Frentes regionales, sindicatos, organizaciones campesinas y amazónicas exigen con paros y movilizaciones al presidente de Perú, Alan García, que cumpla compromisos sociales asumidos en documentos y mesas de diálogo. Esta semana la temperatura se eleva en el sur del país.
"Estamos desplazados a lo largo y ancho del país para impulsar una jornada de repudio y condena a un programa político que carece de credibilidad, porque el gobierno no cumple con la palabra empeñada y encarpeta las demandas sociales", dijo a IPS el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Olmedo Auris.
La CGTP prepara una jornada nacional de movilizaciones para el 7 de octubre contra las medidas económicas, políticas y sociales aplicadas por el gobierno, pues entiende que no respetan los acuerdos de 34 actas firmadas por las autoridades durante los últimos dos años, casi siempre para detener momentáneamente protestas.
Maestras y maestros de escuelas estatales, trabajadores de la construcción, agricultores, mineros y agrupaciones regionales se sumarán a las acciones iniciadas el 15 de septiembre por personal médico del Ministerio de Salud, que reclama aumentos salariales y mayor presupuesto para el sector.
Los médicos suscribieron en enero un acta con el gobierno en el que se acordó la atención de 15 demandas, pero el Poder Ejecutivo ofreció una "solución humillante", al proponer destinarles apenas 3, 4 millones de dólares, cuando por lo menos se requieren 103 millones de dólares, dijo a IPS el presidente de la Federación Médica Peruana, Julio Vargas.
[related_articles]
Ante la ausencia de una respuesta gubernamental satisfactoria, la federación radicalizó su protesta y anunció que entregaría a las autoridades cinco hospitales vacíos de personal médico, tras estabilizar a los pacientes para darles de alta y trasladar a los crónicos a otros nosocomios.
"Si alguien intenta abandonar a sus pacientes, el gobierno, a través de los procuradores, va a solicitar al Ministerio Público que denuncie penalmente por el delito de exposición de personas al peligro, a cualquier médico que ose abandonar a pacientes", replicó el primer ministro Jorge del Castillo. El ajuste del presupuesto público, que se intensificará el próximo año para frenar la inflación ante la crisis financiera internacional, ha agudizado el descontento de la población y ha contribuido a desatar múltiples protestas.
Así, junto a las demandas contra el alza del costo de vida y la política económica, se avivan reclamos regionales, como los de los departamentos sureños de Moquegua y Tacna, que este miércoles inician protestas por la distribución del canon minero que reciben por las actividades de la empresa Southern Perú, filial de Southern Copper Corporation, de capitales mexicanos.
El motor económico de ambas regiones es el canon, que representa la mitad del impuesto a la renta que pagan las compañías mineras al Estado. Desde 2001 han recibido más mil millones de dólares por las operaciones de la empresa en dos lugares, Cuajone, en Moquegua, y Toquepala, en Tacna.
Pero en los últimos tres años se generó una distorsión, porque el criterio de repartir los montos del canon según la tierra removida en la explotación del cobre llevó a que Tacna recibiera cerca de 80 por ciento de los recursos. En junio, la región de Moquegua inició un paro sin plazo definido que inmovilizó el sur luego de advertir varias veces al gobierno sobre el reparto del canon y exigir que la distribución se basara en la renta neta de la empresa.
Para desactivar este conflicto, el primer ministro Del Castillo firmó un acta con autoridades y dirigentes de esa región comprometiéndose a separar las cuentas de los pagos de Southern Perú en un plazo de 30 días, pero sin precisar la salida técnica para que el reparto fuera equitativo.
Más de tres meses después, el 25 de septiembre, el gobierno envió al parlamento un proyecto de ley de distribución con base en el valor del concentrado de cobre, lo que representaría una reducción de más de 120 millones de dólares para Tacna, dijeron a IPS las autoridades de esa región, que se movilizará en contra de la iniciativa este jueves y el viernes.
Moquegua tampoco está contenta con la respuesta tardía y por eso protagoniza un paro este miércoles y el jueves.
"El Ejecutivo le ha tirado la pelota al Congreso, sin honrar su palabra, y lo que único que está haciendo es dilatar el tema", dijo a IPS el presidente del Frente de Defensa de Moquegua, Zenón Cuevas.
El gobierno de García ha asumido dos estrategias equivocadas en el manejo de los conflictos, "por un lado posterga los problemas, firmando actas que no cumple en lugar de resolverlos, y ha incentivado a la polarización atacando a los representantes de los sectores sociales", dijo a IPS el sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, Carlos Reyna.
Del Castillo dijo el martes que las protestas del sur son resultado del manejo de "los ultras", vinculados al partido de izquierda radical Patria Roja, y que "hacer un paro es irracional".
"Cada sector social tiene su alforja de actas que difícilmente se podrán cumplir, porque se insiste en mantener un esquema económico neoliberal que no va a permitirlo", agregó Reyna.
El secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, señaló que el cumplimiento de las actas no llega a 100 por ciento porque también existen compromisos que deben ser asumidos por los gobiernos regionales, como la construcción de carreteras, canales de irrigación y otras obras de inversión.
La discusión del presupuesto para 2009 ha generado una competencia entre diferentes sectores que quieren negociar y conseguir más recursos para sus demandas, agregó Reyna.
Otro elemento nuevo que observa el analista es un intento de las organizaciones sociales de centralizar los conflictos a través de la CGTP, con el propósito de conseguir presión nacional. Por eso, varios frentes regionales intentan convencer a sus bases de la necesidad de sumarse a la movilización sindical del 7 de este mes.
El presidente de la Asamblea Regional del Cusco, Efraín Yépez, informó a IPS que confirmaron su participación en esa jornada 16 frentes regionales, sobre todo en el sur y en la selva, donde el presidente García no obtuvo la mayoría de los sufragios en las elecciones de 2006.
Las organizaciones de la selva amazónica, que exigen derogar decenas de decretos que consideran violatorios de sus derechos colectivos, comenzarán un paro por tiempo indeterminado el 10 de noviembre.
"Nuestra posición es consecuente porque nunca hemos respaldado a García", dijo Yépez tras señalar que la Coordinadora Social Política que promueve la CGTP e integran los frentes regionales impulsa la propuesta de un referendo revocatorio del mandato del jefe de Estado.
La decisión de las bases sobre transitar o no el camino hacia ese referendo, y definir un mecanismo legal y constitucional para conseguirlo, se dará a conocer el 4 de noviembre, en una denominada asamblea popular de los pueblos, paralela a las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que tendrán a Perú como sede.
"Las organizaciones sociales también tendrían que evaluar si una propuesta para sacar del poder al presidente legitima sus demandas. Hay que tener cuidado", advirtió Reyna.
