El nacionalismo moderado que gobierna el País Vasco ha lanzado una campaña para lograr más votos en las próximas elecciones, impulsando la convocatoria de un referendo sobre el derecho de autodeterminación de esa región autónoma española.
Para Madrid, el referendo no puede llevarse a cabo, porque una comunidad autónoma no está facultada para convocarlo. El gobierno vasco ha replicado que sólo es una consulta no vinculante.
Las elecciones de los diputados que integran el Parlamento Vasco, que a su vez designa al presidente del gobierno autonómico, aún no fueron convocadas, pero deberán realizarse antes de marzo de 2009, cuando venza la actual legislatura. En ese camino preelectoral se ubica el anuncio del referendo.
El presidente vasco, Juan José Ibarretxe, confirmó este lunes su decisión de convocar la consulta popular el 25 de octubre, con el fin de que los ciudadanos de la comunidad autónoma "decidan sobre su derecho a decidir" y los incitó a presentar denuncias contra Madrid ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en caso de que el Tribunal Constitucional declare la nulidad del referendo.
Aunque en la convocatoria no se hablará expresamente de la independencia, se interrogaría a los ciudadanos sobre "un final dialogado de la violencia", ejercida por el grupo terrorista y separatista ETA, y sobre un "proceso de negociación" de los partidos políticos de la comunidad con el propósito del "ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco".
Las cuestiones del derecho a la autodeterminación y la independencia aparecen políticamente ligadas por la fórmula del "derecho a decidir". La convocatoria sería ilegal, según la legislación vigente, basada en la Constitución española aprobada en 1978 por todos los partidos políticos y ratificada en referendo.
Todo hace prever que el referendo no se podrá realizar, pues el Tribunal Constitucional dictaminará en coincidencia con el gobierno, que lo ha impugnado.
Cuando en septiembre de 2007 Ibarretxe anunció la convocatoria, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que no se celebraría por ser "claramente inconstitucional".
Ibarretxe ha dirigido una carta abierta a los ciudadanos vascos, instándolos a presentar denuncias individuales contra el Estado español ante el tribunal de Estrasburgo, arguyendo que el rechazo del referendo constituye una vulneración de las libertades de pensamiento, de asociación y de participación política.
Ibarretxe consigna en la misiva su deseo de que "cada una de las personas que hoy vivimos en Euskadi (País Vasco en euskera), pensemos como pensemos, tengamos la posibilidad de expresar nuestra opinión y ejercer nuestro derecho a decidir para abrir un nuevo futuro de paz y convivencia". El mandatario expone varias preguntas que se someterían a consideración de la ciudadanía vasca. "¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?", sostiene una de ellas.
Eso significa que, antes de esa fecha, los ciudadanos del País Vasco serían convocados para pronunciarse sobre el derecho a decidir, lo que se interpreta como el derecho a ejercer la autodeterminación sobre la independencia de esa región, una de las 17 que integran España.
Otra pregunta sería: "¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de una forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?".
Aquí es donde se manifiesta una gran diferencia con la posición de Madrid. El gobierno de Zapatero exige a ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad) un abandono de las armas previo y definitivo para abrir el diálogo, mientras Ibarretxe propone que la organización manifieste "su voluntad" de poner fin a la violencia, y no que renuncie a ella, para dialogar.
Al mantenerse la ilegalización de Batasuna, brazo político de ETA, Ibarretxe aspira a recibir gran parte de los sufragios de su base electoral, lo que podría representar un aporte muy importante. En los últimos comicios, el nacionalismo moderado se impuso por una diferencia de menos de un punto porcentual sobre las dos grandes fuerzas no nacionalistas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el centroderechista Partido Popular.
La iniciativa de presentar demandas ante el tribunal de Estrasburgo cuenta con respaldo de las tres fuerzas que integran el gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), de Ibarretxe, Eusko Alkartasuna, una escisión del PNV, y Esqer Batúa, una coalición integrada por ex miembros de Batasuna y de Izquierda Unida.
En 2003, cuando fue ilegalizada Batasuna, sus representantes se presentaron ante el tribunal de Estrasburgo, que admitió la denuncia cuatro años después, pero acabó dictaminando contra ella. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, exhortó a Ibarretxe a esperar la sentencia del Tribunal Constitucional antes de presentarse ante el tribunal europeo. Su negativa a aguardar muestra "que da por hecho que tendrá una sentencia adversa", añadió Blanco.
Aun con un rechazo, Ibarretxe puede apelar a esa demanda para atraer las voluntades de los votantes de Batasuna, aspirando así a la mayoría absoluta.
El PSOE, por su parte, intentará mejorar su rendimiento y recuperar el gobierno de esa región, que había conseguido en la segunda mitad de los años 70, después del fin de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
