El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas de crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), cuyos testimonios recoge el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) presentado este jueves en Asunción.
"Perdón en nombre de la nación paraguaya, por tantas injusticias a las que fueron sometidos, perdón por cada centímetro de dolor físico y anímico que flageló su territorio corporal", dijo Lugo, flamante presidente y ex obispo católico, emocionado hasta las lágrimas.
El informe de más de 1.000 páginas reúne 2.130 testimonios de torturas, asesinatos, secuestros y persecuciones cometidas durante el período dictatorial y los 14 años posteriores, un período conocido como proceso de transición democrática, hasta 2003, cuando se creó por ley la CVJ.
En el acto de presentación del informe, Lugo asumió el compromiso de poner en práctica las 178 recomendaciones hechas por la Comisión a los tres poderes del Estado.
Entre las principales, figura la creación de una secretaría nacional de derechos humanos con rango ministerial, para proseguir las investigaciones y dar seguimiento a los procesos penales que se espera el Poder Judicial ponga en marcha con base en las evidencias contenidas en el reporte.
"A partir de este momento se abre un inmenso desafío para la justicia", dijo el mandatario, dirigiéndose al titular de la Corte Suprema, Víctor Núñez, también presente en el acto.
Núñez no pudo efectuar su discurso, debido al abucheo general del público presente, que le gritaba "pyrague" (informante, en idioma guaraní), palabra que designa a quienes colaboraron con los servicios de inteligencia de la dictadura.
El informe asevera que en los 35 años del régimen conducido por las Fuerzas Armadas y la Asociación Nacional Republicana —más conocida como Partido Colorado y derrotada en los comicios generales de este año— la cantidad total de víctimas directas e indirectas de crímenes fue de 128.076.
De esa cifra, 19.682 casos corresponden a personas detenidas en forma ilegal, 95 por ciento de ellas sometidas a tortura, 59 ejecutadas extrajudicialmente y 337 desaparecidas.
Prácticamente ningún detenido se salvó de la tortura y al menos la mitad soportaron amenazas de muerte, sostiene el informe.
La CVJ calcula que 3.470 se exiliaron por razones políticas, aunque reconoce que esa cifra "no corresponde a la realidad de esta dolorosa violación de los derechos humanos".
Uno de cada cuatro detenidos fue sometido a martirios violentos, como descargas eléctricas, asfixia por inmersión en piletas cargadas con líquidos fétidos, sofocación con bolsas de plástico, quemaduras, cortes, e incluso a presenciar sesiones de torturas a otros prisioneros.
La tortura, añade el informe, se expuso como "el mayor instrumento de control social utilizado por el régimen militar" y afectó en mayor medida a los miembros de partidos políticos y movimientos sociales, especialmente campesinos.
"Queremos destacar específicamente la violencia sexual que se usó como estrategia de represión dirigida a demostrar poder y dominación de los victimarios a sus víctimas", señaló presidente de la CVJ, el obispo católico Mario Melanio Medina.
El informe hace especial énfasis en los abusos sexuales contra niñas de entre 12 y 15 años por parte de militares, policiales y civiles, que se cuentan entre las denuncias más numerosas.
Muchas mujeres sufrieron violaciones de derechos humanos por su parentesco con otros perseguidos, por integrar comunidades que sufrieron ataques o por ser líderes o parte de organizaciones civiles.
Medina, uno de los principales actores de la lucha contra la dictadura, dijo que si bien los números "no reflejan toda la dimensión y el dolor del pueblo paraguayo", sirven para "darnos una señal de la magnitud" de lo ocurrido.
"El informe es también una contribución a las necesarias transformaciones del Estado para prevenir las violaciones y generar una conciencia que permita desmantelar mecanismos institucionales, políticos, militares, policiales y culturales que las hicieron posibles", señaló el religioso.
La CVJ espera que el documento facilite al Poder Judicial los elementos para abrir juicios sobre los crímenes derechos humanos, imprescriptibles según la Constitución paraguaya.
Con ese fin, uno de los cinco capítulos del documento identifica con nombre y apellido a los presuntos responsables de los crímenes, entre los que se cuentan políticos, agentes policiales y militares, así como miembros de la red de informantes de la dictadura.
Figuras emblemáticas de la lucha contra el régimen y representantes de organizaciones sociales colmaron las instalaciones del Teatro Municipal de Asunción, donde fue presentado el documento.
El activista Martín Almada, galardonado con el Premio Nobel Alternativo, recordó atrocidades cometidas en el marco del Plan Cóndor, una coordinación represiva de los regímenes sudamericanos de los años 70 y 80, cuyo fin era perseguir y eliminar a opositores.
El informe de la CVJ señala que los años con mayor cantidad de personas desparecidas fueron los de 1960, cuando en Paraguay funcionaron grupos de resistencia armada, y los del Plan Cóndor y la represión a las Ligas Agrarias, en la década de los 70, cuando comunidades campesinas fueron violentamente reprimidas y algunas casi arrasadas.
De las 337 desapariciones registradas, 220 fueron en territorio paraguayo. Se reportaron además 102 paraguayos desaparecidos en Argentina y siete en Brasil.
También se registraron 41 ejecuciones extrajudiciales en Paraguay, 17 en Argentina y una en Uruguay.
El dirigente Ananías Maidana, del Partido Comunista Paraguayo, una de las fuerzas políticas más perseguidas por la dictadura, denunció la responsabilidad de varios gobiernos de Estados Unidos por su apoyo al régimen paraguayo.
Otro punto destacado en el informe se refiere a las comunidades indígenas, sometidas a graves crímenes de lesa humanidad.
Ataques civiles y militares contra aldeas de los pueblos aché, ayoreo, maskoy y toba qom, ejecuciones de adultos, niños y ancianos y el desplazamiento forzoso de comunidades por el despojo territorial son algunos de los crímenes reseñados por la CVJ.
En uno de los capítulos, que trata de propiedades agrarias fraudulentas, la CVJ examina los títulos otorgados por organismos estatales responsables de la reforma agraria.
"Una de las recomendaciones que puedo dar, a mis 70 años, es colaborar para que no vuelva la dictadura, es necesario que la gente sepa lo que realmente pasó y no lo olvide", dijo a IPS Norberto Acosta Lugo, que fue detenido arbitrariamente en Asunción en 1976 y torturado en el Departamento de Investigaciones de la Policía.
"Escucho a personas que dicen que se vivía mejor en el tiempo de la dictadura, pero yo no podría haber vivido nunca mejor faltándome la libertad que en ese momento no había", sostuvo.
La CVJ contó para sus investigaciones con la colaboración de entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y representaciones diplomáticas de Alemania, Chile, Suiza y Argentina.
El informe se llama "Anive hagua oiko" (Para que no se repita, en guaraní).
Tras ser derrocado en el golpe de Estado del 3 de febrero de 1989, Stroessner recibió asilo político en Brasil, donde falleció dos años atrás.
