La habitual fricción entre gobiernos y prensa va más allá de las palabras en Nicaragua. Periodistas, medios y organizaciones nacionales e internacionales denuncian supuestos actos de acoso, represalias y agresiones contra quienes critican al gobierno del izquierdista Daniel Ortega.
La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) envió esta semana una comunicación al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunciando amenazas y agresiones físicas contra medios de comunicación y periodistas en Nicaragua.
Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, dijo a IPS que el escrito tiene por objeto denunciar en el plano externo la situación que vive la prensa no oficial y demandar a organizaciones internacionales acciones que protejan la integridad física y laboral de periodistas y medios.
En el texto, Carmona reseña actos de hostilidad, entre ellos el allanamiento de las oficinas del Centro de Investigación de la Comunicación, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Este es hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1995) y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en enero de 1978 por sicarios de la dinastía Somoza, a la que criticaba desde el conservador diario La Prensa.
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Además, según Carmona, se reportan otros casos como la represalia del Ministerio de Salud al periodista Oliver Gómez, de El Nuevo Diario, a quien funcionarios de esa cartera negaron una vacuna contra la fiebre amarilla por trabajar en ese diario.
En abril, el Ministerio de Salud prohibió el ingreso a cualquier centro de atención, hospital y áreas administrativas del sistema de salud pública al periodista Melvin Martínez, quien había entrevistado a sindicalistas disconformes con los salarios y otras medidas de la actual administración.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, al igual que la CPDH, envió la semana pasada un informe al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que solicitó examinar al Estado de Nicaragua en cuanto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La situación del periodismo nicaragüense fue incluida entre denuncias de exclusión de partidos políticos a participar en las elecciones municipales de noviembre, falta de acreditación para observadores nacionales e internacionales, politización de las instituciones públicas y hostigamiento a organizaciones no gubernamentales y al movimiento feminista.
"No dejamos detalles fuera del informe. Todas y cada una de las acciones contra los medios y los periodistas fueron incluidas ahí para que el mundo sepa que Daniel Ortega en Nicaragua no está respetando a nadie", dijo Vilma Núñez de Escorcia, directora del Centro y ex destacada militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El informe fue despachado por el equipo jurídico unos días después de que grupos de simpatizantes del FSLN agredieron a directivos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y a varios periodistas que intentaron protegerlo, entre ellos Camilo Calero, del Canal 12 de televisión, que resultó herido en el rostro.
"Expresamos con preocupación que de las agresiones verbales del presidente Ortega y sus funcionarios, de las presiones fiscales contra las empresas de medios y del uso de las instituciones públicas para acallar a los medios, se está recurriendo a la violencia, sin que las autoridades policiales y judiciales se pronuncien", dijo Núñez de Escorcia a IPS.
La SIP, que agrupa a los propietarios de grandes periódicos de la región, reclamó el 14 de octubre al gobierno de Ortega la "normalización" de las relaciones con la prensa.
En comunicados publicados en La Prensa y El Nuevo Diario, la SIP instó al gobierno de Nicaragua a que "normalice sus relaciones con la prensa a fin de refrendar la función periodística y la democracia".
Ortega, un guerrillero izquierdista que llegó al poder en 1979, con la triunfante Revolución Sandinista que derrocó a la dictadura Somoza, encabezó el gobierno como presidente entre 1985 y 1990.
En 2007 volvió a ser investido presidente, tras un triunfo electoral ajustado, que fue posible en virtud de un acuerdo con el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), del Partido Liberal Constitucionalista, condenado a 20 años de prisión por delitos de corrupción, pero que goza de una laxa prisión domiciliaria.
Grupos de simpatizantes sandinistas, con banderas partidarias, carteles y vestimentas con insignias y mensajes del gobierno, se han apostado este año frente a las sedes de La Prensa, El Nuevo Diario y Canal 2, a protestar y celebrar actos "religiosos" para "exorcizar" los supuestos males de esos medios.
"El gobierno ha cerrado cientos de pequeños noticieros al cortarles la publicidad. Ha llevado a juicio a varios periodistas y gasta millones de córdobas (moneda nacional) en una campaña de desprestigio contra los medios", dijo a IPS el presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Francisco Rivas Quijano.
"Se han dado robos de cables en antenas y daños en los transmisores en varias radiodifusoras críticas al gobierno, como Radio Corporación, Radio El Pensamiento y Radio 15 de Septiembre, y nadie investiga nada", agregó.
Edgard Tijerino, veterano comentarista deportivo y presentador de televisión crítico del gobierno, anunció la semana pasada que evitaría referirse a asuntos políticos por temor a represalias.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), dedicada a denunciar abusos contra periodistas de todo el mundo, lamentó este mes en una declaración el deterioro de las relaciones entre el gobierno y la prensa nicaragüense.
Según RSF, con sede en Francia, el acoso del gobierno a organizaciones no gubernamentales (ONG) e investigaciones abiertas contra la activista Sofía Montenegro y Chamorro atentan contra las libertades públicas y especialmente contra el derecho a la libre expresión y asociación.
Este mes, las sedes de más de 17 ONG críticas al gobierno fueron allanadas y esas entidades fueron citadas por la fiscalía para responder acusaciones de lavado de dinero, efectuadas por el Ministerio de Gobernación (Interior).
Los representantes de las organizaciones debieron comparecer en la sede del Ministerio Público, a cuyas puertas se apostaron seguidores del FSLN que agredieron a periodistas y activistas de derechos humanos ante la presencia pasiva de patrullas policiales.
Las noticias del incidente provocaron una ola de reacciones de medios internacionales contra la administración de Ortega. El presidente insiste en calificar a medios de comunicación y reporteros como "peleles", "vendepatrias" y "traidores serviles".
