Los empresarios reaccionaron con temor por el futuro de las exportaciones al anuncio del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de pedir al Congreso que suspenda los beneficios arancelarios para Bolivia, como corolario de la tensa relación bilateral.
"Siento desasosiego por la confirmación de la medida de Washington, después de las desacertadas acciones del gobierno nacional", dijo a IPS el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Antonio Rodríguez.
La ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (Atpdea por sus siglas en inglés) permitió al sector manufacturero boliviano vender sin aranceles a alrededor de 60 por ciento del total de 430 millones de dólares que exporta anualmente a Estados Unidos. La vigencia de la norma caduca el 31 de octubre.
Instaurado en 2002 como heredero directo de la Ley de Preferencias Arancelarais Andinas nacida en 1991, este convenio comercial fue ideado por Washington como reconocimiento a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por sus programas de lucha contra el narcotráfico.
Pero la instalación en Bolivia de un gobierno de izquierda encabezado por un indígena que forjó su liderazgo social desde el sindicato de campesinos cultivadores de coca, llevó a Estados Unidos a mirar con recelo su aplicación en este país.
Las relaciones entre ambos países se tensaron aún más a partir del 10 de este mes, cuando el presidente Evo Morales expulsó al embajador de Estados Unidos en el país, Philip Goldberg, tras responsabilizarlo de promover un clima de inestabilidad política en alianza con cinco prefectos (gobernadores) departamentales de oposición, en medio de reclamos autonomistas de derecha.
La respuesta de Washington fue expresada en los mismos términos y el embajador boliviano Gustavo Guzmán fue también expulsado.
Poco antes de marcharse, Goldberg anunció que la medida resuelta por el presidente Morales tendría consecuencias y esta suspensión del beneficio arancelario sería una de ellas.
Uno de los principales exportadores de productos manufacturados de Bolivia, el empresario textil Marcos Iberkleid, afirmó que el país debe lograr la apertura de nuevos mercados y no descartó un incremento de ventas a Venezuela, el principal aliado del gobierno boliviano.
Para Rodríguez, "esto es la consecuencia de una sumatoria de sinrazones que han enervado innecesariamente las relaciones bilaterales".
Bolivia afrontó una crisis política explosiva desde fines de agosto hasta la semana pasada, por la batalla desatada por sectores de oposición que reclaman la autonomía para los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, la llamada media luna oriental, y que cobró al menos la vida de unas 17 personas, en un ataque a campesinos que es motivo de investigación.
El gobierno de Morales sostiene que grupos radicales y de oposición recibieron respaldo de Estados Unidos y denunció la existencia de un plan para derrocarlo por la vía del bloqueo de acceso vial a las principales ciudades y la ocupación de instituciones estatales de domino nacional.
Al presente, el gobierno dialoga con ocho de los nueve prefectos del país en busca de un acuerdo, mientras mantiene detenido al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, al que acusa de genocidio por la matanza de los campesinos.
En el frente empresarial, Rodríguez observa que la decisión de la Casa Blanca es producto de la "ideologización y politización" de la agenda de Morales y la "desaprensiva desatención de temas económicos y comerciales".
A pesar de las escaramuzas políticas, el gobierno anunció que este año se alcanzará una cifra récord en exportaciones con una cifra de 6.000 millones de dólares, frente a los 4.780 millones de dólares del pasado año.
"Desde nuestro punto de vista, es el inicio de una sucesión de eventos fatídicos para el sector laboral que será el más afectado por la pérdida de mercados", comentó Rodríguez.
Según el IBCE, Bolivia exporta a Estados Unidos 430 millones de dólares, de los cuales 250 millones de dólares gozan de la liberación de aranceles comprendidos bajo el programa del Atpdea.
El comercio con Estados Unidos genera 80.000 empleos, 40.000 de los cuales corresponden a las industrias manufactureras que operan bajo el convenio de reciprocidad en la lucha antidroga, pero se estima que unas 120.000 personas se benefician directa e indirectamente de las exportaciones a ese mercado, según Rodríguez.
El Poder Ejecutivo lamentó que obreros especializados en la confección de prendas de vestir, marroquinería, textiles, maderas y alimentos, que trabajan en 250 empresas y producen 400 variedades de bienes, queden afectados tras la suspensión del convenio, el 31 de octubre próximo.
A la hora de evaluar el tema político y comercial, coloca en la balanza al gobierno de Vietnam que exporta anualmente 10.000 millones de dólares, como efecto de una política comercial que vela por los intereses nacionales en lugar de los partidarios.
Rodríguez no descartó que a futuro, el mercado estadounidense regido por el Sistema General de Preferencias (SGP) que permite la exportación de 180 millones de dólares, sea afectado por las tensas relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
