsor de las autonomías de los departamentos de la media luna oriental, que concentran la mayor riqueza natural de Bolivia.
Sin embargo, en ese marco de inquietudes por el futuro político boliviano aparecen voces un poco más optimistas.
El experto en descentralización, Mario Galindo, comentó a IPS que es probable un acuerdo entre el MAS y la opositora agrupación Poder Democrático y Social (Podemos) que ayudaría a incluir cambios en la nueva Constitución para consolidar las autonomías departamentales en Santa Cruz (este), Beni (norte), Pando (norte) y Tarija (sur), la media luna oriental.
Aunque aparentemente distanciados, Galindo estima que una apertura del oficialismo a cambiar los artículos referidos a la Constitución, podría servir como argumento a Podemos para facilitar el difícil trámite parlamentario donde el MAS necesita de por lo menos 26 votos ajenos para aprobar la ley de convocatoria a referendo de la nueva Constitución.
Empero, no descarta que desde el departamento de Chuquisaca, la prefecta Savina Cuellar, construya una bandera de contención al referendo constitucional con la recolección de firmas en busca del traslado de los poderes Legislativo y Ejecutivo de La Paz a Sucre, la capital de ese distrito y de la propia Bolivia.
Galindo indica que la oposición no ha conseguido edificar un frente común en objetivos e ideología para enfrentar al gobierno izquierdista de Morales en un posible escenario de consulta popular sobre la nueva Constitución.
Por un lado está Podemos, el grupo surgido de la casi extinguida Acción Democrática Nacionalista (ADN), creada por Hugo Banzer (1926-2002), quien encabezó una dictadura de 1971 a 1978 y luego retornó al gobierno por medio de las urnas de 1997 hasta 2001. Es una fuerza en la que prevalece su postura antiizquierdista, según el analista.
En otra senda paralela van los prefectos que persiguen el control sobre las autonomías departamentales y los recursos naturales como el petróleo, las tierras y otras riquezas abundantes en las zonas tropicales del oriente. La falta de una "forma orgánica" de estos dos sectores para enfrentar la campaña del gobierno por el Sí a la Constitución puede generar incertidumbre entre los electores, sostuvo Galindo.
Los prefectos opositores reclamaron una apertura al debate del texto completo del proyecto de constitucional, un tema que no fue aceptado por el gobierno.
Del mismo modo, los oponentes de Morales piden una depuración de las listas de habilitados para votar, porque temen que el 67 por ciento logrado por el gobernante en la referendo revocatorio de mandato sea producto de un fraude y, por tanto, que la experiencia se repita en nuevas consultas populares.
