Una investigación publicada en Argentina revela el éxito en muchos países latinoamericanos de la aplicación de cuotas en las listas electorales para garantizar el equilibrio de género en los parlamentos. No obstante, se advierte que hacen falta más herramientas para acelerar ese proceso.
"Las leyes de cuotas pueden existir y cumplirse, pero ser poco efectivas, es decir tener resultados débiles", explicó a IPS la socióloga argentina Nélida Archenti, coautora y compiladora del libro titulado "Mujeres y Política en América Latina. Sistemas electorales y cuotas de género", que acaba de publicarse en este país.
Según el flamante Informe 2008 sobre los Objetivos de Desarrollo para el Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, la participación de las mujeres en los parlamentos de América Latina y el Caribe aumentó de 11,9 por ciento en 1990 a 22,2 por ciento. Un avance que se explica fundamentalmente por las normas de cuotificación de mujeres por tantos hombres.
El texto reúne investigaciones realizadas por distintos autores en 10 países de la región. Se analizan los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y República Dominicana, donde existen leyes de cuotas, y también los de Chile y Uruguay, donde no hay ese tipo de normas.
A pesar de tener una presidenta mujer, Michelle Bachelet, y un gabinete con alrededor de la mitad de ministras, Chile no cuenta con ley de cuotas y las mujeres ocupan apenas 15,8 por ciento de la Cámara de Diputados y 5,2 por ciento de asientos en el Senado. En Uruguay, la participación está en 11 y 10 por ciento respectivamente.
El estudio analiza las claves del éxito en países como Argentina o Costa Rica y comenta casos extremos de fraude en países con cuotas, como el caso de Bolivia, donde candidatos a concejales se presentaron para las elecciones de 1999 con nombres de mujer amparados en esa norma y no sólo no fueron sancionados sino que asumieron las bancas obtenidas de este modo.
También se menciona el caso desvirtuado de aplicación en República Dominicana, donde mujeres vinculadas a dirigentes políticos por lazos familiares ocuparon candidaturas usufructuando la ley de cupo en los últimos comicios legislativos y luego, al obtener los cargos, cedieron ese lugar a los hombres.
Las leyes de cuotas son medidas de acción positiva recomendadas en los años 80 por la Organización de las Naciones Unidas para promover el balance de género en los poderes del Estado. En América Latina y el Caribe, la campaña a favor de esas normas mostró su eficacia para ampliar la representación femenina en las cámaras legislativas.
Argentina fue pionera en la temática. En 1991 se erigió en el primer país del mundo en contar con una ley que establecía un mínimo de 30 por ciento de candidatas femeninas en listas electorales. Luego, mediante reformas, decretos y fallos judiciales, la norma fue mejorando a fin de asegurar su cumplimiento efectivo.
"Los partidos políticos se resisten a aplicarla con equidad de género, lo cual hacen en general es cumplir con la norma, pero al mínimo", observó Archenti.
Con la vigencia de la norma, la proporción de mujeres en la Cámara de Diputados argentina pasó de 5,4 por ciento en 1991 a 35,4 por ciento en 2005 y en el Senado de cuatro a 43 por ciento para el mismo período. "En Argentina, las condiciones del sistema electoral son muy favorables a las leyes de cuotas", aclaró Archenti.
Según concluyen todos los estudios recopilados en el libro, para lograr la mayor incorporación de mujeres no basta que haya una ley que fije un mínimo de candidatas. Se requiere una obligación cuyo incumplimiento prevea sanciones y que las postulantes ocupen lugares con posibilidades de acceder al cargo y no que sirvan de relleno en los últimos lugares o de suplentes.
En el caso de Brasil, donde hay ley de cuotas desde 1998, la norma no es vinculante y por eso el patrón de representación femenino es "muy bajo", explica la socióloga Clara Araujo. En el Senado hay 14 por ciento de mujeres ocupando las bancas, un porcentaje que está por debajo del promedio regional.
La autora, investigadora de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, sostiene que, si bien la no obligatoriedad es la "principal debilidad" de la ley, hay otros factores que conspiran como la lista abierta que deja margen a la discrecionalidad de los votantes. En este punto, los autores coinciden en que las listas cerradas favorecen más a las mujeres.
También son más efectivas las cuotas si contemplan el "mandato de posición", es decir la ubicación obligatoria de las mujeres en puestos con posibilidad de ser elegidas. Por los rasgos de la cultura política latinoamericana, de sesgo patriarcal, los electores prefieren candidatos hombres, explica Acrhenti.
Si la lista es abierta, el mandato puede ser alterado por voluntad del elector, admitió la socióloga de la estatal Universidad de Buenos Aires. Es preferible la nómina cerrada, que no es susceptible de alteraciones en las prioridades o tachaduras, y con mandato de posición, aunque sólo seis países en la región incluyeron esta última regla.
En México, el impacto de la ley de cuotas es escaso, pero por otras razones, señala el doctor en ciencias sociales de ese país, Diego Reynoso, y apunta como principal inhibidor de una incorporación más vasta a las circunscripciones uninominales, donde sólo va un candidato (o candidata) por partido.
La ley de cuotas mexicana es de 1993 y fueron necesarias sucesivas reformas para hacerla efectiva, como ocurrió en Argentina y Costa Rica. No obstante, la proporción de mujeres en la Cámara de Diputados es de 23 por ciento y en el Senado de 16 por ciento, porcentajes alejados del mínimo de 30 por ciento fijado en la ley.
En Costa Rica, la mayor incorporación también llegó con la ley de cuotas. De solo seis por ciento en 1986, las mujeres pasaron a representar 47 por ciento en 2002. "La legislación que meramente exhorta a los partidos a aumentar la participación femenina cae en oídos sordos", advierte Mark Jones, de estadounidense Universidad de Michigan.
En los países andinos, las leyes de cuotas aumentaron la participación de mujeres en los parlamentos. En Bolivia pasaron de 25,8 por ciento en 2001 a 28,3 por ciento en 2006. En Ecuador, donde abundan los distritos uninominales, declinaron de 27 a 26 por ciento en igual período, y en Perú subieron de 18,3 a 28,3 por ciento.
Finalmente, el libro analiza los casos de países en los que la ley de acción positiva no pudo ser aprobada. Uno de ellos es Uruguay, que pese a ser el primer país de la región en habilitar el voto femenino pleno, en 1932, aún no tiene cuotas. Si las tuviera, prácticamente se duplicaría el número de mujeres, según una simulación hecha en el estudio.
El otro fenómeno es el de Chile, donde las mujeres tuvieron "firmes logros" en términos de participación en el Poder Ejecutivo, dice la coautora, Susan Franceschet, de la canadiense Universidad de Calgary. El presidente del periodo anterior, Ricardo Lagos (2000-2006), nombró a cinco ministras y su visibilidad fue clave para avanzar en la escena política.
Así fue sucedido en la presidencia por una de sus ministras, Bachelet, quien designó un gabinete de paridad de género. Pero el sistema electoral "binominal" (dos legisladores más votados por distrito), herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es una "barrera crucial" para una ley de cuotas realmente efectiva, según Franceschet.
