AMBIENTE-PARAGUAY: Yacyretá desborda agua y problemas

Cientos de habitantes de la ciudad paraguaya de Encarnación, en el sudeste del país, temen las inundaciones por el aumento del nivel del embalse de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, asunto de tensiones entre Asunción y Buenos Aires.

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A mediados de julio, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), creada por Argentina y Paraguay para administrar la central eléctrica compartida sobre el río Paraná, decidió elevar la cota a 78,5 metros sobre el nivel del mar, 70 centímetros por encima de su marca anterior.

Esto produjo una crecida inusual de las aguas en la costera Encarnación, 370 kilómetros al sur de Asunción, donde aún no se han terminado las obras complementarias del Plan de Terminación de Yacyretá.

Los trabajos consisten en la reubicación de unas 4.000 familias, en esta etapa, y la mitigación de los impactos ambientales causados por la anegación del territorio.

El plan también incluye la construcción de una avenida costanera de 28 kilómetros, además de otras obras viales, un aeropuerto y nuevas zonas comerciales, con una inversión de más de 200 millones de dólares.
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El área más afectada por la crecida del Paraná fue la Zona Baja, el "pulmón comercial" de Encarnación, donde trabajan unos 1.000 comerciantes, entre "mesiteros", que tienen sus puestos en la calle, e inquilinos de pequeñas tiendas.

Un juez paraguayo otorgó un amparo solicitado por la Federación de Afectados por la Represa de Yacyretá de Itapúa y Misiones (Fedayim) y ordenó la reducción de la cota. Pero, en Argentina, otro magistrado, a pedido de la EBY, rechazó la acción alegando el carácter binacional del ente, lo que generó un entredicho no resuelto hasta ahora.

Argentina exige la pronta terminación de las obras de Yacyretá para aliviar sus problemas de escasez de energía. Actualmente, la represa abastece 14 por ciento del consumo eléctrico de ese país y está previsto que atienda 20 por ciento de la demanda cuando alcance su máximo potencial.

El presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, se pronunció a favor de los afectados y en un duro comunicado tildó de "irresponsable la decisión de las actuales autoridades paraguayas" de elevar el nivel del embalse.

Asimismo, exigió la inmediata reducción de la cota hasta que se concluyan las obras complementarias y calificó la situación de la zona como una "emergencia medioambiental y sanitaria".

Los afectados argumentan que en algunos sectores de Encarnación no se han sellado las letrinas y que hay importantes atrasos en la construcción de los nuevos locales en los que deberán ser reubicados los comerciantes.

Lugo, quien será investido este viernes 15 de agosto, se entrevistó con la presidenta argentina Cristina Fernández, para pedir que se baje la cota, aunque aún no existe un plazo ni la seguridad de que se acepte su pedido.

Paraguay consume cinco por ciento de la energía de Yacyretá y vende el resto de su cuota a Argentina, a un tercio del valor de mercado, según expertos nacionales.

Lugo ha anunciado su intención de renegociar el precio de la energía, que considera fruto de un tratado injusto, para poder financiar planes sociales y obras de infraestructura en esta empobrecida nación de seis millones de habitantes.

La EBY espera concluir las obras en 2009, para elevar el embalse de la represa a 83 metros y alcanzar su máxima capacidad de generación anual, de 19.500 gigavatios/hora.

El aumento de la cota a 83 metros exige inundar otras 55.000 hectáreas, que se sumarán a las 110.000 que ya quedaron bajo el agua, 80 por ciento de ellas en territorio paraguayo.

Mientras tanto, la incertidumbre de los afectados crece a la par del agua.

"Hasta ahora, Yacyretá no cumplió ni el 10 por ciento de lo que prometió", se quejó Eugenio Medina, de la Asociación de Propietarios de Carrobares de la Zona Baja, que reúne a 31 vendedores de alimentos.

Medina lleva 22 años trabajando en su pequeño puesto, a menos de 100 metros de la ribera del río Paraná.

"No se avisó a nadie de la suba de la cota", dijo a IPS. "Nos preocupa sobre todo la contaminación, porque muchos pozos ciegos quedaron bajo el agua. Nos prometieron que nos iban a reubicar, pero no sabemos bien dónde ni cuándo y nosotros tenemos que seguir trabajando", agregó.

Se ha prometido a cada damnificado una indemnización de 4.000 dólares en dos pagos, por abandonar sus lugares de trabajo y viviendas. Pero sólo unos pocos han recibido la primera cuota, según Bonifacio Sánchez, dueño de un negocio en la Zona Baja.

Varios grupos de comerciantes ponen como condición que se trasladen todos los locales en forma simultánea, para conservar el atractivo comercial en el nuevo emplazamiento. Argumentan que la ubicación actual atrae a los turistas y auguran que la mudanza resultará un fracaso.

El intendente de Encarnación, Juan Alberto Schmalko, se mostró en desacuerdo con la decisión de las autoridades argentinas y paraguayas de elevar la cota.

"Hubo apresuramiento", señaló a IPS. "Nosotros no estamos de acuerdo con aumentar el nivel del embalse antes de que se solucionen los problemas y se liberen las áreas damnificadas para que se pueda hacer todo el tratamiento ambiental", agregó.

A principios de este mes, un grupo de concejales de Encarnación presentó una demanda ante la justicia paraguaya contra la EBY, por la presunta comisión de delitos contra el ambiente.

Según el concejal Luis Yd, del conservador Partido Patria Querida, la entidad binacional elevó la cota de manera arbitraria, con el propósito de obligar a la gente a abandonar el lugar, empujada por las aguas.

Los directivos de Yacyretá, agregó, siempre prometieron en los diálogos con los municipios no elevar la cota hasta que se reubicara a los afectados, pero "aparentemente la determinación fue unilateral desde el sector argentino de la binacional", sostuvo.

El concejal dijo a IPS que "la campaña seguirá hasta que vuelvan a descender las aguas, pues es muy grande el daño que ya se causó, en especial al comercio radicado en la inundada parte baja de la ciudad".

La construcción de Yacyretá se inició en 1979, cuando tanto Argentina como Paraguay estaban gobernados por dictaduras militares. El costo presupuestado inicialmente, de 2.500 millones de dólares, se disparó con el paso de los años y ahora ya se ubica por encima de los 15.000 millones de dólares, algo que muchos críticos atribuyen a la corrupción.

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