Seis campesinos paraguayos encarcelados en Argentina realizan una huelga de hambre desde el 15 de agosto, en protesta por lo que califican como «injusta detención» promovida con la «complicidad» del gobierno argentino.
Agustín Acosta González, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Vera Silguero se encuentran detenidos en el penal de Marcos Paz, en la oriental provincia de Buenos Aires, a raíz de un proceso que se les sigue en Paraguay vinculado al secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999).
La justicia paraguaya pidió su extradición a tribunales argentinos, que la concedieron en primera instancia.
Los detenidos eran militantes del extinguido movimiento marxista Patria Libre de Paraguay, del Movimiento Agrario y Popular y de cooperativas campesinas. Acosta fue seminarista y se desempeñaba como docente en el central departamento de San Pedro, el mismo del que fue obispo el actual presidente Fernando Lugo.
La huelga de hambre es acompañada por numerosas organizaciones de derechos humanos, incluidas las distintas líneas de Madres de Plaza de Mayo, por varios colectivos de residentes paraguayos en este país y por intelectuales como el escritor Osvaldo Bayer, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y los uruguayos Eduardo Galeano, escritor, y Daniel Viglietti, músico.
Este martes, organizaciones y partidos de izquierda llevaron a cabo una movilización en el centro de Buenos Aires a favor de la liberación de los seis activistas. Cecilia Cubas, de 31 años, fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 en San Lorenzo, municipio contiguo a Asunción, y su cadáver apareció, asfixiado, 148 días después, pese a que la familia pagó un rescate de 800.000 dólares.
El episodio conmocionó a Paraguay y provocó un tembladeral en el gobierno del entonces presidente Nicanor Duarte (2003-2008). De inmediato, la pesquisa oficial se orientó hacia miembros de Patria Libre, grupo calificado como "terrorista" por el mandatario de la Asociación Nacional Republicana, más conocida como Partido Colorado.
Ante un proceso político y judicial contra activistas campesinos, varios de ellos solicitaron refugio en diferentes embajadas.
Los seis huelguistas afirman que el entonces embajador argentino en Paraguay, Rafael Romá, les recomendó que cruzaran la frontera y solicitaran asilo ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), que en Argentina integran representantes de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, con asesoramiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y organizaciones civiles.
El pedido de asilo se cursó en mayo de 2006. Setenta y dos horas después de su llegada, tres de los seis paraguayos fueron apresados por Interpol en las mismas oficinas del Cepare en Buenos Aires, ante un pedido de arresto de la justicia paraguaya. Más tarde fueron detenidos otros dos en el distrito bonaerense de Florencio Varela, y el sexto en un barrio de Buenos Aires, en un mediático operativo policial.
Una de las abogadas defensoras de los campesinos, Liliana Meaza, dijo a IPS que la salud de dos detenidos es especialmente delicada. Vera Silguero tiene picos de presión que preocupan a los médicos y Cardozo Giménez ya no se levanta de la cama en la que lleva a cabo la huelga de hambre, con ingestión de líquidos.
Los detenidos aseguraron en varios documentos públicos que en Paraguay se cometen "ejecuciones" y encarcelamientos arbitrarios bajo responsabilidad un aparato policial y jurídico "heredado de la dictadura (de Alfredo Stroessner, 1954-1989), con jueces funcionales a la mafia que operó y sigue operando bajo la órbita del Partido Colorado, con 61 años de persecución y asesinatos de líderes de la oposición".
Los campesinos excluyen de la responsabilidad de su situación al gobierno de centroizquierda de Lugo, investido presidente el 15 de agosto, el mismo día en que comenzaron la huelga de hambre. Pero dudan de su real capacidad de acción frente al aparato estatal heredado del Partido Colorado.
El juicio de extradición quedó en manos del juez federal argentino Ariel Lijo, quien el 14 de diciembre de 2006 falló que "no existen pruebas fehacientes de que (los seis campesinos) sean perseguidos políticos".
El magistrado fundamentó su fallo en la decisión del Cepare, que fue tomada de inmediato tras el pedido de asilo y ratificada en un dictamen el 20 de julio de este año. Para el Cepare, la militancia de los campesinos era de "bajo perfil", por lo que consideró dudosa la "posibilidad de una persecución política", contrariando una primera opinión de la gubernamental Secretaría de Derechos Humanos argentina.
La oficina del Acnur en Argentina se negó a responder a IPS su opinión sobre el asunto, citando un deber de confidencialidad.
Mientras, en Paraguay, el juez Pedro Mayor Martínez sobreseyó a los acusados, pero la Sala III de la Cámara del Crimen volvió a imputarlos y ratificó el pedido de extradición.
La ley argentina estipula que la apelación de fallos de extradición debe ser tratada directamente por la Corte Suprema de Justicia, salteando los tribunales intermedios.
El máximo tribunal argentino resolvió este año posponer cualquier decisión hasta que el Ministerio del Interior resuelva la apelación presentada al dictamen del Cepare. Por esta dilación, los defensores de los paraguayos, que pertenecen a la Fundación para la Investigación y Defensa Legal (Fidela), solicitaron una excarcelación temporal, denegada por Lijo, que alegó peligro de fuga de los imputados.
En este punto surgen diferentes versiones sobre el proceso. La activista Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, dijo a IPS que "le planteamos el caso al ministro (de Justicia, Aníbal Fernández), y nos dijo que el caso es jurídico. En este país hay leyes y el gobierno no puede hacer nada hasta que la justicia decida", indicó la dirigente, avalando la postura gubernamental.
La abogada Meaza, de la Fidela, replicó que "Aníbal Fernández es un gran mentiroso". La defensora recordó que el ministro ya había calificado a los campesinos como "los que mataron a Cecilia Cubas" en una entrevista radial.
Para la letrada, el asesinato de la joven se enmarca en "los secuestros extorsivos mafiosos por la interna del Partido Colorado". El padre de la muerta, Raúl Cubas, fue acusado del crimen de quien era su vicepresidente, Luis María Argaña, acribillado a balazos en marzo de 1999. Años más tarde sería absuelto de ese cargo.
La acusación concreta contra los campesinos indica que participaron de una reunión en la que se habría decidido la muerte de Cecilia Cubas, en enero de 2005, y que omitieron efectuar una denuncia pública. El gobierno de Duarte alegó además la complicidad de Patria Libre con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según Meaza, el testimonio de quien los inculpa es débil y el proceso está plagado de irregularidades, con cambios "hasta de la fecha en que fue ejecutada la joven".
"Con nuestra injusta detención, el gobierno argentino se convierte en cómplice de esta realidad y además esta violando el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo séptimo, punto quinto, porque llevamos mas de dos años presos sin juicio y sin perspectiva de una pronta solución", dijeron los campesinos en un comunicado emitido a los 33 días de iniciada la huelga de hambre.
