La demora de 11 años en la liberación de un preso en Paraguay evidenció la necesidad de un registro informatizado de reclusos, y reanimó el debate sobre un sistema en el que persisten el hacinamiento y la falta de acceso a la salud y a la alimentación.
Dionisio Escobar, de 36 años, abandonó la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, el día 9, según anunció Blas Llano, ministro de Justicia y Trabajo. Llano admitió que la justicia había ordenado su libertad en 1997. La orden nunca fue tramitada.
Escobar permaneció 11 años, cinco meses y 22 días encerrado en forma ilegal y en las peores condiciones de reclusión imaginables, con escasa comida y durmiendo en el piso. Prácticamente no recibía visitas de sus familiares y carecía de la asistencia de un abogado.
La Dirección General de Auditoría de Gestión del Poder Judicial informó que Escobar ingresó a la cárcel el 13 de enero de 1995, acusado de robo. El 16 de abril de 1997 se dispuso su libertad. La justicia lo notificó a la penitenciaría 12 días después..
El director de la Penitenciaría de Tacumbú, Julio Acevedo, tuvo conocimiento de la situación de Escobar al conversar con él durante un recorrido de rutina.
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La población de este centro de reclusión supera los 3.000 presos, más del doble de los que puede albergar.
Llano, ministro de Justicia desde la investidura del presidente Fernando Lugo en agosto, afirmó que Escobar debe recibir una indemnización del Estado.
Apenas la quinta parte de los presos en las cárceles paraguayas tiene condena firme. Cerca de 80 por ciento esperan una sentencia. Hoy residen en centros de reclusión 5.996 personas privadas de libertad, de las cuales sólo 1.721 recibieron condena.
El caso de Escobar reabrió la discusión sobre las condiciones de vida en las prisiones de Paraguay.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip) consideró urgente la necesidad de un registro informatizado del sistema carcelario.
"El Estado paraguayo no fue capaz de establecer un sistema integrado de registro, vinculando bases informatizadas de datos en los subsistemas policial, judicial y penitenciario", señala un informe del Inecip al respecto.
"Esta deficiencia contribuye a diversos niveles de mala gestión de la función de tutela sobre las personas privadas de libertad", agrega el estudio.
El Inecip también mostró alarma por la convivencia en la mayoría de los establecimientos carcelarios regionales de reclusos en distinta condición, como adolescentes infractores con adultos y hasta hombres y mujeres.
Según el INECIP, se encuentran en pabellones separados, pero su radicación en edificaciones comunes vuelve imposible controlar el trato diferenciado que exige la ley.
La provisión de alimentos también presenta deficiencias. El presupuesto destinado a ese fin hace imposible la alimentación adecuada de los reclusos. Además, las cárceles carecen de un registro conveniente de recepción y distribución de la comida.
Algunas penitenciarías cuentan con personal médico, pero la atención de la salud es deficitaria y la provisión de medicamentos, casi nula. Portadores del virus que causa el sida (VIH), sufren tuberculosis o padecen discapacidades mentales están privados del tratamiento y la medicación requeridos.
En la Penitenciaría de Tacumbú residen unos 59 pacientes psiquiátricos, entre ellos varios ambulatorios. Cuarenta están internados, la mayoría de ellos de entre 18 y 23 años de edad. Algunos, a pesar de contar con diagnóstico psiquiátrico, están condenados. Otros, no.
Para el psiquiatra de la penitenciaría, Aníbal Garcete, la reclusión en una cárcel de enfermos mentales viola sus derechos humanos, pues no reciben en la cárcel un tratamiento médico adecuado a su condición.
El ministro Llano anunció que el gobierno tomará medidas para mejorar el suministro de alimentos, medicamentos y productos de higiene y limpieza, y que iniciará una campaña sanitaria que garantice la asistencia adecuada a los reclusos. El Ministerio de Justicia lanzó un proceso de reformas para poner fin a estas fallas. La primera experiencia es la creación de la Penitenciaría Industrial "Esperanza", anexa a Tacumbú, con una capacidad para 288 internos que deben haber recibido sentencia judicial firme.
Pero el hacinamiento persiste como un problema crítico en las penitenciarías regionales del país, que funcionan en edificios inadecuados y obsoletos.
La situación paraguaya no es excepcional en América Latina, en 26 de cuyos países la superpoblación carcelaria supera el 120 por ciento, según el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuente, con sede en Costa Rica.
Entre ellos, Bolivia presenta un hacinamiento de 162 y Brasil, de 181 por ciento. En muchos países, la mayoría de presos ni siquiera han recibido sentencia firme.
Hoy, Dionisio Escobar, rodeado de familiares en su humilde vivienda en la localidad de Limpio, a 23 kilómetros de Asunción, dice: "Mi vida después de la cárcel será difícil, pero confío en Dios."
