Unos 250.000 niños, niñas y adolescentes indígenas que permanecían indocumentados en Nicaragua son registrados y obtienen existencia legal en este país, paso obligado para acceder a derechos humanos básicos.
El programa "Derecho a un nombre y una nacionalidad" es impulsado por las organizaciones no gubernamentales Save the Children y Plan International, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo Supremo Electoral (CSE) de este país y autoridades regionales y municipales.
"Alguien que no está registrado no tiene apellidos y ni siquiera un nombre propio, porque la familia y la sociedad rural llaman como quieren a la niñez, lo cual determina que la niñez crece siquiera sin tener un nombre propio", dijo a IPS el consultor del programa y director del Área de Protección de Derechos de Unicef, Hugo Rodríguez.
Cinco años atrás, algunas instituciones universitarias y de derechos humanos dieron la alarma sobre unos 500.000 niños de comunidades indígenas de las orientales Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur que no tenían certificados de nacimiento, explicó el experto en estadísticas.
Según Rodríguez, un diagnóstico posterior reveló que cerca de 38 por ciento de la infancia nicaragüense no estaba registrada y, por tanto, no figuraba en las estadísticas demográficas.
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En las zonas indígenas sobre el océano Atlántico y en otras del centro y norte de Nicaragua, los investigadores encontraron grupos tribales con 100 por ciento de su población infantil y adolescente, e inclusive una parte de la adulta, no inscripta en el registro civil.
Entonces arrancó una misión que hoy lleva cuatro años y medio y que ya logró inscribir a unos 97.000 niños, niñas y adolescentes de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), donde se habían detectado cerca de 100.000 sin registrar.
En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) las tareas comenzaron este año, con la meta de registrar a unos 100.000 menores, así como en el departamento de Nueva Guinea, al sur de ese territorio, donde el propósito es alcanzar 50.000 inscripciones.
"Hubo comunidades donde antes ni siquiera los padres estaban inscritos, mucho menos sus descendientes, y hubo que integrar a toda la comunidad para ayudarles a recordar fechas, apellidos, direcciones y más datos de los parientes", relató a IPS Susana Marley, líder comunal de la etnia miskita en el municipio de Waspam, a orillas del río Coco, fronterizo con Honduras.
Marley recordó casos de personas que viajaron cinco días por río para inscribir a sus hijos y que, al momento de efectuar el trámite, elegían nombres y hasta apellidos para sus parientes. "Ni siquiera se ponían de acuerdo en cómo se llamaban sus niños y niñas", sostuvo.
El año pasado en Waspam, el Ministerio de Salud reportó el nacimiento de 1.801 niños y el Registro Civil local apenas había inscripto a 144 niños y niñas.
Tanto el personal de Unicef como autoridades municipales señalaron a IPS que la principal causa del problema, además de la falta de educación, es la pobreza extrema de las comunidades indígenas. Ochenta por ciento de ese sector de la población vive con menos de un dólar diario, según datos de las Naciones Unidas.
"La gente no quiere perder ni un día de trabajo en la pesca o en la siembra, para bajar de las comunidades a inscribir a los 'cipotes' (niños)", dijo Marley.
El programa ya ha tenido impacto. Según el CSE, tras concluir el proyecto en la RAAN el padrón electoral creció en 33 por ciento en algunos municipios y hasta en 45 por ciento en otros.
José Luis Villavicencio, magistrado del CSE, destacó los avances del programa y comentó a IPS que el registro universal de nacimiento "es una tarea importante para fortalecer la institucionalidad del país".
"Si un municipio no cuenta con la información exacta de cuántos ciudadanos viven ahí, no podrán hacerse gestiones correctas de desarrollo local ni de participación ciudadana, mucha gente quedaría sin votar y sin ejercer sus derechos ciudadanos", dijo.
Si bien en la RAAN el programa con ayuda de entidades internacionales concluyó, se sostendrá el registro universal de nacimientos por medio de las alcaldías y organizaciones comunitarias, ya capacitadas para continuar con la tarea, explicó Rodríguez.
En la RAAS ya se han declarado varios municipios libres de subregistro infantil. A fines de este mes, Unicef informó que más de 8.000 niñas, niños y adolescentes de los municipios de Corn Island y Bluefields recibieron sus certificados de nacimiento al concluir la primera etapa del proyecto.
El proceso de levantamiento de datos, inscripción y entrega de las partidas de nacimiento fue ejecutado por el Centro de Derechos Humanos y Autonómicos de la Costa Caribe (Cedehca), con el apoyo de las demás entidades, informó Olga Moraga, oficial de comunicaciones de Unicef en Managua.
"Mis hijas aprendieron a escribir y a leer por solidaridad de unos hermanos cristianos, pues en los colegios públicos no me los aceptaban por no tener partidas de nacimiento", narró a IPS Marcia Cunninghan, madre de tres niñas en Bilwi, capital de la RAAN, quien a sus 36 años tampoco tenía documentos.
El programa ha permitido que miles de niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la atención de salud, educación, recreación sana, participación cívica, a ser escuchados en sus comunidades y a una identidad propia, destacó Argentina Martínez, directora en funciones de Plan International Nicaragua.
Además, el registro de nacimiento constituye un elemento fundamental de protección contra la trata de personas, y permite a las autoridades datos estadísticos exactos de su población para planificar el desarrollo y demandar presupuestos ajustados, agregó.
Miriam Hooker, de Cedehca, apuntó que garantizar el derecho a un nombre y una nacionalidad "es garantizar la autonomía de los pueblos indígenas de la Costa Caribe", pues la autonomía pasa por el reconocimiento de la identidad de cada una de las etnias, que también se logra con el registro de nacimiento.
Los indígenas constituyen 8,6 por ciento de los 5,4 millones de habitantes de este país, según cifras de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.
Las etnias miskitos, mayangnas, garífunas y ramas de la costa atlántica, una de las zonas más pobres del país, representan 5,3 por ciento de la población. El resto son descendientes mestizados de los pueblos nahuas, chorotegas, sutiabas y matagalpas del Pacífico, norte y centro de Nicaragua.
