Colonos procedentes de la región andina peruana de Ayacucho invaden territorios indígenas en la selva central para cultivar coca, materia prima de la cocaína.
Las zonas invadidas se ubican en la frontera del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), que comprende las regiones Ayacucho, Cusco y Apurímac, en el sur del país.
En esta maraña de pobreza, mafias de la droga y remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, una de las afectadas por la llegada de colonos cocaleros es la comunidad de Shimpenshariato, perdida en las alturas de la cuenca del río Ene, en la provincia de Satipo, que pertenece a la vecina región de Junín.
El comisionado para la Paz y el Desarrollo en la Selva Central, Mario Jerí Kuriyama, aseguró a IPS haber recibido reiteradas denuncias indígenas sobre incursiones de colonos en Shimpenshariato, que limita con la región de Ayacucho.
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"Hay un fuerte desplazamiento en los últimos años a la selva central de estos colonos que se ven empujados a sembrar coca debido a lo rentable que resulta. Pero esto ha originado el rechazo de los indígenas que no quieren extraños en sus tierras", dijo Jerí Kuriyama.
En una reunión de las comunidades de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) entre el 11 y el 14 de julio, los dirigentes de la etnia suscribieron un acta en la que acordaron proteger sus territorios y oponerse a cualquier presencia de colonos.
"Hay un rechazo del pueblo asháninka a los colonos, sobre todo porque los vinculan con Sendero Luminoso, que acabó con sus familias durante el conflicto armado (1980-2000), y también los asocian al narcotráfico, Para ellos siempre serán los invasores", dijo a IPS el antropólogo Oscar Espinosa, de la Pontificia Universidad Católica.
Por eso es poco probable que los indígenas quieran involucrarse con los cultivos ilegales de coca y las mafias que operan en el lugar, opinó.
El comisionado reportó la situación al Ministerio del Interior, del que depende y que dirige el plan nacional de erradicación de cultivos ilegales de coca.
Pero, aclaró Jerí Kuriyama, esa cartera no puede intervenir en las zonas de impacto del VRAE, bajo control del Ministerio de Defensa, que ha suspendido la erradicación para concentrarse en programas de desarrollo alternativo y coordinar con la policía operaciones de interdicción.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Aste Daffós, ha señalado a la prensa que como el VRAE representa la más grande amenaza del país, por la mezcla de pobreza, narcotráfico y guerrilla, antes de erradicar cultivos conviene ganarse primero a la población con alternativas económicas para aliviar sus urgencias.
En el VRAE, 51 por ciento de la población sufre de desnutrición y 60 por ciento tiene un ingreso mensual equivalente a 155 dólares.
PREPARANDO LA RETIRADA
Los líderes de la CARE están pensando en desplazar a los nativos afectados a otras comunidades, pues si el gobierno decide pasar a una política represiva contra el narcotráfico en la zona, estas poblaciones indígenas serían las más perjudicadas, afirmó el comisionado Jerí Kuriyama.
En Shimpenshariato viven unas 16 familias, según el ingeniero Kilderd Rojas, del equipo técnico de la CARE, quien en julio de 2007 llegó a la comunidad luego de un día de viaje en carro y bote desde la ciudad de Satipo, para hacer trabajos de delimitación en los territorios indígenas.
En su recorrido pudo ver grandes plantaciones de coca, rodeadas de otros cultivos de fachada, como el cacao, junto a viviendas que cuentan con servicio de televisión satelital y otras comodidades.
Mientras Rojas se reunía con los nativos, unos 50 colonos rodearon el local de la asamblea para saber si su visita afectaba sus intereses.
"Por lo menos la mitad del territorio de la comunidad está invadido, y de esa extensión 30 por ciento está cubierto por coca y el resto por otros cultivos", relató a IPS Rojas.
El comisionado por la Paz y el Desarrollo estuvo en septiembre en la comunidad Catungo Kempiri, sobre el margen izquierdo del río Ene, en Junín, y vio un asentamiento de colonos llamado Nueva Fortaleza donde también se cultiva ilegalmente coca en unas 100 hectáreas.
"Ahí no hay policía, no hay ejército. Para las autoridades es difícil llegar hasta ese lugar, pero cuando nos traslademos va a ser un problema muy grave porque las autoridades no van a distinguir entre quienes se benefician de una economía ilegal y quienes no", advirtió.
"Cerca de esa zona, en la parte de Ayacucho, se han detectado pistas de aterrizaje que lo más probable sirvan para sacar la coca procesada", reveló.
Los cocales del VRAE aportan 48 por ciento de la producción nacional de hoja de coca, lo que equivalió a más de 56.000 toneladas en 2007, según la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Onudd).
En los últimos años, y a diferencia de otras zonas, las plantaciones han ido en aumento, a medida que el gobierno optaba por detener las erradicaciones. Eso explica en cierta forma por qué entre 2002 y 2007 los cultivos pasaron de 14.170 hectáreas a 16.019 en el VRAE.
Al crecer la materia prima de la droga, la producción de cocaína también se disparó en la zona, de 83 toneladas en 2002 a 94 el año pasado.
AMENAZA EN LA SELVA CENTRAL
Los nativos viven cercados por diversas formas de ilegalidad. Los taladores de madera deforestan la zona y abren trochas para sacar su producto. Una vez que concluyen, queman lo que queda y entonces los colonos aprovechan esos terrenos desocupados para dedicarse a la agricultura, incluyendo la coca, explicó Jerí Kuriyama.
Para el especialista en narcotráfico e investigador del Trasnational Institute, Ricardo Soberón, las labores de interdicción en Ayacucho empujan a los cocaleros a la selva central de Junín.
"Mientras las autoridades cantan victoria en otros valles como el Huallaga, no están viendo el movimiento de péndulo hacia la selva central donde se están concentrando las rutas del narcotráfico, los grupos armados del terrorismo, almacenes de cultivos con nuevas áreas y una serie de factores que están exponiendo a los indígenas a los intereses de las mafias", dijo Soberón a IPS.
Un escenario similar se repitió entre 2000 y 2002, cuando se implementó el Plan Colombia contrainsurgente y antidrogas en ese país, que propició la dispersión de la actividad a una veintena de departamentos, recordó Soberón.
Para defender a los nativos de los colonos se están otorgando títulos de propiedad de tierras a las comunidades indígenas y creando programas de desarrollo para promover la diversificación de los cultivos, dijo a IPS el jefe político del Plan VRAE, Jorge Durand.
"La erradicación de cultivos es una política de Estado, pero en el VRAE estamos implementando otro plan de intervención para que la gente deje de cultivar coca y la reemplace por el cacao, el palmito o el ajonjolí", señaló Durand.
Para el antropólogo Espinosa, el gobierno debe diferenciar la intervención con las poblaciones indígenas porque habría que ver qué tipo de productos pueden cultivar, si éstos se adaptan a sus tierras y si esta salida implica tender más carreteras en la Amazonia.
"Lo que buscan los indígenas es consolidar su propiedad sobre sus territorios, y la construcción de carreteras para que vendan productos agrícolas significaría la llegada de más colonos y narcotraficantes", apuntó Espinosa.
