Se multiplican en México los cuestionamientos a la justicia militar, que pervive al amparo de la Constitución y de un código de 1933. Organizaciones humanitarias y juristas piden su eliminación, pero en el gobierno y en un sector del parlamento no se nota interés en una reforma.
La justicia militar penal, que actúa con magistrados designados por la Secretaría (ministerio) de Defensa y con fiscales y cárceles privativas, suma críticas desde que el gobierno encargó a las Fuerzas Armadas tareas policiales como el combate al narcotráfico.
La estrategia, vigente desde mediados de la década de 1990, pero con marcado énfasis en el gobierno de Felipe Calderón —en funciones desde diciembre de 2006— elevó la proporción de delitos cometidos por soldados y disparó las denuncias de violaciones de derechos humanos, la mayoría procesadas por la justicia militar.
Las quejas ciudadanas contra militares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasaron de 66 casos en 1991 a 384 en 2007. Sólo entre enero y mayo de este año sumaron 250.
Cateos ilegales, tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias, robos, amenazas y violaciones sexuales son, por su orden, las principales denuncias contra los militares desde que gobierna el conservador Calderón.
Además, se han presentado también algunas acusaciones de asesinatos presuntamente cometidos por militares bajo efecto de las drogas.
"Las evidencias dicen que la justicia militar no es imparcial ni independiente y que actúa a discreción para proteger o castigar a sus miembros o dejar en la impunidad delitos. Se trata de un régimen de excepción inaceptable", dijo a IPS el director ejecutivo de Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT), Edgar Cortez.
Bajo el gobierno actual, que ha desplegado a más de 20.000 efectivos en tareas policiales, la gran mayoría de los casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas se procesan en tribunales militares.
Si bien el artículo 13 de la Constitución, comienza estableciendo que "nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales", sostiene que "subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar".
Pero el Código de Justicia Militar, de 1933, precisa que este régimen actúa cuando los delitos, así sean establecidos en leyes penales ordinarias, son cometidos por personal castrense activo y durante el desempeño de sus funciones.
Cuando los delitos, genéricamente descritos como "faltas contra la disciplina militar", son perpetrados en complicidad con civiles, los acusados uniformados pasan de forma automática a la justicia ordinaria.
Además, cuando un militar es procesado por el fuero privativo puede sin embargo apelar ante la justicia ordinaria, mediante un recurso de amparo. En varios casos, magistrados civiles concedieron los amparos, y los acusados quedaron en libertad.
Son también varios los uniformados procesados y sentenciados en los dos sistemas de justicia.
Unos 6.500 militares, casi la mitad soldados rasos, fueron enjuiciados y sentenciados en tribunales castrenses entre 2000 y 2007, 65 por ciento de ellos por deserción, un delito que se castiga con dos meses de cárcel.
De los casos procesados en 2007, menos de siete por ciento correspondieron a delitos como asesinatos, asociación con el narcotráfico e insubordinación. Entre éstos, los tribunales militares hallaron culpables a la mitad de encauzados.
Cortez, de la Red TDT que conforman 55 organizaciones de derechos humanos, cree que México "está fuera de los estándares internacionales al mantener vigente la justicia militar", un viejo esquema "que no tiene razón de existir".
"No es posible tener una justicia especial con jueces militares que no están sometidos a ningún escrutinio ciudadano o público, con fiscales y cárceles especiales", sostuvo el activista.
El director para América Latina y el Caribe de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cree que "la jurisdicción militar en México no cuenta con la independencia e imparcialidad necesarias para investigar y juzgar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas por militares".
En esa tesitura se han pronunciado la mayoría de entidades nacionales e internacionales de derechos humanos.
En mayo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Washington, advirtió que éste es el país de América Latina que más preocupa por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército. Es necesario revisar la jurisdicción militar y poner fin al despliegue de soldados en tareas policiales, agregó.
La Constitución autoriza recurrir al ejército ante problemas graves de seguridad interior, pero siempre bajo mando civil, disposición que avaló la Suprema Corte de Justicia en un fallo de marzo de 1996.
Incapaz de dar respuesta al creciente poder y violencia de las mafias de la droga con las entidades civiles correspondientes a la seguridad interna, el gobierno de Calderón amplió el gesto, ya ensayado por sus antecesores, de abrir la puerta de los cuarteles.
Así se dispararon las acusaciones de delitos contra militares y las críticas al fuero judicial especial.
Un mismo delito se castiga con penas diferentes en la justicia ordinaria y militar.
En 2007, la Secretaría de Defensa informó de cuatro militares sentenciados a dos años de reclusión por violación sexual, que cumplían en una cárcel ubicada dentro de un cuartel.
Ese mismo año, la justicia ordinaria emitió penas de 31 años de prisión, en promedio, contra tres uniformados hallados culpables de violación.
Para el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, "todo indica" que la justicia militar seguirá actuando mientras "esté vigente y subsista en sus términos actuales el artículo 13 de la Constitución, que es la ley fundamental de México".
"La participación directa de personal militar en la lucha contra el crimen organizado hace indispensable plantear adecuaciones al marco legal que rige a esa institución y analizar cuidadosamente el reclamo de académicos y organizaciones no gubernamentales", dijo.
"Con independencia del camino de análisis que se adopte en esta materia, seguramente la mayor parte de quienes se adentren en el tema asumirán, casi sin objeciones de fondo, que la etapa histórica y social para la que fue creado el fuero de guerra, no existe ya", añadió.
En el parlamento circulan varias iniciativas de revisar el fuero militar. Algunos legisladores proponen eliminarlo, mientras otros sugieren reformas. Pero no hay acuerdos amplios y parece difícil que el asunto sea abordado este año.
"De parte del gobierno de Calderón tampoco vemos ningún interés en cambiar el esquema, y menos ahora que tiene a los militares como policías", concluyó el activista Cortez.
México – Cobertura especial de IPS Noticias https://www.ipsnoticias.net/_focus/mexico/index.asp
Secretaría de Defensa, justicia militar http://www.sedena.gob.mx/index.php?id=468
Todos los Derechos para Todas y Todos (http://www.redtdt.org.mx/wwwf/index.php)
