Sudáfrica se ha convertido en un importante destino para migrantes de toda África y más allá. La ley le reconoce a los extranjeros portadores del virus que causa el sida el derecho a recibir tratamiento antirretroviral, pero las clínicas del gobierno los rechazan.
Falta mucho para garantizar ese derecho, lo que les permitiría a los inmigrantes portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) mejorar su calidad de vida y continuar contribuyendo con la economía y la sociedad de Sudáfrica.
En los papeles, este país tiene una política protectora e integradora de los refugiados y solicitantes de asilo. Pero en la práctica las cosas son muy diferentes. Muchos de ellos no logran el reconocimiento efectivo de sus derechos al empleo, la vivienda y la salud.
La política de refugiados facilita la libertad y la protección, permitiendo la integración temporaria de refugiados en las comunidades. Se espera que los desplazados se vuelvan autosuficientes, se ganen la vida por sí mismos y se integren en sus localidades.
Sólo una pequeña —pero importante— cantidad de inmigrantes en Sudáfrica son refugiados o solicitantes de asilo. La mayoría están en el país con visa de visitante.
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Durante un tiempo no estuvo claro si esto incluía el acceso a tratamiento antirretroviral gratuito, pero el Departamento de Salud lo aclaró en septiembre pasado: no se requiere de documentos sudafricanos para recibir esa terapia gratuitamente en el sector público.
IPS dialogó con la investigadora Joanna Vearey, del Proyecto de Migraciones Forzadas de la sudafricana Universidad de Witswatersrand, sobre el vínculo entre el acceso de los inmigrantes a los antirretrovirales, entre otros asuntos.
IPS: —¿Cuál es la relación entre el VIH y la migración?
JOANNA VEAREY: —Hay un vínculo complejo. Es evidente que donde hay movilidad hay una tendencia clara a la propagación de la enfermedad. A los gobiernos les preocupa que los inmigrantes traigan consigo el VIH, pero cada vez se reconoce más que pueden ser más vulnerables a contraer la infección que la población local.
Los inmigrantes corren el mayor riesgo de infección (y transmisión) cuando llegan a su nuevo destino, dado que en ese momento cambian sus estructuras sociales, tal vez incrementando el riesgo de infección. Eso es más importante al mudarse de un área de baja prevalencia a un área urbana de alta prevalencia.
—¿A qué conclusiones llegó su investigación en Johannesburgo?
— Todos los inmigrantes portadores que reciben tratamiento antirretroviral y que fueron entrevistados trabajan en la economía informal, lo que refleja la importancia del acceso a esas terapias para su capacidad de mantener o recuperar su medio de supervivencia.
Quedó claro que el acceso a antirretrovirales es un recurso esencial para su capacidad de mantenerse a sí mismos y a quienes dependen de ellos. También constatamos la importancia de comenzar la terapia tempranamente.
Sin embargo, todos ellos accedían a los antirretrovirales a través de organizaciones no gubernamentales. La clave aquí es la documentación: ninguno había sido reconocido como refugiado, la mayoría tenían permiso de residencia como solicitantes de asilo o carecían de todo documento. Los restantes tienen permisos de visitantes que renuevan periódicamente.
El Departamento de Salud declaró que no se requiere de documento de identidad sudafricano para acceder a fármacos antirretrovirales, pero la investigación muestra que a quienes no son ciudadanos se les niega el tratamiento en el sector público.
Algunos sitios insisten la presentación de un documento sudafricano aun antes de ver a la persona. Esto demuestra que las instituciones implementan políticas que contradicen la legislación existente.
Un estudio más amplio realizado en Johannesburgo reveló que 80 por ciento de los no ciudadanos acceden a medicación antirretroviral en clínicas de organizaciones no gubernamentales, donde no se les pide documentación.
Negarles a los inmigrantes el acceso a atención médica tiene consecuencias no sólo para el individuo. A largo plazo aumenta los problemas de salud pública. Las enfermedades infecciosas no discriminan.
—¿Por qué es importante que las ciudades, y particularmente Johannesburgo, aborden este desafío?
— Como los movimientos de población continuarán, tanto desde las áreas rurales como desde otros países, la presión urbana aumentará. La población de Johannesburgo, de cuatro millones de habitantes, creció 20 por ciento desde 2001. Se calcula que 6,2 por ciento del total son inmigrantes.
En ciertos vecindarios, alrededor de la mitad de los residentes son extranjeros, que se suman, en la mayoría de los casos, a los "pobres urbanos": caen en la periferia de los servicios de salud y bienestar social y dependen de la economía informal para subsistir.
Los gobiernos locales necesitan planear ese aumento e implementar políticas que protejan a los grupos de pobres urbanos, que incluyen a una cantidad cada vez mayor de solicitantes de asilo y refugiados.
La migración a las áreas urbanas deposita cada vez más presión sobre la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades de salud pública y servicios sociales de su población.
Si las autoridades locales crean un entorno que proteja a los refugiados y solicitantes de asilo y respetan sus derechos, aumentará la probabilidad de que este grupo se convierta en un bien económico y social para la ciudad en la que vive. Los inmigrantes pueden beneficiar a su ciudad sólo cuando se les permite ejercer sus derechos a trabajar libremente e integrarse.
Cuanto antes reconozcamos la oportunidad que hay en esto, mejor será para todos los que viven en la ciudad.
—¿Qué significa el crecimiento rápido para una ciudad con una alta prevalencia de VIH?
— En el contexto de un país que tiene el mayor número de personas con VIH en el mundo (5,5 millones) y donde la prevalencia entre adultos se calcula en 18,8 por ciento, la migración a las ciudades suma complejidad al problema.
La prevalencia es mayor en las ciudades, y aumenta en los asentamientos informales. Se estima que casi 60 por ciento de la población sudafricana es vive en ciudades y que en ellas la prevalencia adulta es mayor: nueve por ciento en las áreas urbanas formales y 18 por ciento en los asentamientos informales.
— ¿Cuáles son las barreras al reconocimiento efectivo de los derechos de los inmigrantes?
— Aunque hay una política protectora, las instituciones del gobierno son incapaces de convertir los derechos legales en protección efectiva. Las razones incluyen fallas institucionales, negación de servicios sociales y abusos de la policía, que se manifiestan bajo la forma de ignorancia, xenofobia y discriminación legal.
El problema principal radica en el Departamento de Asuntos Internos: muchos inmigrantes no pueden acceder a documentos oficiales a causa de la ineficiencia existente dentro de esa oficina.
Aunque la documentación no puede impedir la discriminación o la exclusión social, carecer de ella afecta la capacidad de un individuo de reclamar sus derechos.
