El gobierno argentino de Cristina Fernández afronta el desafío de reformular la agenda política y social, para recuperarse del golpe recibido en el Senado, cuando éste sepultó el proyecto que incluía el aumento al impuesto de las exportaciones de oleaginosas y granos.
El proyecto, que había sido aprobado pocos días antes en la Cámara de Diputados, sucumbió en una dramática sesión extendida hasta altas horas de la madrugada del jueves y que debió contar con el voto de desempate del propio vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, líder de un grupo disidente de la opositora Unión Cívica Radical que llegó al cargo por una alianza electoral.
De este modo, los tributos de exportación, conocidos como retenciones, vuelven al nivel que regía hasta el 10 de marzo, de 35 por ciento para el caso de la soja, que debido a su desorbitada cotización en los mercados internacionales alcanza a la mitad del territorio cultivado de Argentina.
Si bien parece superada la dinámica del largo conflicto desatado por las asociaciones de empresarios agropecuarios, algunos asuntos quedan aún por resolver, según advierten por estas horas los directivos del sector.
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La protesta incluyó cientos de bloqueos de ruta, desabastecimiento de alimentos, lock out de comercialización de granos, un arduo debate público con rasgos ideológicos y clasista y movilizaciones de centenares de miles de personas a favor y en contra del gobierno centroizquierdista del Frente para la Victoria (FPV), sector mayoritario del Partido Justicialista.
En las negociaciones para aprobar el frustrado proyecto, el gobierno de Fernández había concedido importantes compensaciones para productores agrarios de pequeña y mediana escala, que los hubiera dejado en condiciones más ventajosas que antes del 10 de marzo. Al dar marcha atrás con la resolución 125, también quedaron anulados esos beneficios.
Con el ánimo exaltado por la victoria, la Federación Agraria que agrupa a pequeños productores y que había formado un bloque sólido con los grandes terratenientes, reclamaron en la víspera que las compensaciones sí se lleven a cabo.
"Lo hubieran pensado antes", deslizaron fuentes gubernamentales citadas este sábado por la prensa local.
En cualquier caso, hay coincidencia de parte de analistas en que hay que fortalecer las condiciones de producción de leche, carnes y otros alimentos sensibles, ante el avance irrefrenable de los cultivos de soja, que, con su alto precio, ensombrece cualquier otra rentabilidad.
Más allá del sector agrícola, y si bien el gobierno concita adhesión de una parte significativa de la población con ideas progresistas y de organizaciones sociales variadas, otro sector mantiene disidencias al focalizar su mirada en lo que señala como contradicciones y actos de corrupción que impiden la redistribución del ingreso.
La diputada oficialista María Victoria Donda, militante de la agrupación que reúne a hijos de desaparecidos por la última dictadura (1976-1983), expresó a IPS que "es el momento de reflexionar porque, si realmente queremos profundizar las transformaciones, necesitamos contar con alianzas que garanticen la redistribución de la riqueza".
Alude así a que muchos de los que votaron en contra del aumento de las retenciones pertenecen al ala derechista del Partido Justicialista, tronco fundamental de la alianza gobernante, por lo que eran considerados hasta meses atrás en teoría aliados de Fernández.
Donda, nacida durante el cautiverio de su madre en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ocupa una banca parlamentaria en representación del Movimiento Libres del Sur, un grupo insertado en el FPV que encabezan Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
La legisladora entiende que la forma de salir de la crisis que afronta el gobierno es impulsar una serie de medidas, como aprobar una nueva ley de Radiodifusión, "ya que, sin respetar el derecho a la información del pueblo y la libertad de los que trabajan en los medios de comunicación, no podemos lanzar las bases de un nuevo modelo de país".
Enumera que "hay que avanzar en retenciones a la extracción de recursos minerales, que hoy gozan de la estabilidad fiscal garantizada en los años 90" por el gobierno del conservador populista Carlos Menem (1989-1999), también justicialista pero en las antípodas de Fernández.
"Tenemos también que discutir una reforma tributaria que grave las operaciones financieras, que los ingresos al Estado provengan de los que más tienen", añadió.
"No planteo que algunos se tengan que ir, sino que los que tenemos que dirigir el espacio de gobierno somos los que siempre hemos luchado por la igualdad social", responde ante la consulta de IPS sobre las dificultades que afronta Fernández, ya que por un lado tiene importante dependencia de grupos conservadores del justicialismo y del sindicalismo y, por el otro, hay un espacio de centroizquierda e izquierda tradicional muy crítico.
"También hay que decir que no podemos contar con algunos compañeros (de centroizquierda) que a la hora de tocar intereses concretos no se animan y ponen palos en la rueda, por no hablar de otros grupos de izquierda que estuvieron todos estos meses junto a la Sociedad Rural (de grandes terratenientes), lo que es inentendible".
La ex candidata presidencial por la alianza Nueva Izquierda, Vilma Ripoll, quien se manifestó junto a las asociaciones agropecuarias, aclaró a IPS que su sector estuvo sólo "en los piquetes de los pequeños chacareros (productores rurales) y en los pueblos donde viven y redistribuyen lo que ganan, no con la Sociedad Rural".
Ripoll, enfermera de profesión, agregó que su sector propone "retenciones diferenciadas para los pequeños, aumento del impuesto a las ganancias, castigar muy duro a los grandes productores y nacionalización del comercio exterior". "¿Por qué no habla Cristina (Fernández de) Kirchner de eso?", se preguntó.
Acusó al gobierno por "su responsabilidad de que estén juntos la Sociedad Rural y la Federación Agraria".
"Se terminó un modelo político que ha venido aplicando patota, soberbia y compra de votos, un modelo que unificó (en su contra) el 90 por ciento de la población", sostuvo Ripoll.
"Hay un serio cuestionamiento al modelo económico, a la (alta) inflación que niegan y a los subsidios a los amigos y al tren bala", proyecto este último de ferrocarril de alta velocidad para unir Buenos Aires con las centrales ciudad de Rosario y Córdoba.
"Es un gobierno mentiroso", afirmó la ex candidata de Nueva Izquierda, que no tiene representación parlamentaria.
