Cuando hace cuatro años nació el nieto de Guillermo Soberón, uno de los científicos más reconocidos de México, sus padres recibieron una carta solicitando aportar material biológico destinado a investigaciones médicas.
"La investigación científica avanza rápidamente y se ha hecho evidente (la necesidad de) un marco jurídico adecuado", dijo a Tierramérica Carlos Romeo, director de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, patrocinada por la Fundación BBVA, la Diputación Foral de Bizkaia y las universidades españolas de Deusto y del País Vasco.
Un biobanco es un establecimiento sin fines de lucro que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines de diagnóstico o investigación biomédica, y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino, según Agustín Zapata, especialista del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
Para buscar caminos que permitan formular leyes surgió el proyecto LatinBanks, un estudio sobre las implicaciones jurídicas y sociales de la creación de este tipo de depósitos en América Latina y que es resultado de la cooperación de la Unión Europea (UE) con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Uno de sus propósitos es "elaborar propuestas de optimización de las estructuras jurídicas, de organización y formas de participación".
En México, el artículo seis de la Constitución garantiza la protección de los datos, y el Código Penal de la capital protege la información genética. La arista médica es cubierta de manera global por la Ley General de Salud.
En Argentina, existen biobancos públicos y privados, para investigación clínica y científica, explicó a Tierramérica el médico Salvador Bergel, miembro argentino del proyecto LatinBanks.
"Hasta ahora se guían conforme a una regulación administrativa establecida por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante", que coordina y fiscaliza las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células, dijo.
En Brasil, la Ley de Bioseguridad, aprobada en 2005, se refiere a las células embrionarias, pero sin referencias al manejo de las muestras o la protección de la información personal.
En Costa Rica, los biobancos son incipientes.
Carlos Valerio, representante de la Asociación de Derecho Médico de ese país centroamericano, señaló a Tierramérica que hay conjuntos de muestras biológicas que se tomaron con fines "muy específicos" y "no se emplean más que para el objeto con que se recogieron".
El riesgo de funcionar sin normas es, según los expertos, que no se respete la confidencialidad de los donantes o se use las muestras sin autorización.
La existencia eficaz de estos depósitos implica estandarizar los protocolos utilizados, adoptar una adecuada metodología para codificar e identificar las muestras, consentimientos informados rigurosos y personal médico calificado.
En otros países latinoamericanos parece haber una tendencia más laxa. "Soy partidaria de pensar primero en el estímulo a la investigación y en dejar hacer, antes de controlar", dijo a Tierramérica la abogada Emilssen González de Cancino, directora del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho de la privada Universidad Externado de Colombia.
"Prohibir en procesos incipientes es perder oportunidades de avance", arguyó Cancino, quien adelanta una investigación de dos años de la que han transcurrido ocho meses.
La Unión Europea adoptó en 1995 una directriz sobre protección de las personas físicas, el respeto a los datos personales y la circulación de éstos y, desde 2005, existe el Protocolo al Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina.
"En los últimos años se desarrolló muy rápidamente el interés por la investigación biológica con material humano, por las implicaciones que puede tener", apuntó Romeo, uno de los principales especialistas en el campo.
Según una encuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, en este país operan 38 bancos biológicos en 51 instituciones médicas públicas.
De esos 38, 14 dijeron emplear los tipos provenientes de sangre, piel, tejido cerebral o médula ósea para investigar enfermedades como el cáncer y el mal de Alzheimer, y hacer análisis biomédicos. Además, 12 dijeron tener sistemas de confidencialidad de las muestras, uno reconoció su inexistencia y el restante no respondió.
"Empezamos desde cero porque en México no hay antecedentes en el tema", destacó la investigadora Ingrid Brena, del IIJ.
Valerio puso de ejemplo la labor del Ministerio de Salud y la Universidad de Costa Rica, que trabajan con sus propias normativas, lo que demuestra que en el campo del material biológico "falta mucho por hacer" en ese país centroamericano, donde sólo opera el privado Provida, banco de sangre del cordón umbilical.
Los tejidos recolectados hasta ahora son muestras de derivados de sangre. Costa Rica no tiene bancos de células para reproducción asistida ni muestras de células madre, porque no hay investigaciones al respecto. En los últimos años el Congreso costarricense buscó regularlos, sin apoyo suficiente.
En Colombia la investigación en curso revela que los biobancos se encuentran especialmente en instituciones universitarias y que se ciñen a algunas pautas de la Constitución, pero en particular la ética médica proporciona el marco de trabajo actual.
"Estamos revisando disposiciones específicas que podríamos encontrar en la (distrital) Secretaría de Salud. Hasta ahora no encontramos instancias de control específico, pero si afirmamos esto de manera tajante, encontraríamos respuesta de por lo menos 20 organismos", aseguró Cancino.
"Es obvio que hay que aplicar normas referidas al consentimiento informado para la recolección de muestras, las normas que mencionan la confidencialidad de los datos que surjan de las mismas muestras, y todas las que se refieren a la investigación en seres humanos, pero aún no existen en Colombia leyes específicas", agregó.
El objetivo último de LatinBanks, según Romeo, es desembocar en legislaciones nacionales que tengan un piso común, pero respondan al perfil de cada país.
Otro aspecto fundamental está ligado a los beneficios económicos derivados de la donación de material y de su explotación científica. Los expertos consideran que, en vista de que la cesión es voluntaria, el beneficio debe ir a la comunidad.
Valerio detalla que su país "procura hacer un aporte" para que se reglamenten mejor aspectos como la propiedad de las muestras biológicas o su almacenamiento. Augura que mediante LatinBanks se formularán "guías estandarizadas" entre Europa y América Latina.
En Colombia la investigación avanza despacio, pero sin ignorar los estudios existentes. "Las discusiones conducen con más persistencia a la bioética", enfatizó Cancino.
* Con aportes de Myriam B. Moneo (San José), Helda Martínez (Bogotá) y Marcela Valente (Buenos Aires).
