El presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso legislativo de Perú, el oficialista Edgard Núñez, insistirá en el debate de un proyecto de ley para amnistiar a los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.
"Hay militares y policías, especialmente personal de tropa, soldados, que tienen mas de 36 meses en prisión y no han sido sentenciados", dijo Núñez a IPS.
"Algunos son perseguidos por la justicia desde hace 20 años. ¿Hasta cuándo van a perseguir a esa gente que lo único que ha hecho es poner el pecho para salvarnos del terror y ofrecernos paz y democracia. Mi proyecto busca resolver este drama", señaló.
Mientras portavoces de su partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), insisten en que se trata de una iniciativa personal de Núñez, el legislador asegura contar con el respaldo de varios miembros de su bancada y de otras fuerzas políticas.
Lo cierto es que el congresista no es una voz solitaria, sino parte de una corriente dentro del gobierno que está a favor de otorgar trato preferencial a los uniformados que afrontan juicios por crímenes cometidos durante la guerra contra la insurgencia (1980-2000).
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El propio presidente Alan García, su primer vicepresidente, el vicealmirante en retiro Luis Giampietri, el ministro de Defensa, Antero Flores Araoz, y el comandante general del Ejército, Edwin Donayre, repetidas veces se han manifestado contra supuestos abusos cometidos por el Poder Judicial en perjuicio de militares y policías que participaron en operaciones contrainsurgentes.
Por demás coincidente, el congresista Núñez planteó el proyecto en momento que pobladores de los Valles de los Ríos Apurimac y Ene (conocidos como VRAE) denuncian abusos y asesinatos perpetrados por las tropas combinadas del ejército, la marina y la fuerza aérea, que ejecutan una operación contra un grupo sobreviviente de Sendero Luminoso.
La Defensoría del Pueblo, precisamente, reportó el hallazgo de cuatro cadáveres en la zona con heridas de bala. Las víctimas serían agricultores.
Organizaciones de derechos humanos rechazan el proyecto de ley y advierten que se trata de un nuevo intento de oficializar la impunidad, contra las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para que se castigue a los militares que torturaron, secuestraron o asesinaron a civiles.
Por cierto, Núñez justificó su proyecto de ley arguyendo que las organizaciones de derechos humanos emprenden una campaña para promover acciones judiciales contra militares y policías que combatieron a los grupos "terroristas".
"Las organizaciones no gubernamentales viven de perseguir a gente valerosa que derrotó a los subversivos. Sólo se dedican a defender los derechos humanos de los terroristas", dijo Núñez a IPS.
"Yo soy agradecido con quienes nos salvaron del terror. Por eso planteo la amnistía. Por ejemplo, en el hospital militar hay 34 soldados heridos por emboscadas de Sendero Luminoso. Estoy seguro que los van a enjuiciar y encarcelar por violaciones a los derechos humanos simplemente porque combatieron en el VRAE", añadió.
Ronald Gamarra, secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un colectivo de 67 agrupaciones activistas de todo el país, rechazó la iniciativa de Núñez y advirtió de que se trata de otra maniobra destinada a oficializar la impunidad.
"Ese proyecto es inviable. La Corte de San José, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han establecido que no es procedente ninguna ley de amnistía para violaciones de derechos humanos", dijo a IPS Gamarra, quien también es abogado de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en el juicio seguido al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Las masacres fueron cometidas en noviembre de 1991 y julio de 1992 por el Destacamento Colina, grupo de elite del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Gamarra negó que exista una "persecución" contra militares y policías que participaron en operaciones contrainsurgentes. De los 280 efectivos sometidos a juicio, sólo 53 están con orden de detención. Los demás se encuentran en calidad de citados.
"Si 20 por ciento se encuentra con orden de arresto y 80 por ciento debe presentarse sólo cuando lo convoque la justicia, ¿de qué persecución estamos hablando? Además, de los 53 con orden de detención, nada más que 14 están presos y el resto está en condición de prófugo. Por el contrario, existe impunidad porque hay militares que no afrontan a la justicia. Y el proyecto del congresista quiere darle más impunidad a esa gente", dijo Gamarra.
Como ha informado IPS, las Fuerzas Armadas cooperan muy poco en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos. Eso explica por qué la justicia avanza lentamente en el procesamiento y condena de los acusados.
Hasta ahora se han dictado 35 sentencias que implican a 119 uniformados. De estos, 28 han recibido condena efectiva de prisión, y el resto condicional. Es decir, apenas 11,7 por ciento de ellos están en el presidio por violaciones a los derechos humanos, en un país donde la guerra interna produjo más de 60.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
"Detrás del proyecto de amnistía están personas que se encuentran procesadas o temen que la justicia los alcance para que rindan cuentas por violaciones a los derechos humanos", dijo el secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, acreditada ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
"La amnistía tiene carácter general, y por más que el congresista Núñez jura que sólo quiere beneficiar a unos cuantos, va a terminar favoreciendo a todos, particularmente a los apristas que están vinculados con violaciones a los derechos humanos", sostuvo Gamarra.
En efecto, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la revisión del fallo judicial que declaró archivado el juicio a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de los reclusos acusados de terrorismo que se amotinaron en el penal El Frontón, el 19 de junio de 1986.
Si el tribunal resuelve que el caso debe proseguir, podría abrirse proceso contra el presidente Alan García, quien ordenó reprimir a los presidiarios en rebeldía, y contra Giampietri, quien participó en las operaciones militares para retomar el control del penal.
Además, el Poder Judicial abrió juicio contra el ex ministro del Interior, ex dirigente del APRA y ex secretario personal de García, Agustín Mantilla, así como contra otros militantes apristas, por haber formado parte del grupo paramilitar conocido como Comando Rodrigo Franco.
La fiscalía responsabiliza a esta organización, que actuó durante el primer gobierno de García (1985-1990), por el asesinato del dirigente de los trabajadores mineros, Saúl Cantoral, de dos miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que negociaban el rescate de un secuestrado, y de Manuel Febres, abogado defensor del líder de Sendero Luminoso, Osmán Morote.
Sin embargo, Núñez dijo a IPS que batallará en el Congreso hasta obtener la aprobación de la ley de amnistía, sin importarle que la norma viola los estándares mundiales.
"¿Por qué guiarnos del patrón internacional o de la Corte de San José?", afirmó: "Ellos no conocen nuestra realidad. El país debe ser agradecido con sus soldados y amnistiarlos automáticamente".
