El gobierno de Nicaragua intensificó su campaña contra organizaciones de la sociedad civil con una acusación ante la fiscalía de lavado de dinero y promoción de delitos contra la salud.
Fiscales del Ministerio Público y varias patrullas policiales fuertemente armadas irrumpieron el fin de semana en las sedes de dos organizaciones no gubernamentales (ONG) y confiscaron libros contables y documentos, alegando que buscaban pruebas de lavado de dinero.
Una de esas ONG es el Centro de Investigaciones de la Comunicación, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) e hijo de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por agentes de la dictadura de la familia Somoza en 1978.
Chamorro, director del programa televisivo "Esta semana" y editor del semanario Confidencial, publicó en 2007 una investigación que exponía extorsiones efectuadas por operadores del FSLN a inversores turísticos.
La otra ONG allanada fue el Movimiento Autónomo de Mujeres, liderado por Sofía Montenegro, feminista e investigadora social que encabeza las movilizaciones contra la penalización del aborto terapéutico, resuelta en 2006 por el Poder Legislativo con los votos del FSLN y el apoyo de la Iglesia Católica.
[related_articles]
Antes del allanamiento, medios de comunicación oficiales sostuvieron una intensa campaña de críticas a Montenegro, a la que se acusa inclusive de asesinatos masivos por ser hermana de un antiguo miembro de la somocista Guardia Nacional, a quien los sandinistas capturaron y fusilaron en 1979, durante la insurrección contra el régimen autoritario.
El inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, dijo a IPS que la decisión de los allanamientos se debió a la rebeldía de Chamorro y Montenegro, que se negaron a comparecer a dos citatorias de la fiscalía.
Las dos organizaciones son investigadas por una denuncia del Ministerio de Gobernación (Interior), agregó Juárez. Esa cartera "investigó" y "detectó" que 17 ONG del país no tenían al día sus cuentas y papelería, dijo.
En ese grupo se encuentra la Coordinadora Civil, que aglutina a más de 200 pequeñas y medianas ONG que reciben fondos de la cooperación internacional y son las más críticas del gobierno que encabeza Daniel Ortega.
Chamorro, Montenegro y otras personas investigadas han negado las acusaciones y atribuyen el asedio a una campaña de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, para silenciar las críticas al gobierno.
Mediante un convenio de cooperación, el Centro de Investigaciones para la Comunicación y la organización internacional Oxfam apoyaron al Movimiento Autónomo de Mujeres, al amparo del Fondo Común de Gobernabilidad al que contribuyen ocho países donantes, dijo Chamorro a IPS.
La ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y la fiscal general adjunta Ana Julia Guido afirmaron que se trata de una triangulación de fondos que "podría implicar lavado de dinero" y con ese sustento el caso por sospechas de narcotráfico y otros delitos vinculados al crimen organizado.
Morales aseveró que hay sospechas de que los fondos de la cooperación externa dirigida al Centro de Investigación de la Comunicación se estuvieran desviando al Movimiento Autónomo de Mujeres, con el propósito de financiar protestas contra el gobierno y promover el delito, pues eso son los llamados a desobedecer la ley que penalizó el aborto terapéutico.
Chamorro reclamó que se citara a declarar a los representantes de los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Suiza, todos contribuyentes del Fondo Común, para que certificaran la legalidad del uso de los recursos, pero la fiscalía desechó la solicitud.
"No tienen base legal para investigar nada ni para achacarnos delitos, simplemente se trata de una persecución política por las investigaciones periodísticas donde sobresalen actos de corrupción gubernamental y denuncias sobre el abuso de poder del gobierno Ortega-Murillo", dijo Chamorro.
"A mis defendidos la fiscalía no les ha dicho de qué los acusan, no hay un proceso judicial, no hay una formulación de casos, simplemente está actuando al margen de la legalidad", dijo el abogado Boanerges Ojeda, defensor de Chamorro y Montenegro.
Ana Pizarro, dirigente de la ONG Sí Mujer, también investigada por la fiscalía, sostuvo que la campaña arreció desde que el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal criticó a Ortega durante una visita a Paraguay en agosto.
Grupos feministas se han manifestado contra el presidente nicaragüense en Paraguay, Honduras y El Salvador. También se preparaban protestas en Nueva York, para las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de septiembre, a las que debía asistir el mandatario, que finalmente canceló su viaje.
"Esta no es una investigación, es una tortura sicológica y un escarnio público, un linchamiento gubernamental contra todos aquellos que critiquen a Ortega, pero eso no va detener la protestas de las mujeres por sus derechos", dijo Pizarro, médica argentina que dejó su país cuando se instauró en él la última dictadura militar (1976-1983).
"Salí de mi patria huyendo de un dictador, y ahora me encuentro en un país querido donde se me persigue igual que en los años de dictadura", comentó Pizarro al dejar la sede de la fiscalía donde fue interrogada por horas sobre su papel en el movimiento feminista.
La semana pasada, nueve organizaciones no gubernamentales de El Salvador anunciaron una jornada de protestas contra la visita de Ortega, invitado a participar en la XVIII Cumbre Iberoamericana que se celebrará a fines de este mes en San Salvador.
Bajo el lema "Alto a la persecución contra las feministas en Nicaragua", las organizaciones salvadoreñas anunciaron manifestaciones frente a las sedes de la embajada de Nicaragua y de la cancillería de ese país, y al edificio donde se celebrará la reunión cumbre.
"Ortega persigue con odio a las mujeres en Nicaragua, y nosotros no vamos a darle una buena bienvenida a alguien que está acusado de abusar sexualmente de una niña y que usó el poder político para evadir la justicia", dijo a IPS la coordinadora de la no gubernamental Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, Mariana Moisa.
El representante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, Benjamín Cuellar, dijo que su institución y los estudiantes se aprestan a recibir a Ortega con pancartas de protestas.
"Sabemos lo que hace Ortega en Nicaragua, allá anda violando derechos de las mujeres, viola los derechos humanos de sus opositores, sabemos lo que hizo al padre Ernesto Cardenal, la persecución contra los periodistas, la agresión contra su propio pueblo, y francamente no lo vamos a recibir con los brazos abiertos", dijo Cuellar a IPS.
"Esto es persecución, no tiene otro nombre y así lo vamos a denunciar ante organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión y en audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo a IPS Bayardo Izabá, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, otra de las ONG investigadas.
