La sobrevivencia de los indígenas en Brasil está asegurada mientras perdure la Constitución nacional en vigor desde 1988, que dedica su capítulo VIII, con dos artículos, a los derechos de esa población.
Así permite concluir el discurso de Carlos Ayres de Britto, el miembro de la Suprema Corte de Justicia que, como relator del proceso, declaró un contundente voto a favor de mantener el territorio indígena brasileño de Raposa Serra do Sol tal como fue demarcado, con 1,7 millones de hectáreas como un área continua del estado de Roraima y fronteriza con Guyana y Venezuela.
La Constitución representa la "carta de alforria" de los indígenas, definió Britto, comparándola así con el documento que en el pasado servía de rescisión de derechos de propiedad de esclavos negros y que fue base de la abolición decretada exactamente hace 100 años.
Los brasileños nativos no necesitan de documentos o acuerdos internacionales para defender sus derechos, acotó respondiendo a críticas a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que, por defender su autodeterminación, es acusada de promover separatismos.
La argumentación de más de dos horas de Britto sirvió de inicio el miércoles al juicio que decidirá si es válida o no la demarcación de Raposa, finalizara en 2005 con la homologación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Por pedido de otro juez, se aplazó por tiempo indefinido la votación de los demás 10 miembros de la Corte, que espera reanudar aún este año.
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Gobernantes, parlamentarios y hacendados del estado de Roraima quieren reducir y fragmentar la reserva, argumentando que es demasiado extensa para sólo 19.000 indígenas, dejando escasas tierras para la producción agrícola y poniendo en riesgo la soberanía nacional al ubicarse en la frontera.
Además, hacendados que cultivan extensas áreas de arroz sostienen tener derechos adquiridos sobre predios dentro de la reserva demarcada, aunque no tengan la propiedad legalmente registrada, sino la posesión que consideran legitimada por décadas o siglos de ocupación por "no indígenas" de quienes la compraron.
Esa presencia, que se hizo efectiva desplazando con violencia a los indígenas, no anula los "derechos originarios", por tanto anteriores, reconocidos por la Constitución, arguyó Britto, defendiendo la retirada inmediata de todos los "no indígenas" de Raposa.
La mayoría de los agricultores que vivían en la zona identificada por estudios antropológicos como tradicionalmente indígena aceptaron retirarse recibiendo indemnizaciones, pero un pequeño grupo, encabezado por seis arroceros, se niegan a salir.
Seria "renunciar a un proyecto de vida", construido en 32 años, dijo Paulo Cesar Quartiero, líder del grupo, en entrevista a IPS en mayo, cuando vino a Río de Janeiro a buscar apoyo de oficiales de la Fuerza Aérea, en su mayoría retirados, reunidos en el Club de Aeronáutica.
Tres semanas antes, Quartiero había sido detenido por armar a pistoleros que hirieron a 10 indígenas en Raposa Serra do Sol.
Quartiero, un agrónomo del sur, emigró al otro extremo de Brasil, acumuló la posesión de 9.200 hectáreas en dos haciendas dentro de Raposa y fue elegido alcalde de Paracaima, municipio de 9.000 habitantes y casi totalmente ubicado dentro de otra reserva indígena.
Tiene como aliados al gobernador de Roraima, José Anchieta Junior, la inmensa mayoría de los políticos y blancos de ese estado, incluyendo algunos indígenas que adhirieron a iglesias evangélicas.
Por su parte, tener el apoyo de gran parte del gobierno nacional y numerosas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales no le asegura a las cinco etnias que viven en el las tierras de Raposa, los macuxi, wapichana, taurepang, patamona e ingarikó, un triunfo en la Corte Suprema de Justicia.
Pero el voto del relator Britto aumentó mucho las esperanzas de mantener su reserva continua, a la vez que reduce el temor de otras etnias dispersas por Brasil de una reversión en el proceso de demarcación de sus propias tierras, ante la reafirmación de los derechos explicitados en la Constitución.
De la batalla de Raposa, que ya dura 30 años y provocó el asesinato de por lo menos 21 líderes indígenas, dependen otros 144 procesos llevados a la Corte, cuestionando demarcaciones de reservas.
Hay por lo menos otro caso similar a Raposa. El territorio indígena Ñanderú Marangatú, en la frontera con Paraguay, ya fue demarcado y homologada en 2005 como área del pueblo Guaraní, pero sigue en su casi totalidad ocupada por hacendados, cuyo desalojo depende de un fallo del Supremo Tribunal Federal.
Tiene razón Lisio Lili, miembro del pueblo terena que vive en el occidental estado de Mato Grosso del Sur, al decir que los indígenas brasileños deben celebrar como su gran conquista y principal aliada a la Constitución de Brasil que cumplirá 20 años el 5 de octubre.
En Mato Grosso del Sur tuvieron inicio estudios antropológicos para identificar o ampliar decenas de zonas indígenas, generando fuerte reacción de los terratenientes. Es el estado donde más conflictos y asesinatos de indígenas se registraron en los últimos años y la tensión tiende a ampliarse.
La Constitución y su defensa por la Corte Suprema de Justicia, como lo hizo Britto, serán decisivos para asegurar a los indígenas las tierras consideradas indispensables a su sobrevivencia física y cultural.
