Los nativos que viven en el territorio indígena brasileño de Raposa Serra do Sol ganaron un primer voto favorable en el proceso iniciado este miércoles en el Supremo Tribunal Federal, que decidirá el destino de esa reserva ubicada en la frontera norte.
Un pedido de "vistas" de uno de los miembros del tribunal postergó la decisión final.
"Esbulho", que en portugués quiere decir expoliación o robo, fue la palabra que usó el magistrado Carlos Ayres de Britto, relator del proceso, para calificar la ocupación de una parte de Raposa, sostenida por hacendados que quieren anular la demarcación del territorio, concluida en 2005 con la homologación firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Britto consideró "improcedente" la acción judicial que cuestiona la demarcación, defendiendo con detallada argumentación el mantenimiento de los 1,7 millones de hectáreas como un área continua, para cumplir los derechos constitucionales de los 19.000 indígenas de cinco etnias, que comparten la reserva.
El fallo del Supremo Tribunal Federal será decisivo no solo para esa población autóctona del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, sino para gran parte de los indígenas brasileños que viven en tierras disputadas por agricultores, ganaderos y otros pretendidos propietarios.
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Los indígenas, sus defensores y ambientalistas temen que una decisión desfavorable ponga en riesgo a decenas de otras tierras ya demarcadas que podrían volverse blanco de nuevos cuestionamientos. Y hay otras reservas en las que persisten conflictos, pues si bien han sido reconocidas como indígenas, sus habitantes no tienen aún su posesión definitiva o están parcialmente ocupadas por hacendados, como Raposa.
Los numerosos argumentos expresados por Britto, en casi dos horas de exposición, representan más que un voto. El magistrado que debería seguirle en la votación, Carlos Alberto Direito, pidió un tiempo para reflexionar, elogiando la ponencia del relator por su "conocimiento de la totalidad de la materia", incluyendo los hechos históricos.
El máximo tribunal de justicia de Brasil se compone de 11 magistrados. Su presidente, Gilmar Mendes, expuso su esperanza de finalizar este año el proceso, iniciado en respuesta a una acción judicial de dos senadores de Roraima, apoyada por gobernantes locales, hacendados e incluso por una parte de los indígenas.
La acción cuestiona la demarcación del territorio, y defiende el "derecho adquirido" de los terratenientes que compraron tierras dentro de la reserva indígena, donde cultivan principalmente arroz.
Son invasores de áreas tradicionalmente indígenas, que provocaron un conflicto en el que "21 líderes fueron asesinados y muchas casas quemadas", destacó Joenia de Carvalho, de la etnia wapichana, al defender los derechos de su pueblo como la primera abogada autóctona que expone en una sesión del Supremo Tribunal Federal.
Desde 1996 esos supuestos propietarios no tienen ningún derecho a las tierras que ocupan, sentenció Britto, quien comprobó la expoliación mediante registros notariales que revelan un crecimiento injustificado de los predios en manos de los hacendados, con extensiones multiplicadas en sucesivas ventas, fusiones y separaciones en las décadas de 1980 y 1990.
El juicio se abrió con intervenciones de defensores de los demandantes y del gobierno de Roraima, seguidos de representantes del gobierno federal, como el abogado general de la Unión, José Antonio Toffoli, y de defensores de la causa indígena.
El ex canciller y ex magistrado del Supremo Tribunal y de la Corte Internacional de Justicia, Francisco Rezek, abogado contratado por el gobierno de Roraima, acusó a la administración federal de haber demarcado Raposa de forma irresponsable y de reducir a sólo 10 por ciento el área de Roraima bajo jurisdicción de las autoridades estaduales, dejando escasas tierras para la producción agrícola.
El relator Britto contrarrestó todos los argumentos contra la demarcación continua de Raposa. En Roraima, "descontando las tierras indígenas" y otras federales, los 121.182 kilómetros cuadrados —área equivalente a la de tres estados brasileños en los que viven 22 millones de personas— sobran para "los menos de 400.000 habitantes no indígenas" del distrito, aseveró.
Los estudios antropológicos que justificaron la demarcación de una tierra indígena continua fueron idóneos, reconocidos y no cuestionados seriamente durante muchos años, después de ser ampliamente publicados, arguyó. Ellos permiten concluir que "solo la tierra continua asegura los derechos de reproducción física y cultural y el mantenimiento integral de costumbres y tradiciones" de aquellas poblaciones, acotó Britto.
Las cinco etnias conviven allí sin conflictos hace por lo menos 150 años, se mezclaron, hablan lenguas de tronco común, y las tierras que ocupan tradicionalmente son lindantes, lo que no justifica separarlas en "islas", como quieren los demandantes, porque eso implicaría incumplir lo que dispuso la Constitución, afirmó el magistrado.
"Hay compatibilidad perfecta entre tierras indígenas y fajas de frontera", aseguró Britto, para contrarrestar el argumento esgrimido inclusive por militares, de que la tierra de Raposa, al ser fronteriza, amenazaría la seguridad y la soberanía nacional.
La historia demuestra que la presencia indígena en la frontera fue un factor para su defensa, y la misma Constitución brasileña reconoce la ocupación privada de fajas limítrofes como "fundamental para la defensa", añadió.
A los que expresan temor de que grupos autóctonos se afirmen como nación y proclamen su independencia con apoyo externo, fundándose en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Britto les indicó que la Constitución brasileña "contiene disposiciones suficientes" y es insuperable en la defensa de los derechos de etnias originarias.
