A Sudán por estos días le llueve sobre mojado. Al pedido de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de arrestar a su presidente, se suma ahora el fallo de una corte estadounidense habilitando una demanda por la presunta responsabilidad del gobierno de ese país en atentados en Kenia y Tanzania.
La querella es presentada por sobrevivientes y parientes de las víctimas de los atentados terroristas contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Tanzania en 1998.
La Corte de Apelaciones para el Distrito del Circuito de Columbia, Nueva York, rechazó el viernes la solicitud de Sudán de refutar el reclamo por inmunidad soberana, porque leyes federales estadounidenses contienen una excepción en cuanto al apoyo de los Estados al terrorismo, según el expediente al cual IPS tuvo acceso.
El grupo de demandantes alega que el gobierno y en particular el Ministerio de Interior de Sudán prestaron apoyo al grupo integrante de la red extremista Al Qaeda para perpetrar los ataques del 7 de agosto de 1998 en Nairobi y Dar es Salaam, que dejaron 224 muertos y unos 5.000 heridos.
Los demandantes estadounidenses aseguran, según el archivo, que las cortes de su país tienen jurisdicción sobre Sudán, en virtud de una excepción a la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976.
[related_articles]
El expediente volvería ahora a la Corte del Distrito de Columbia para seguir su curso legal, luego de cuatro años de diligencias judiciales.
Ese tribunal respaldó también la decisión del Congreso legislativo estadounidense de permitir que el gobierno de George W Bush decida cuáles países califican como patrocinadores del terrorismo.
El gobierno de Sudán arguyó, sin éxito, que la transferencia de esta autoridad de los legisladores al secretario de Estado era una cesión de poder inconstitucional.
En agosto de 1993, el entonces secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Warren Christopher, ubicó en su lista de gobierno a la nación africana como patrocinadora del terrorismo, junto a países como Cuba, Libia y Siria.
Los acusadores "respaldan el alegato con numerosos hechos sobre la protección dada por Sudán a los líderes de Al Qaeda y a sus agentes, su ayuda al movimiento de armas, aporte de recursos financieros a ese grupo e, incluso, su trabajo para garantizar la clandestinidad de los campos de entrenamiento y agentes de Al Qaeda", cita el texto, de 21 páginas de extensión.
En marzo de 2004, Sudán se aprestó a rechazar la queja de los apelantes por entender que no tenía jurisdicción y fallar en declarar el reclamo sobre el cual la reparación del daño puede ser otorgado.
Luego, en marzo de 2005, la corte distrital de Columbia denegó la petición de Sudán de rechazar el caso, pero ordenó también que los apelantes presentaran una queja corregida que expresara con más especificidad el "apoyo material" que la nación africana otorgó a los autores de los atentados y alegara que un funcionario sudanés prestó este respaldo material mientras "actuaba dentro del rango de su oficina, empleo o agencia".
Sudán apeló esta decisión, pero la corte de apelaciones la mantuvo mientras pende un fallo adicional del tribunal distrital.
En mayo de 2005, los apelantes presentaron la queja en respuesta a la sentencia de marzo de ese año. "Este expediente sostuvo con significativamente más especificidad los alegatos de apoyo material por parte de Sudán", recuerda el caso.
Nuevamente, los tribunales sudaneses se aprestaron a rechazarlo por falta de jurisdicción y falla en presentar una demanda. En enero de 2006 la corte distrital denegó la petición de Sudán, que apeló esta resolución.
Luego de los atentados con bombas a las representaciones diplomáticas de Washington en Kenia y Tanzania, el entonces presidente Bill Clinton, del hoy opositor Partido Demócrata, ordenó el bombardeo en Sudán a una presunta fábrica de armas químicas, que tras ser destruido se supo que era una planta farmacéutica.
El saudita Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, vivió en Sudán entre comienzos de 1990 y hasta 1998, cuando se trasladó a Afganistán, protegido por el régimen talibán destronado por la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, pidió a ese tribunal el arresto del presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, para que sea juzgado por genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad. Se lo acusa de ser responsable por la muerte de más de 300.000 personas y la deportación o el traslado de 2.500.000 personas.
En caso de concretarse, sería el primer caso en la historia de juicio internacional por violaciones a los derechos humanos contra un mandatario en ejercicio de su función.
