En los primeros cuatro meses desde que la Suprema Corte de Estados Unidos permitió seguir implementando la pena de muerte, por lo menos dos reclusos convencieron a jueces de retirar sus apelaciones y buscar ejecuciones rápidas.
En Estados Unidos hay 3.200 condenados a muerte.
El 6 de junio, David Mark Hill fue ejecutado en el oriental estado de Carolina del Sur tras ofrecerse como "voluntario" para poner un rápido fin a su vida. Había pasado ocho años esperando ser ejecutado tras ser condenado por matar a tiros a tres trabajadores sociales. Los reclusos que aguardan la muerte normalmente pueden esperar por lo menos 12 años antes de que la sentencia se cumpla.
Hill fue la sexta persona en ser ejecutada desde abril, cuando se levantó una moratoria nacional temporaria luego de que la Suprema Corte dictaminó que la inyección letal, el principal medio para las ejecuciones de Estado, no era una violación de la Constitución.
El próximo 14 de agosto, Michael Rodríguez, otro "voluntario", será ejecutado en el meridional estado de Texas luego de retirar sus apelaciones. Rodríguez habrá pasado sólo seis años esperando la muerte.
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Ambos casos centran la atención en cómo los jueces deciden cuándo los detenidos condenados a muerte son suficientemente competentes para retirar sus apelaciones y postularse a una fecha de ejecución veloz.
Desde que se reinstauró la pena capital en Estados Unidos, en 1976, tras casi una década, 130 reclusos se ofrecieron como "voluntarios" para ser ejecutados antes de agotar todos los derechos de apelación. Esto representa uno de cada 10 de los más de 1.100 condenados llevados al cadalso en este periodo.
Cinco de los 14 estados que reanudaron las ejecuciones luego de 1977 —el nororiental Connecticut, el septentrional Idaho, el meridional Nuevo México, el occidental Oregon y el nororiental Pennsylvania— todavía tienen que ejecutar a un "no voluntario".
Más de "75 por ciento posee una historia documentada de enfermedad mental. Hay una alta incidencia de esquizofrenia", dijo a IPS John Blume, profesor de derecho en la Escuela de Leyes de Cornell y experto en "voluntarios".
En un reciente estudio de la mayoría de estos "voluntarios", Blume concluyó que a 14 se les diagnosticó esquizofrenia. Muchos sufrían de otros severos desórdenes mentales. Por lo menos 30 habían intentado suicidarse antes.
En 2002, la Suprema Corte dictaminó que ejecutar a delincuentes con retardo mental constituía una violación de la Octava Enmienda, que ilegaliza el castigo cruel e inusual. Pero hasta ahora el máximo órgano judicial no hizo ningún examen del nivel de salud mental requerido para ofrecerse como "voluntario" para una ejecución.
"Se piensa que el retardo mental no es tratable, pero la mayoría de las enfermedades mentales son altamente tratables", explicó a IPS Mark Heyrman, profesor de derecho en la Universidad de Chicago.
Pero a menudo era una "pesadilla de procedimiento" evaluar si una seria enfermedad mental estaba dificultando que un recluso buscara sus derechos de justicia penal.
Hill parece haber tenido muchas de las mismas características de salud mental de otros varios "voluntarios" estudiados por Blume.
En los meses previos a sus crímenes, Hill era tratado por tres serios desórdenes mentales. También había intentado suicidarse varias veces, según Amnistía Internacional.
Cuando fue llevado a juicio en 2000, un médico testificó que había sufrido daño cerebral luego de intentar matarse a tiros tras los asesinatos.
Pero en 2007, cuando se ofreció como "voluntario" para la ejecución, un psiquiatra testificó que los desórdenes mentales del pasado de Hill estaban remitiendo y que él se había recuperado de su daño cerebral.
Un juez halló que Hill, quien había expresado remordimientos y se había disculpado ante las familias de sus víctimas, era competente para renunciar a sus apelaciones. Esta decisión fue mantenida por la Suprema Corte del estado el 28 de abril.
"Alguien que tiene una severa enfermedad mental puede estimarse competente y se le puede permitir representarse a sí mismo o renunciar a las apelaciones", declaró Blume sobre tales casos, agregando que el principal problema estaba estableciendo un estándar para la "competencia".
Nadie sabe cuántos "voluntarios" esperan para seguir a Hill y a Rodríguez a las cámaras de la muerte.
"Varios abogados me dijeron que durante el transcurso de la representación de apelaciones es muy común que su cliente lo abandone por un breve periodo y luego vuelva a su apelación", dijo a IPS Richard Dieter, del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
"Así que la cantidad de personas que esperan ser ejecutadas y que temporalmente se convierten en voluntarios probablemente es grande, pero no hay manera de contarlas", señaló.
Hill estuvo entre quienes cambiaron de opinión un mes después de solicitar por primera vez su ejecución, en mayo de 2007. En julio de ese año volvió a su decisión original.
Los "voluntarios" típicamente dan varias razones para renunciar a su derecho de apelar, dijo a IPS Ronald Tabak, un abogado familiarizado con cuestiones de salud mental en los casos de pena capital, que está radicado en Nueva York.
A menudo pueden decir que están cansados del proceso de apelación y que sienten que la ejecución es inevitable. A veces alegan que su muerte dará solaz a la familia de una víctima y que será una expiación de sus crímenes.
"El problema es que éstas son racionalizaciones de una persona con una enfermedad mental", dijo Tabak, agregando que si esos acusados recibieran un tratamiento médico adecuado podrían querer continuar sus apelaciones, y en algunos casos tener alegatos legales que les permitieran ganar.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte cita los años de espera a la ejecución como un factor que contribuye a empujar a muchos a abandonar las apelaciones pendientes.
Mientras aguardan que se cumpla la condena, los reclusos son aislados de otros prisioneros y excluidos de los programas carcelarios. Pasan hasta 23 horas diarias en sus celdas y tienen restringidos derechos de visita. Tales condiciones conducen a lo que a veces se llama "síndrome de la fila de la muerte".
Quienes esperan ser ejecutados pueden convertirse en suicidas, delirantes y dementes. Los reclusos que estaban mentalmente enfermos antes pueden agravarse, según el Centro de Información.
Y "quienes no estaban mentalmente enfermos pueden volverse mentalmente enfermos", agregó Tabak.
Sus puntos de vista sugieren que uno de los principales desafíos legales para la pena de muerte en Estados Unidos puede dirigirse tanto a la constitucionalidad de ejecutar a personas expuestas al "síndrome de la fila de la muerte" como a permitir a los reclusos condenados a la pena máxima que tienen antecedentes de enfermedades mentales renunciar a sus plenos derechos a apelar.
