El grupo de presos beneficiados en Cuba con la conmutación de la pena de muerte por prisión perpetua o reclusión de 30 años aún permanece bajo el régimen reservado a los condenados a ese castigo máximo, se quejó este martes una organización opositora.
"Han pasado cinco meses del anuncio y ellos (los reclusos) siguen en zonas de castigo conocidas como pasillos de la muerte", aseguró a IPS Elizardo Sánchez, tras dar a conocer el informe semestral sobre la situación humanitaria en este país caribeño de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRC). Sánchez, quien preside esa organización que actúa sin estatus legal, dijo que sus evaluaciones se basan en el testimonio de familiares e inclusive de algunos presos que se comunicaron telefónicamente con la Comisión, desde la cárcel. Pese a la severidad del régimen carcelario, estos reclusos reciben visitas cada cuatro meses, según reconoció.
El presidente cubano Raúl Castro anunció a fines de abril que "un grupo de sancionados" a la pena capital, algunos de los cuales "llevaban varios años en espera del pronunciamiento del Consejo de Estado", purgarán ahora cadena perpetua o 30 años de privación de libertad.
Sánchez calificó esa decisión de "positiva", aunque deploró la falta de "información pública" sobre el número de conmutaciones y cuántas fueron por 30 años de prisión o por reclusión perpetua.
"Nuestra comisión debió acudir a inferencias para estimar que las penas de muerte conmutadas fueron entre 20 y 30 y alrededor de la mitad lo fueron por cadena perpetua", señala el informe firmado por Sánchez como "Observador de Derechos Humanos y ex prisionero de conciencia". En el documento entregado a la prensa internacional acreditada en La Habana se considera "inquietante" que los beneficiados con los cambios de penas estén internados todavía bajo condiciones extremas y en zonas de máximo aislamiento, en algunos casos desde hace más de 10 años.
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A la vez, afirma que el gobierno sigue manejando la cuestión de la pena de muerte de manera "muy conservadora" y mantiene plenamente vigente en su Código Penal "decenas de motivos formales" para seguir aplicando esa condena. "Es una espada de Damocles sobre los ciudadanos", comentó Sánchez.
Sin embargo, la decisión de conmutar la pena capital reafirmó la moratoria de hecho vigente desde 2003 en el país. Luego del fusilamiento ese año de tres secuestradores de una embarcación, con todo su pasaje a bordo, el castigo máximo no ha vuelto a ser dictado en los tribunales ni se han efectuado nuevas ejecuciones.
El gobierno cubano defiende esta condena como un arma jurídica del país para su defensa, tanto de agresiones externas, como de posibles actividades internas encaminadas a destruir el Estado, y para proteger a la población de los crímenes más execrables.
En ese aspecto, La Habana vincula una posible abolición de la pena de muerte en Cuba "al cese de la política de hostilidad, terrorismo y guerra económica, comercial y financiera, a la que es sometida su pueblo, desde hace más de 40 años por parte de Estados Unidos", de acuerdo con documentos oficiales.
"Hemos sido forzados a escoger, en legítima defensa, el camino de establecer y aplicar leyes severas contra nuestros enemigos, pero siempre apegados a la más estricta legalidad y con respeto de las garantías judiciales", señaló Castro en abril, al dar por concluida una reunión del Comité Central del gobernante Partido Comunista de Cuba.
Por otra parte, la CCDHRC indicó en su informe que entre enero y el 20 de julio de este año pudo documentar 219 "casos de presos políticos", algo menos que los 234 del pasado año. Según la organización disidente, la cifra real podría ser mayor, debido "al carácter cerrado del régimen", que no permite "ninguna forma de escrutinio".
Pero Sánchez afirmó que han aumentado las detenciones "de corta duración", y su organización también ha documentado malos tratos policiales, "algo que antes se evitaba". Las autoridades no suelen reaccionar ante los informes de la CCDHRC ni tampoco brindan datos estadísticos sobre la población penitenciaria.
El texto incluye los nombres de 219 personas que cumplen sanción o esperan ser sometidas a juicio y menciona también a 67 "prisioneros de conciencia cubanos adoptados por Amnistía Internacional que continúan cumpliendo sus condenas". De ese grupo, 10 se encuentran excarcelados por motivos de salud.
En el listado figuran los casos de los tres condenados a muerte cuyos recursos de apelación ante el Tribunal Supremo Popular "serán analizados próximamente", según indicó Castro en su discurso de abril. Dos de ellos son de nacionalidad salvadoreña, Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados por terrorismo en 1998.
También espera una decisión del Tribunal Supremo el cubano Humberto Eladio Real Suárez, arrestado el 15 de octubre de 1994 tras desembarcar en esta isla y asesinar a una persona y robarle su automóvil. Fue enjuiciado y condenado por actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego.
