Ante la crisis financiera mundial, el Partido Comunista de China diseñó un plan de reformas de amplio impacto, que incluye modificar el control estatal sobre la propiedad de la tierra, a fin de preservar a este país de sus consecuencias más graves.
Los dirigentes chinos planean ceder parte del control que tiene el Estado sobre la tierra y otorgar mayor libertad a los campesinos para su usufructo o permitirles transferir parcelas a terceros.
El objetivo es estimular la demanda interna y ampliar el poco desarrollado mercado local a fin de contrarrestar la ralentización de la economía mundial, que menguó las exportaciones chinas.
Liberar la productividad rural también es una forma de garantizar el suministro alimentario a largo plazo para sus 1.300 millones de habitantes.
Las autoridades, encabezadas por el presidente y secretario general del Partido Comunista, Hu Jintao, divulgaron un comunicado el domingo al término de cuatro días de reuniones entre funcionarios de alto nivel y en las que se aprobó el plan de reforma.
"Tenemos que depender de nosotros, impulsar el aumento de la demanda interna, en especial del consumo, y mantener estable la economía, las finanzas y los mercados de capitales", reza el comunicado.
También reconoce que el país está frente a grandes desafíos a causa de la crisis financiera mundial, que acentuará las "contradicciones y problemas" de su propia economía.
"Tenemos que consolidar y fortalecer la agricultura, priorizar el funcionamiento del país y resolver de una vez por todas el problema fundamental de producir alimentos para cientos de millones de personas", continúa.
Para un país que está dispuesto a seguir adelante con el sistema socialista, la idea de privatizar la tierra suena tan radical que algunos ideólogos del Partido Comunista se opusieron incluso al término "propiedad privada de la tierra".
El documento del plenario se refiere a "emancipar la mentalidad" en lo que tiene que ver con reformas rurales, pero no menciona las nuevas regulaciones. Los detalles concretos se conocerán en los próximos días, pero el plan no comenzará a implementarse hasta que lo apruebe el Congreso Nacional del Pueblo, parlamento chino, en su próxima sesión anual de marzo.
"No será fácil emprender una privatización total y genuina de la tierra", explicó Guo Shutian, funcionario especializado en políticas agrícolas.
"Primero habrá que revisar la Constitución de China. El mayor obstáculo sigue siendo ideológico. La propiedad privada de la tierra continúa siendo inaceptable para muchos miembros del partido."
Tras llegar al poder en 1949, los comunistas prohibieron la propiedad privada e insistieron en que la tierra debía ser "colectiva".
Con las reformas económicas de fines de los años 70, las autoridades comenzaron a arrendar tierras por 30 años a los campesinos, pero sin darles permiso para venderla o usarla como garantía para los préstamos.
En consecuencia, el campo no se desarrolló como el resto de país. Los reformistas eliminaron la propiedad colectiva en el resto de los sectores y crearon las condiciones que permitieron el sorprendente auge que tuvo la economía china en los últimos 20 años.
Pero en el campo, dónde los agricultores siguen cultivando pequeñas parcelas y no acceden a préstamos bancarios, los ingresos se estancaron.
En las ciudades, las personas perciben en promedio 3,33 veces más que en el campo, según cifras del año pasado.
La disparidad de ingresos es de 1.418 dólares anuales, la mayor diferencia desde que comenzaron las reformas y la apertura de China en 1978, según el ministro de Agricultura, Sun Zhengcai.
La desigualdad empujó a cientos de millones de personas a dejar el campo y buscar una vida mejor en las ciudades de crecimiento rápido.
La tierra se volvió improductiva, pero la presión sobre la elaboración de alimentos siguió en aumento. Unas 450 millones de personas viven en las ciudades. Se prevé que en 2050 sean 800 millones.
Permitir a los agricultores arrendar sus tierras a empresarios permitirá modernizar la agricultura y maximizar la productividad, según los que abogan por la privatización.
"La reforma permitirá desarrollar una economía de escala, aumentar la eficiencia y disminuir los costos de producción, pero también resolverá el problema de las tierras abandonas a raíz de la migración campo-ciudad", arguyó Lu Zixiu, especialista en asuntos agrícolas de la oriental provincia de Anhui, dónde se permitió a los agricultores ceder sus derechos de usufructo.
Pero aun los reformistas temen que la desregulación de la tierra haga resurgir a los aborrecidos terratenientes, que la revolución comunista de 1949 se jacta de haber exterminado.
Los conflictos en el campo aumentaron y en su mayoría obedecen a abusos. El Ministerio de Agricultura informó que en 2006 hubo 13.000 casos de abuso de tierras. Al año siguiente, la cantidad aumentó a 170.000.
Una corriente de pensamiento considera que la tierra debe seguir siendo propiedad el Estado y que se deben ampliar los derechos de usufructo a 70 años, lo que permitirá a los agricultores hacer planes a largo plazo.
"Para los agricultores es diferente saber que tienen su tierra por sólo 30 años o por más", sostuvo el sociólogo de la Academia China de Ciencias Sociales Lu Xueyi.
Pero los investigadores ni siquiera están seguros de que la nueva política cambie el estatus quo.
El énfasis está puesto en la estabilidad, señaló el investigador del Consejo de Estado Xu Xiaoqing al comentar la reforma aprobada.
"No hay cambios radicales, sólo la garantía de que el gobierno apoyará a los agricultores para que puedan beneficiarse de su tierras mediante usufructo o transferencia" a terceros, explicó Xu al periódico Xinjingbao, de Beijing.
"No creo que haya grandes cambios al sistema familiar actual porque la gestión a gran escala no se ajusta a las condiciones de China", concluyó.
+ CHINA: La confianza intoxicada (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90064) + ECONOMÍA-CHINA: Ladrillos de la Gran Muralla en Wall Street (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90031)
