Río de Janeiro se destaca en los comicios municipales de octubre en Brasil por presentar la disputa más intensa, con 25,6 candidatos poa cada escaño de concejal, y porque decenas de barrios pobres han sido militarizados para neutralizar la violencia.
Cerca de 3.500 soldados del ejército y de la marina fueron movilizadas para ocupar favelas (barrios pobres y hacinados) bajo control de las llamadas "milicias", grupos ilegales en general comandados por policías o ex policías, o bandas de narcotraficantes.
El objetivo es asegurar a los candidatos en campaña condiciones para visitar esas áreas.
El plan prevé la ocupación de 27 favelas durante tres días, o según las necesidades del momento, hasta el 26 de octubre, cuando se realizará la segunda vuelta electoral si ninguno de los candidatos a alcalde triunfa por mayoría absoluta el 5 de octubre.
Las encuestas anuncian que el balotaje es la alternativa más previsible.
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La concejala Andrea Gouveia Vieira, quien pertenece al opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña y procura su reelección, considera que los comicios son "ilegítimos", pues "casi mitad de la población vive en territorios cerrados", sin condiciones de votar libremente ante la coerción de grupos armados ilegales.
Se estima que 1,7 millones de personas, 28 por ciento de la población de Río, viven en favelas donde las milicias ejercen algún control. De esa influencia resultó la elección de varios concejales y diputados en comicios anteriores, lo que dejó en evidencia las ambiciones políticas de esos grupos.
Pero, aunque contaron con la tolerancia de gobiernos anteriores, han visto a algunos de sus líderes caer en la cárcel desde el año pasado y se enfrentan con una renovada persecución legal por parte de la policía y la justicia.
El caso emblemático es de la familia Guimarães, que ya tuvo cuatro miembros detenidos, acusados de encabezar la milicia autodenominada Liga de la Justicia.
La familia reparte sus lealtades entre tres fuerzas políticas, desde el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) hasta dos de la oposición. Al concejal Jerónimo Guimarães, preso desde diciembre, le siguieron dos de sus hijos y su hermano, el diputado estadual Natalino Guimarães, encarcelado en julio.
Pero la hija, Carmen Guimarães, del PT, quien reemplazó su apellido por el apodo más popular de su padre, Jerominho, sigue impulsando su propia candidatura como concejala desde la cárcel, donde se encuentra desde el 29 de agosto.
Otro concejal, Josinaldo da Cruz, conocido como Nadinho, considerado el líder de la más antigua milicia, que surgió en los años 80 en el barrio Río das Pedras, estuvo detenido apenas un día, acusado de ordenar el asesinato de un policía que sería su rival en ese grupo irregular. Pero sigue activo en la política local.
En su testimonio ante la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las milicias, en la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro, el 9 de septiembre, Nadinho reveló que tres diputados fueron elegidos con apoyo de esos grupos.
Si se comprobara la veracidad de la denuncia demostraría la penetración de la criminalidad en la cumbre policial. Un diputado federal acusado, Marcelo Itagiba, fue secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, y otra legisladora implicada, Marina Magessi, fue jefa de importantes comisarías de la policía civil.
El tercer diputado mencionado por Nadinho, Alvaro Lins, fue jefe de la policía civil del estado y resultó elegido legislador estatal en 2006, aunque sus pares lo destituyeron ese mismo año, dados los fuertes indicios de su vínculo con milicias y otras bandas criminales.
Las condiciones en que se disputan las elecciones en Río de Janeiro no son alteradas por la presencia militar, que protege a los candidatos permitiéndoles que hagan su campaña en las favelas durante tres días. Pero la población queda luego a merced del crimen organizado, dijo a IPS la concejala Gouveia Vieria.
La población "sigue constreñida y ni puede aprovechar el momento para hablar" por temor a las represalias, agregó.
Sin embargo, la iniciativa de involucrar a las fuerzas armadas es "un primer paso" importante, porque representa "una toma de conciencia de las instituciones públicas" de que la situación en esas comunidades es grave y merece atención especial, afirmó.
Ahora es necesario "liberar esos territorios", que la Justicia Electoral bloquee la candidatura de delincuentes, que el Congreso legislativo cambie la legislación con ese mismo objetivo y que los partidos rechacen postulaciones de quienes tienen "antecedentes sucios", señaló Vieria.
Y si todo eso falla, dijo la concejala, se requerirá a los ciudadanos que "no voten a quienes están relacionados con el crimen".
La presencia militar tiene "importancia simbólica", como señal de que "el proceso electoral no será sometido a la lógica" que contaminó a parte de la policía, la justicia, el mercado y las relaciones personales en Río de Janeiro, declaró a IPS Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Candido Mendes.
Es un golpe adicional contra las milicias, agregó, que son el blanco principal porque se organizaron para asumir un creciente poder político.
Esto se suma a las pérdidas que ya sufrieron por el encarcelamiento de algunos de sus líderes y la decisión del actual gobierno estatal de no tolerarlas, a diferencia de la gestión anterior, agregó.
Las milicias, que al inicio obtuvieron apoyo popular como "mal menor" frente a los narcotraficantes, se volvieron más brutales imponiendo sus negocios, como venta de gas de cocina y "protección", aterrorizando la población. El resultado de las elecciones indicará si perdieron respaldo por ese cambio de actitud, dijo Ramos.
Para Itamar Silva, coordinador del no gubernamental Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos, la ocupación militar de las favelas "nada resuelve" y molesta a los candidatos que deben presentarse al lado del ejército. La población no puede ver "los tanques en la plaza como signo de libertad", aseguró.
Candidatos vinculados a las milicias hacen campaña desde la prisión y siguen con sus planes a largo plazo de conquistar más poder, que no serán afectados por la presencia militar de dos o tres días, afirmó Silva.
"Lo más perverso", se lamentó, es que contraponer una fuerza armada, aunque legal, a grupos irregulares también militarizados no promueve la organización interna de la comunidad, sino todo lo contrario.
Quitar la "hegemonía" a un jefe miliciano de esa forma sólo abre las puertas a otro, no a "nuevas voces comunitarias, todas sofocadas", concluyó.
