Un tribunal estadounidense reconsiderará en diciembre un caso que había rechazado en junio, emblemático de la política de traslados ilegales de sospechosos de terrorismo al exterior aplicada por el gobierno de George W. Bush.
Los 13 jueces de un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva York volverán a considerar en diciembre el caso de Arar, quien acusa de violar la ley y sus derechos humanos a varios funcionarios del gobierno de Bush en el momento de su detención.
Entre ellos se encuentran el ex fiscal general y secretario (ministro) de Justicia John Ashcroft, el ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) Robert Mueller III, y el ex secretario de Seguridad Interior, Tom Ridge.
La policía de Canadá y funcionarios de inteligencia de ese país habían vinculado erróneamente a Arar con la organización extremista Al Qaeda y pasaron esa información a sus pares estadounidenses.
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En 2007, el gobierno canadiense se disculpó formalmente con Arar y le otorgó una indemnización de 9,75 millones de dólares.
El año pasado, la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo que el caso no se había manejado "como era debido".
En junio, un funcionario del Departamento (ministerio) de Seguridad Interior señaló ante legisladores que una comisión de ética estaba analizando cómo se había tomado la decisión de enviar a Arar a Siria.
Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones de Nueva York había rechazado en junio, por dos votos contra uno, la demanda de Arar, ratificando un fallo de primera instancia según el cual la justicia federal no tenía jurisdicción en este caso, pues, técnicamente, Arar jamás estuvo en territorio estadounidense.
En su voto en disidencia, el juez Robert D. Sack, describió como "una ficción legal" la idea de que Arar no estaba en Estados Unidos cuando fue arrestado en el aeropuerto Kennedy, el principal de Nueva York.
Expertos legales creen que el tribunal volverá a considerar la demanda a pedido de uno de sus integrantes, aceptado por la mayoría de los magistrados que lo componen.
Sin embargo, incluso si Arar logra demostrar que tiene derecho a que se procese el juicio, es muy probable que el gobierno invoque el "secreto de Estado" y argumente que revelar los detalles del caso podría comprometer la seguridad nacional.
Es tan poco común que un tribunal desestime una petición del gobierno basada sobre el "secreto de Estado" que cuando tal cosa ocurre se convierte en titular de primera plana.
Es lo que ocurrió hace poco, cuando un empresario de Chicago recurrió a la justicia para saber si su nombre figuraba en una lista de vigilancia del terrorismo.
El gobierno invocó el "secreto de Estado", pero el magistrado a cargo del caso rechazó ese argumento. Las autoridades ahora están apelando ese fallo.
El empleo de este recurso, algo inusual años atrás, creció exponencialmente durante la gestión de Bush, que logró impedir así que muchos casos se ventilaran en un tribunal.
Los críticos del gobierno dicen que el empleo de ese argumento es parte esencial del muro de secretos erigido por las autoridades, frecuentemente con el único propósito de evitar el bochorno político.
David Cole, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Georgetown, dijo a IPS: "Este gobierno argumenta que en la 'guerra contra el terrorismo' el presidente tiene poder unilateral para violar incluso las leyes penales, y que los jueces no pueden pronunciarse al respecto porque el delito cometido es un secreto de Estado."
El Congreso legislativo intenta poner coto a esa facultad del Poder Ejecutivo. La Comisión de Justicia del Senado aprobó un proyecto de ley que requiere al gobierno entregar la evidencia supuestamente amparada por el secreto de Estado, para que un juez federal pueda evaluar la validez del argumento.
Pero es improbable que el pleno de la cámara alta apruebe la iniciativa, ya que carece de apoyo bipartidista. Sólo un senador del oficialista Partido Republicano, Arlen Specter, votó a su favor en la Comisión.
Specter es coautor del proyecto, junto con los senadores del opositor Partido Demócrata Edward Kennedy y Patrick Leahy.
Los legisladores señalaron que el propósito es "proveer un enfoque sistemático sobre el privilegio del secreto de Estado, ofreciendo así estabilidad, previsibilidad y claridad en este campo, restaurando la confianza pública en el gobierno y los tribunales".
La Corte Suprema ha fallado en varias oportunidades en contra del gobierno de Bush en temas vinculados con su política de detenciones.
En 2004, en el caso de un ciudadano estadounidense preso en Guantánamo como "combatiente enemigo ilegal", dictaminó que los prisioneros que son ciudadanos de Estados Unidos deben contar con la posibilidad de que su arresto sea revisado por un juez imparcial.
Ese mismo año, señaló en otro fallo que los tribunales estadounidenses tienen la autoridad para decidir si existía fundamento en los casos de detención de extranjeros.
En 2006, la Corte Suprema dictaminó que las comisiones militares establecidas por el gobierno de Bush para juzgar a los presos de Guantánamo carecen "del poder para proceder porque sus estructuras y procedimientos violan el Código de Justicia Militar y las cuatro Convenciones de Ginebra firmadas en 1949".
