En el país de los contrastes, sobre las cenizas de oficinas estatales en Santa Cruz y el luto por la masacre en Pando, el gobierno izquierdista de Bolivia y ocho prefectos departamentales conservadores abrieron el diálogo este jueves bajo la mirada atenta de mediadores locales y extranjeros.
Las posiciones que hasta el martes parecían irreconciliables, cedieron y las esperadas negociaciones se instalaron en la central ciudad de Cochabamba, con la asistencia del presidente Evo Morales, y la notoria ausencia del derechista Leopoldo Fernández, prefecto (gobernador) del norteño departamento de Pando.
Es que Fernández está detenido y enfrenta un tribunal cargando sobre sus espaldas la imputación de la fiscalía del asesinato de tres estudiantes en el marco de los hechos de violencia contra campesinos, indígenas partidarios de Morales, registrados a fines de la semana pasada en una zona rural de su distrito.
En la primera reunión participaron, además del gobierno nacional, los prefectos de ocho de los nueve departamentos en que se divide el país, entre los que se contaban los opositores gobernantes Rubén Costas, de Santa Cruz, Ernesto Suárez, de Beni, Mario Cossío, de Tarija, y Savina Cuéllar, de Chuquisaca.
Mientras el gobierno del oriental departamento cruceño y las organizaciones derechistas de su capital, Santa Cruz de la Sierra, abrieron las puertas de las oficinas públicas destruidas y saqueadas para devolverlas al control del Estado nacional, una columna de campesinos del empobrecido occidente boliviano avanzaba sobre esta ciudad en actitud amenazante.
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En tiempo de tregua a la que se adhirieron los prefectos de oposición, con la suspensión de los bloqueos de carreteras que llevaban adelante, organizaciones sociales marchan sobre Santa Cruz de la Sierra, armados de palos, machetes y algunos fusiles viejos, según las imágenes de medios impresos, quebrando este periodo de pacificación.
Los sindicatos campesinos afines a Morales vigilan el avance del diálogo, reclaman la restitución de oficinas estatales y ahora incluyeron en sus demandas la aplicación por parte de la justicia de una pena de 30 años de cárcel para Fernández, a quien el gobierno acusa de genocidio por la muerte de 15 personas ya identificadas, a las que posiblemente se sumen varias más aún desaparecidas.
Por medio de un espacio pagado por el gobierno nacional, se repite en la televisión hasta la saciedad imágenes de una verdadera cacería humana contra personas nadando desesperadas en las aguas del caudaloso río amazónico Tahuamanu, cerca de la población pandense de Porvenir, tratando de huir de ráfagas de ametralladoras.
Fernández, detenido el martes bajo las normas de excepción del estado de sitio impuesto en su departamento por el gobierno nacional, sostiene que lo ocurrido el 11 de este mes fue "armado" por el gobierno de Morales y reclama una investigación imparcial con la presencia de observadores extranjeros.
Al presente, el gobierno ha verificado la identidad de 15 personas fallecidas, aunque el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, presume que los muertos pueden llegar a 30 en base a las declaraciones de testigos, quienes relatan casos como el asesinato de mujeres y niños, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al río.
Grupos de especialistas en buceo comenzaron el trabajo de búsqueda de cuerpos de los presuntos fallecidos en el río, mientras uniformados y comisiones humanitarias buscan en el espeso monte cercano al centenar de personas desaparecidas.
El feroz ataque de que fue víctima el grupo de manifestantes, conformado por indígenas, campesinos y estudiantes de un centro de formación de maestros, abrió el espacio de diálogo por la fuerza del dramatismo y la reprobación colectiva a uno de los prefectos más influyentes en más de un cuarto de siglo de la política boliviana, y al cual tímidamente defienden sus pares de Santa Cruz, Beni y Tarija.
"Todos perdimos por la incapacidad de poder negociar. Ahora hay que sentarse a la mesa con 30 muertos a las espaldas", dijo a IPS el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja.
Aunque el diálogo ha comenzado, el riesgo de una mayor crisis política y social aún está latente, sostuvo ante la consulta de IPS el director del Observatorio de Derechos Humanos, Guillermo Vilela. "Una solución por la vía no conflictiva está condicionada a los actores y esa voluntad es débil, porque se refugian en sus posiciones sin observar al resto de la ciudadanía", comentó.
La primera sesión discute la organización de tres mesas de diálogo que concentrarán su atención en la reposición a los departamentos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sin afectar la renta vitalicia a los ancianos que hasta ahora es financiada por esta vía.
Un segundo ítem es examinar las demandas de autonomía departamental en el marco de la nueva constitución impulsada por el gobierno de Morales y que debe ser ratificada en referendo.
Otro asunto comprende buscar consenso parlamentario para cubrir los cargos vacantes en el Tribunal Constitucional y de la Corte Nacional Electoral.
Visto de ese modo, el camino estaría libre de obstáculos. Pero a última hora la prefecta Cuéllar anunció que pretende incluir la demanda de su distrito de llevar las sedes del gobierno nacional y del parlamento a Sucre, la histórica capital de Chuquisaca y de la propia Bolivia que cobija sólo al Poder Judicial.
Este es un tema sensible para La Paz, donde funcionan los poderes Ejecutivo y Legislativo.
"Si los actores en disputa deciden reconocerse y no desconocerse, el diálogo habrá comenzado bien. Deben salir de su ceguera y traducir el interés nacional antes que el radicalismo", expresó Pareja.
Este analista mantiene un "optimismo moderado" y aún aguarda una conducta y actitud para negociar, en un ambiente donde asigna el papel central a los moderadores que tendrán la tarea de develar si los actores están resueltos a ceder posiciones.
El gran reto es poder conciliar la refundación de la República propuesta por el gobierno de Morales, el primer presidente indígena de este país con la mayoría de su población de este origen, y el modelo autonomista de la oposición a cargo de los gobiernos de la llamada media luna oriental, que concentra los mayores recursos hidrocarburíferos y agropecuarios.
