Las autoridades de Malasia parecen haberse dedicado en las últimas semanas a reprimir a la disidencia y la oposición, que crecen tras medio siglo de autoritarismo.
Una influyente publicación católica corre riesgo de clausura. Un foro multiétnico dedicado a promover la libertad de credo fue interrumpido por fanáticos de la mayoría musulmana, sin que la fuerza pública actuara en defensa de los organizadores.
Un libro sobre el Islam, escrito por una respetada académica malasia, fue prohibido. Y un juez ordenó al editor de un sitio en Internet a revelar la identidad de sus fuentes de información, así como la de cientos de miles de usuarios que escribieron comentarios en sus páginas.
"Si consideramos todas estas medidas juntas, hay un clima de creciente temor e intolerancia", dijo a IPS el director ejecutivo de la organización de derechos humanos Suaram, Yap Swee Seng.
"La tolerancia a los disidentes y la libertad de expresión se están estrechando. La poca libertad de prensa que existía está ahora bajo amenaza",a gregó.
[related_articles]
La revista católica The Herald anunció su intención de publicar comentarios políticos y de actualidad. Las autoridades consideran que eso excedería lo que considera que debe ser su materia exclusiva —la religión— y anunciaron, por lo tanto, que podrían clausurarla.
Dirigentes de la comunidad católica, que ya se enfrentan con las autoridades en los estrados judiciales por varios asuntos —incluido el derecho a importar Biblias en idioma malayo y a usar la palabra Alá (Dios, en árabe) en sus oraciones—, exigen que se le permita manejar The Herald con libertad.
En la misma semana, el gobierno prohibió la divulgación del libro "Las musulmanas y el desafío del extremismo islámico", de la experta Norani Othman, desató protestas entre feministas y activistas de la sociedad civil.
A comienzos de agosto, un foro realizado por el Consejo de Abogados de Malasia para analizar los problemas jurídicos y civiles sufridos por musulmanes que se convierten a otras religiones debió suspenderse por la irrupción violenta de militantes fundamentalistas.
Las autoridades no hicieron nada para proteger a quienes pretendían participar en el foro.
Este mismo mes, un juez ordenó a Raja Petra, editor del sitio web del diario Malaysia Today, a revelar las fuentes de tres informaciones publicadas en su sitio y la identidad de muchos de quienes dejaron sus comentarios allí.
Abogados y activistas de derechos humanos afirman que estos acontecimientos constituyen un grave ataque contra las libertades de prensa y de expresión, tanto en Internet como en medios de comunicación tradicionales y en actos públicos.
Muchos los interpretan como señales del fin de una atmósfera liberal que se había instaurado en el país con las elecciones de 2004, en las que el primer ministro Abdullah Badawi se consagró con una gran mayoría.
Pero el 8 de marzo último, el oficialismo perdió el gobierno de cinco estados, y numerosos legisladores amenazan con pasarse a filas del líder opositor Anwar Ibrahim.
Anwar, un ex viceprimer ministro que se propone volver al parlamento en las elecciones del 26 de agosto tras una ausencia de 10 años, está comprometido con una ambiciosa plataforma reformista.
Estas medidas represivas contra la disidencia son percibidas como una estrategia preventiva para fortalecer las posibilidades electorales del oficialismo que encabeza la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), que ha gobernado sin interrupciones desde la independencia en 1957.
"La UMNO se debilita, mientras la oposición gana terreno. La represión debe considerarse un intento de recortar libertades y defender el statu quo político", dijo un abogado que pidió no ser identificado.
La orden judicial impuesta a Raja Petra ha tenido un impacto negativo sobre la pujante comunidad "blogger" de Malasia, que le ha dado una alternativa informativa refrescante a la sociedad y ha enriquecido el debate político.
"El dictamen tiene un efecto paralizante en los bloggers. Están preocupados por posibles juicios multimillonarios por sedición o por difamación", dijo el abogado.
La Alianza de Escritores por la Independencia de los Medios expresó su alarma por estas medidas represivas.
"Si las autoridades encuentran que lo que dice un libro es falso o negativo, debería entablar una demanda para rebatirlo", declaró la Organización. "El gobierno debe tener el coraje de ingresar en el debate nacional y dar la batalla por la opinión pública."
"Prohibir libros es un acto de cobardía", agregó, y exigió la derogación de la Ley de Imprenta y Publicaciones, que permite a las autoridades prohibir libros y publicaciones.
Además, urgieron a las organizaciones no gubernamentales musulmanas a defender la libertad de expresión, a condenar la prohibición de libros y a llamar al gobierno a la responsabilidad y a actuar con transparencia.
Más de 30 organizaciones de derechos civiles condenaron, en una declaración conjunta, la creciente represión e intolerancia hacia la disidencia.
"No debemos tolerar o condonar actos extremos dirigidos a reprimir la discusión pública", dijo Ramon Navaratnam, firmante en nombre de la filial malasia de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.
"Debemos apuntalar el derecho de los malasios a ejercer su derecho a la disidencia e incluso a participar en manifestaciones pacíficas", concluyó.
